Tarragona, en vilo por los 8 millones de la plusvalía

Situación crítica para las arcas del Ayuntamiento. El Tribunal Constitucional declaró ayer la nulidad de varios aspectos del cálculo del impuesto municipal de la plusvalía, lo que ha puesto en jaque el primer esbozo del presupuesto para 2022 con el que trabajaba hasta ahora el gobierno de la Plaça de la Font (ERC-Junts per Tarragona-CUP) para intentar aprobar las cuentas antes del 31 de diciembre. Este tributo significa más del 4% de los ingresos del Consistorio y, sin ir más lejos, para el próximo año se preveía cobrar unos 8 millones de euros por este impuesto, que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana entre la compra y la venta.    

«Esto tiene un impacto brutal, deberemos replantear todo el presupuesto básico de servicios. No tenemos otra salida», manifestaba ayer al Diari el concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC), quien reconoce que durante los próximos días los técnicos municipales deberán trabajar con «varios escenarios de recortes» para poder cuadrar unos números que, además, verán cómo no se podrá contar con los 533.000 euros que se cobraba por el IBI de la autopista a la concesionaria Abertis y en los que también se recortará en unos 450.000 euros los ingresos por la química a raíz del acuerdo de la segregación de La Canonja. «Esta sentencia hace un daño incalculable a toda la ciudadanía y decapita a todos los ayuntamientos. Reclamamos al Estado que compense los ocho millones de euros que le costará a la ciudad esta decisión. Es intolerable, nosotros estaremos siempre junto a la gente de Tarragona», afirma el portavoz de Esquerra, Xavier Puig.  

Los socios de gobierno de Ricomà también se muestran alarmados por la decisión del Constitucional, que deja en vilo las cuentas para el último año completo de gestión del mandato antes de las elecciones municipales de mediados de 2023. «La situación requiere de una explicación del Presidente Sánchez informando sobre cómo piensa compensar la pérdida. Llega en un momento muy complicado y, ahora sí, se exige de la máxima responsabilidad de los políticos, sean del partido que sean. Los municipios no pueden asumir esta pérdida», afirmó ayer el portavoz de Junts per Tarragona, Dídac Nadal. Por su parte, Eva Miguel (CUP) cree que, tras la decisión del alto tribunal, «ahora es más necesario que nunca incrementar los ingresos», a la vez que insta a los diputados «a presionar para que el Estado compense esta situación». 

¿Habrá pleno el martes?
Por si no fuera poco el tsunami que ayer provocó el Tribunal Constitucional, ahora el ejecutivo local se encuentra, además, que no tiene los votos suficientes para poder aprobar los incrementos previstos para 2022 del 5% de la tasa de la basura y del 3,9% del IBI, que a juicio del gabinete municipal ya eran necesarios ante el pésimo panorama económico que se visualiza de cara al próximo año. 

El gobierno liderado por Esquerra Republicana se quedará en minoría, después de que ayer En Comú Podem anunciara su rechaza a la propuesta fiscal, pese a abstenerse en la comisión informativa del lunes. «No podemos aprobar una subida de impuestos que es regresiva e indiscriminada, y menos en un año que está siendo muy duro para las familias», indicó ayer la portavoz de la formación progresista, Carla Aguilar, quien añadió critica que «plantear recortes en materia social en estos momentos es claramente una política de derechas». 

Desde En Comú Podem se lamenta que la propuesta de modificación de las ordenanzas «no va en la línea de que quien tiene más, pague más», y apuesta por otras medidas de ahorro, como «la instalación de placas solares en los equipamientos municipales, la rehabilitación de edificios para ahorrar los alquileres o descartar proyectos como la plataforma del Miracle». Tras el «no» de ECP y el mazazo a los ingresos conocido ayer, es una incógnita si finalmente se convocará el pleno previsto para el próximo martes. El PSC tampoco apoyará la propuesta y propone usar el superávit para compensar la situación.

Pese al «no» al aumento de los tributos, Aguilar –exsocia de ERC hasta el pasado 16 de junio– no descarta avalar el presupuesto, si bien lamenta no haber mantenido aún ninguna reunión con el ejecutivo para intentar llegar a un acuerdo. Pese a ello, reclama que el 20% del gasto total sea para materia social, así como «un plan de rehabilitación de los barrios y usar el remanente para la adquisición de vivienda social» o la «creación de un servicio de dentista municipal». Pese a ello, tras la supresión de la plusvalía por parte del Tribunal Constitucional, a día de hoy todo es una incógnita, todo está en vilo e incluso vuelven a aparecer los recortes en el horizonte para 2022.