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El Ayuntamiento de Tarragona sube de nuevo el tono contra la Generalitat de Catalunya por la falta de financiación del nuevo Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta). Este viernes, los siete grupos con representación en el Saló de Plens –PSC, ERC, Cs, Junts, ECP, CUP y PP– han aprobado una declaración institucional en la que reclaman a la administración autonómica «asignar una partida presupuestaria de siete millones de euros para la implantación del Plaseqta 2020 a lo largo de los próximos cuatro años». Asimismo, el texto pide al Govern «que garantice la viabilidad económica del plan» y «priorice su implantación en las preferencias presupuestarias».
El pasado mes de mayo, el entonces President Quim Torra (Junts) prometió a los 29 alcaldes de las poblaciones más cercanas a los polígonos petroquímicos una inversión de 8,2 millones de euros hasta 2023 en el nuevo plan, que fue aprobado por el Procicat el pasado mes de marzo y que deja sin aplicación el Plaseqcat para que la toma de decisiones se tome desde el territorio. En ese momento se puso sobre la mesa que, entre las principales inversiones a realizar, se priorizaría «la dotación de los aspectos necesarios para la operatividad», como serán los elementos de detección automáticos –1,2 millones en sensores perimetrales, los equipos de protección o los sistemas de aviso anticipados, como los «drones de última generación».
Esta misma semana, el Parlament ha aprobado incrementar la seguridad en la química y optar por cambiar la normativa vigente y obligar a las empresas a «disponer de salas de control bunkerizadas en cada planta» para «proteger a los trabajadores y garantizar la presencia constante, como mínimo, de un operario». Asimismo, en el texto –que fue aprobado con la única abstención de la CUP– también se apuesta por exigir a las compañías a «disponer de un registro remoto, con sistemas de copias de seguridad», para que «en caso de que se produzca un accidente se puedan determinar las causas», un hecho que no ha sido posible en la tragedia que ocurrió hace once meses en Iqoxe. Paralelamente, las formaciones también quieren la presencia de cajas negras «equivalentes a las de los aviones», así como «incentivar a las empresas para que creen centros de control externos a las plantas de producción, priorizando la seguridad de los empleados».
«No hay dinero para 2020»
Pese a ello, a finales del pasado mes de noviembre el conseller de l’Interior –Miquel Sàmper (Junts)– hizo saltar todas las alarmas y, contra todo pronóstico, manifestó durante su intervención en la comisión de estudio del Parlament sobre la Seguretat del Sector Petroquímic –creada a raíz del accidente en Iqoxe del 14 de enero que acabó con la vida de tres personas– que su Departament «no tiene el dinero» para invertir lo previsto para este año en la seguridad y control de la industria química tarraconense.
Según se recuerda en el texto aprobado ayer por el pleno telemático, Sàmper manifestó ese día que «si se quiere dar una respuesta eficaz a la emergencia no sirven los buenos planes si no hay la dotación económica oportuna», a la vez que anunció que «elevaré una queja al Govern para intentar una reordenació presupuestaria para lograr una partida para comprar sensores». En este sentido, el miembro del ejecutivo autonómico detalló que, entre 2020 y 2021, estaban previstos unos 800.000 euros «para perimetrar todo el polígono químico sur con sensores que permitan conocer qué sustancias se emiten en la atmósfera en caso de accidente químico y que, por lo tanto, suponen un peligro para la población», afirmó Sàmper. Asimismo, el conseller de l’Interior remarcó que, entre 2022 y 2023, «se necesitarán 440.000 euros adicionales para perimetrar el polígono norte», así como otros 315.000 euros anuales «para incorporar técnicos especialistas».
«Los vecinos lo piden»
Ahora, el Consistorio lamenta «las discrepancias internas que van en detrimento de las inversiones prioritarias para nuestro territorio», así como que critica que «el Govern eleve una queja al propio Govern». La declaración avalada por todo el Saló de Plens –ayer, de nuevo, virtual– recuerda que «es evidente que Tarragona necesita implementar un nuevo Plaseqta para disponer de una gestión eficaz ante cualquier emergencia que se pueda producir en un accidente grave en la petroquímica», y se pone sobre la mesa que «los vecinos de Tarragona, mediante diversas entidades y asociaciones, piden este plan porque se sienten indefensos ante un posible accidente».
De hecho, los vecinos de Bonavista preparan una concentración para el próximo 14 de enero, cuando se cumplirá un año exacto de la explosión en la planta situada en La Canonja, que acabó con la vida de dos trabajadores y de otra que se encontraba en su domicilio de Torreforta, a más de 2,4 kilómetros de distancia. Esta semana, la presidenta de la Associació de Veïns de Bonavista, Loli Gutiérrez, se mostraba precisamente preocupada por el retorno de la gestión del Plaseqta, ante las dudas de que su despliegue se acompañe de una «financiación adecuada» que haga posible su puesta en marcha. Toda una muestra de la desconfianza que hay en la ciudad 340 días después de la tragedia en Iqoxe.
