Inspectores del Departament de Salud y agentes de la Guàrdia Urbana de Barcelona han ordenado el cierre de cuatro locales que estarían haciendo pruebas PCR y test de antígenos (TAR) en Barcelona sin la homologación de la Generalitat ni ningún tipo de licencia municipal. También han ordenado el cese de la actividad de pruebas en dos establecimientos más. También se ha cerrado un laboratorio en Tarragona y otro en Figueres.
Estos locales no comunicaban los resultados a Salut y los certificados Covid que hayan podido expedir no tienen validez. La directora general d’Ordenació i Regulació Sanitària (DGORS), Azucena Carranzo, señala que en la web de Canal Salut está la lista de los centros acreditados y también ha recomendado desconfiar de las páginas con precios bajos y de la rapidez de los resultados: «Una PCR puede tardar horas, pero nunca minutos».
En una atención a los medios de comunicación, Carranzo diferenció los locales que se han cerrado, donde han constatado «riesgo sanitario», de los que se ha ordenado el cese de actividad relacionado con las pruebas de la Covid-19. En este caso, según dijo, el problema era que no tenían la autorización necesaria para hacer PCR y test de antígenos pero sí que disponen otros permisos.
Carranzo expuso que las casuísticas que se han encontrado los inspectores de la DGORS y los agentes de la Urbana son diversas; por ejemplo, un local inadecuado, muy pequeño; trabajadores que no eran profesionales sanitarios o el procesamiento de las pruebas al mismo local, cuando se necesita un laboratorio. También advirtió que estos laboratorios no comunicaban los resultados de las PCR y test de antígenos a Salud, puesto que si no lo habrían detectado. Los certificados Covid que pueden haber expedido, por ejemplo para viajar a otros países, no pueden ser válidos y la DGORS está analizando el alcance. La directora general de la DGORS añadió que podría haber otros laboratorios operando sin disponer de todos los permisos correspondientes y afirmó que tienen que estar «al acecho». El portavoz de la Guàrdia Urbana, el inspector Jordi Oliveras, aseguró que trabajan para garantizar que los ciudadanos puedan hacerse una prueba PCR o test de antígenos «con todas las garantías sanitarias».
En el marco del dispositivo, la Urbana interpuso 21 denuncias a los locales, la mayoría por no tener la documentación necesaria; por deficiencias en las medidas de protección contraincendios o en las condiciones higiénicas; por no ajustarse la licencia a la actividad que están desarrollando o que directamente no tienen. En uno de los locales, se han iniciado diligencias penales por un delito de intrusismo laboral.
Las inspecciones forman parte del protocolo conjunto que se puso en marcha el enero entre Salut y la Urbana con el objetivo de detectar clínicas y locales que puedan estar haciendo pruebas PCR y test de antígenos sin la licencia correspondiente a Barcelona. La colaboración entre las dos administraciones ha permitido cerrar ocho locales o hacer cesar la actividad diagnóstica.
Los agentes de la Urbana notifican la sospecha que un local puede estar operando sin tener licencia, ya sea por colas de gente ante el establecimiento o en no quedar clara qué es la actividad, por ejemplo. También pueden inspeccionar los locales por denuncias ciudadanas.
Cuando se detectan prácticas irregulares, los agentes comprueban si aquel local forma parte de los casi 90 establecimientos homologados por la Generalitat para hacer las pruebas.
