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El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha resuelto conceder 2.187.358 euros en ayudas a 16 municipios de más de 20.000 habitantes que los habían solicitado para diseñar o implantar zonas de bajas emisiones (ZBE) entre los años 2022 y 2025. Las ayudas provienen del Fondo Climático, alimentado con la mitad de los ingresos obtenidos con el impuesto sobre las emisiones de CO₂ de los vehículos de tracción mecánica y el 20% de la recaudación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, y servirán para apoyar en los municipios en la definición y la ejecución de los proyectos relacionados con las ZBE.
Los municipios que recibirán financiación para diseñar y para implantar estas zonas son nueve: Santa Perpètua de Mogoda, Manlleu, Sitges, Lloret de Mar, Sabadell, Tortosa, Tarragona, Palafrugell y Lleida. Cambrils, Moncada y Amposta lo recibirán para actuaciones de redacción de proyectos de diseño, de informes técnicos o de estudios de viabilidad de las ZBE, y Sant Joan Despí, Reus, Terrassa y Rubí para la implantación de estas zonas, incluyendo las correspondientes en las zonas tranquilas acústicas en aglomeraciones.
Entes locales, organizaciones y agentes sociales y económicos subscribieron el pasado mes de marzo el Acord per a la millora de la qualitat de l’aire a Catalunya, que incluía el compromiso para ampliar las ZBE a municipios de más de 20.000 habitantes antes de acabar 2025. Hasta aquel momento, y de acuerdo con la normativa estatal, solo los municipios de más de 50.000 habitantes, y los de más de 20.000 habitantes donde se superan los valores límite de calidad del aire regulados, tenían que establecer ZBE.
La Generalitat ha considerado prioritario ayudar los municipios y otros entes locales que tienen que afrontar este reto lo antes posible para mejorar la calidad del aire, especialmente en cuanto a los contaminantes dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10), reducir la contaminación acústica y contribuir a la mitigación del cambio climático.
Este apoyo económico se vehicula a través del Fondo Climático, un fondo de carácter público, creado por la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, como instrumento para ejecutar políticas y acciones de mitigación y adaptación. La Comisión Interdepartamental del Cambio Climático establece las prioridades de actuación y el reparto correspondiente, atendiendo las disponibilidades económicas del Fondo, la planificación sectorial y el análisis coste-eficiencia.
