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Una farmacia de TGN entre las que se niegan a vender la píldora postcoital

Los establecimientos objetores tienen el deber de derivar a la persona a la farmacia o centro de salud más próximo
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Una farmacéutica sostiene dos cajas de la píldora que se pueden comprar sin receta.  Foto: Lluís Milián/DT

Una farmacéutica sostiene dos cajas de la píldora que se pueden comprar sin receta. Foto: Lluís Milián/DT

Una farmacia de la demarcación de Tarragona se encuentra entre las 14 catalanas que se han acogido a la objeción de conciencia desde 2009 para no dispensar la píldora postcoital, conocida como ‘del día después’. El tema ha vuelto a discutirse esta semana después de que el Tribunal Constitucional (TC) dictara una sentencia en la que reconoce la objeción de conciencia de un boticario de Sevilla sancionado con 3.300 euros por negarse a dispensarla en 2008.

Tània Piqué,Vocal de Oficina de Farmacia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, explica que, debido a la protección de datos, no puede ofrecer el nombre de la farmacia tarraconense que ha dejado constancia de su objeción de conciencia por escrito.

 

El protocolo catalán

Recuerda Piqué que en el caso de Catalunya, antes de comenzar a vender el medicamento en 2009, los farmacéuticos firmaron un protocolo de atención con el Departament de Salut en el cual se contempla el derecho a la objeción de conciencia amparado en la Constitución.

En el mismo protocolo, no obstante, se explica claramente que el farmacéutico que por razones de convicción moral no quiera dispensar la píldora«deberá indicar a la persona que se la pida el punto más cercano donde la puede conseguir... Se debe posibilitar que el tratamiento se haga en las condiciones adecuadas tanto en lo que tiene que ver con el factor tiempo (debe tomarse antes de las 72 horas de la relación sexual sin protección) como en el desplazamiento».

Lo que debe hacer entonces es indicar dónde está el centro de salud o la farmacia más próxima. Piqué aclara, no obstante, que al colegio no ha llegado ninguna queja por la no venta de la pastilla en alguna de las 334 farmacias que hay en la demarcación.

Por otra parte, en el caso de que la farmacia objetora estuviera de guardia, uno de los puntos más criticados, Piqué considera que la persona no debería tener problemas para acceder al anticonceptivo porque siempre que hay una farmacia de guardia hay un centro de salud abierto.

 

Los condones, caso aparte

Caso distinto es el de los preservativos. En su sentencia el TC rechaza concederle el amparo al boticario de Sevilla por no venderlos porque considera que en este supuesto no puede darse «ningún conflicto de conciencia con relevancia constitucional». En este sentido, Piqué explica que no existe ninguna norma que obligue a las farmacias a tener preservativos y a dispensarlos.

 

Reacciones airadas

La decisión del TC sobre la farmacia de Sevilla ha levantado todo tipo de reacciones. Consultada al respecto, Carme Sabaté, de la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad, Salud, Consumo y Alimentación, considera que la farmacia, como establecimiento privado, está en su derecho de negarse a vender el medicamento, aunque este derecho choque con el de la persona que lo solicita. Cree, además, que no tendrán problemas para adquirirla en otra farmacia cercana.

Lo que sí le preocupa, asegura, es que no exista un registro donde se indique las veces que la misma persona ha tomado este tipo de anticonceptivos, que sólo deben ser usados, como su nombre lo indica, en emergencias,y no de manera continuada porque pueden ocasionar problemas de salud.

Por su parte, la Asociación de Planificación de Catalunya y Baleares (APFCIB), ha llamado a la ciudadanía a boicotear a estos establecimientos y ha calificado la sentencia del tribunal de «altamente ideologizada y motivada por intereses ultraconservadores».

También los colegios de médicos se han mostrado contrarios a la sentencia. El presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, considera que la decisión abre una «espita» y defiende regular la objeción de conciencia para «no llegar a la locura». Alega que «no se puede impedir a un tercero lo que le permite la ley», ya que por esa regla de tres alguien puede negarse a pagar impuestos porque una parte de su dinero se va a destinar a determinados fines con los que no está de acuerdo.

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