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Una vez más, Tarragona is different. A 3 de diciembre y a las puertas de un acueducto cuyo final no llega hasta el próximo jueves día 9, el gobierno municipal de la Plaça de la Font (ERC-Junts per Tarragona-CUP) no tiene aún garantizados los apoyos suficientes para poder aprobar el presupuesto para el próximo año, que será inicialmente de 168 millones de euros a la espera de la aplicación del remanente de la próxima primavera con el que se espera sumar entre otros cuatro y cinco millones más.
Esquerra, JxTGN y CUP, que están en minoría en el Saló de Plens después del pacto del pasado 15 de junio que provocó el divorcio con En Comú Podem, necesitan ahora una abstención de los Comuns para poder sacar adelante las cuentas. De lo contrario, y teniendo en cuenta que la relación con el PSC parece imposibilitar un hipotético acuerdo, el Consistorio deberá prorrogar el presupuesto inicial de 2021, que es de 163 millones... pero con unos gastos actualizados a 2022 que se prevé que lleguen hasta los 174 debido a la inflación del 5,6% y los créditos que se arrastran.
Gobiernos estables
La situación, pues, es muy delicada en la Plaça de la Font... y casi inédita entre los ayuntamientos de las once ciudades de más de 100.000 habitantes de Catalunya. De hecho, en nueve de ellas o bien ya tienen las cuentas aprobadas o bien ya han anunciado un acuerdo político para hacerlo posible en los próximos días. En este sentido, cabe señalar que solo Badalona se encuentra en una situación parecida a la tarraconense. Sin embargo, hay una explicación: el pasado 8 de noviembre hubo un cambio de alcalde tras prosperar la moción de censura que impulsaron el PSC, ERC, Junts, Comuns y Guanyem (que aglutina la CUP) contra Xavier García Albiol (PP) para coronar a Rubén Guijarro (PSC) como alcalde de la cuarta localidad de mayor tamaño de Catalunya.
Badalona aparte, pues, Tarragona es un caso aislado entre las principales ciudades catalanas. En los dos primeros años de mandato municipal, el alcalde Pau Ricomà (ERC) logró sumar los votos necesarios gracias al pacto de gobierno que Esquerra mantenía con En Comú Podem y sumar los apoyos de Junts per Tarragona y la CUP. Hace medio año, sin embargo, ERC apostó por incorporar a Junts y CUP al ejecutivo, lo que derivó en la marcha de una de los dos ediles de los Comuns: Carla Aguilar. Esto ha provocado que el gobierno esté en minoría y le falte una abstención de su exsocio, o del PSC, para tener presupuesto.
Esta situación de inestabilidad no se da en otros de los grandes ayuntamientos catalanes. En L’Hospitalet de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet, por ejemplo, los socialistas han aprobado las cuentas solos, ya que cuentan con sendas mayorías absolutas de las alcaldesas Núria Marín y Núria Parlon. En otros consistorios como Terrassa, Mataró, Reus o Girona hay gobiernos de coalición que suman mayoría absoluta. Por ello, alcaldes como Jordi Ballart, David Bote, Carles Pellicer o Marta Madrenas ya pasaron los números para 2022 entre octubre y noviembre para poderlos empezar a aplicar a partir del 1 de enero.
Asimismo, la pasada semana se desbloqueó la situación de la capital catalana. El acuerdo entre ERC y En Comú Podem para el presupuesto de la Generalitat incluyó el Ayuntamiento de Barcelona, donde Ernest Maragall (ERC) quería oponerse a los números de Ada Colau. Al final, Esquerra votará a favor del presupuesto de la líder de BCN en Comú. Asimismo, el pasado viernes también hubo fumata blanca en La Paeria, donde El Comú de Lleida –que como en Tarragona también ha dejado el gobierno– anunció un pacto presupuestario con ERC y Junts. Sin embargo, en la Plaça de la Font todo es más difícil, complicado y eterno.
