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Tres agentes de la Unitat d'Investigació del Tarragonès, con sede en la comisaría de Mossos d'Esquadra de Tarragona (Campclar), han quedado en libertad provisional y sin fianza tras pasar a disposición judicial esta mañana. Los tres se han negado a declarar y a los tres se les imputan los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documento público.
La noticia se ha dado a conocer oficialmente a media mañana, aunque los rumores llevaban tiempo corriendo. Agentes de la División de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra detenía en Tarragona a tres "compañeros" de la Unitat d'Investigació y concretamente del grupo que lleva casos de Salud Pública: tráfico de drogas, trapicheos, plantaciones ilegales de marihuana...
Los agentes acusados pasaron la noche en los calabozos de la comisaría de distrito de Cambrils y han pasado esta mañana de miércoles a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, que preside el magistrado Diego Álvarez. El juez ha decretado secreto de las actuaciones, por lo que los motivos que ha llevado a l arresto sigue siendo una incógnita. Al parecer, y según refleja el auto "las presentes actuaciones se incoaron en virtud del atestado de otros orígenes, Mossos, Policía Nacional de Reus, Sabadell, Tarragona...", lo que hace entrever que la investigación de los sospechosos iría más allá del entorno de la Policía Autonómica.
Los tres agentes se han acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado Álvarez y éste ha decretado su libertad provisional, aunque tienen que estar a disposición del juzgado siempre que sean requeridos. También deben notificar un posible cambio de domicilio. A ninguno de los tres se les ha impuesto fianza alguna.
El traslado a la comisaría cambrilense y las diligencias en un juzgado de Reus se ha debido a la anulación de cualquier conexión que pudiera haber entre los agentes sospechosos y la investigación interna que sigue Asuntos Internos y posibles vínculos con los juzgados desde donde operan. Este juzgadode Reus ya ha llevado en el pasado otros casos de sospechas de agentes, aunque en este caso de policías locales.
La Direcció General de la Policia ha abierto expediente disciplinario a los tres policías autonómicos y se les ha suspendido de funciones como medida cautelar. Este castigo equivale a seis meses de sueldo y empleo, han explicado fuentes conocedoras del proceso sancionador.
