Agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil, procedieron a la desarticulación de una organización criminal, dedicada a la realización de estafas, haciendo uso de medios telemáticos.
La investigación iniciada por Mossos d’Esquadra, vino a raíz de la detención de una persona por su supuesta participación en ilícitos penales relacionados con la sustracción de documentos y posteriores compras financiadas de teléfonos móviles de alta gama.
Por otra parte, la Guardia Civil había iniciado meses antes su propia investigación policial por los mismos hechos, dándose la circunstancia de que el detenido de Mossos, estaba implicado en la misma organización criminal investigada por la Guardia Civil.
De esta manera, gracias a la coordinación existente entre ambos cuerpos policiales, este hecho fue detectado y se formalizó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), con objeto de sumar los recursos y capacidades de ambos Cuerpos, lo que permitió un avance considerable y determinante en la resolución del caso, llegando a identificar más de 90 víctimas.
Fruto de esta colaboración, el pasado jueves dos de octubre se realizó la explotación de la operación, que se saldó con un total de 7 entradas y registros y se detuvo a 11 personas y 4 investigados no detenidos, todas integrantes de la organización y con roles totalmente diferenciados.
Las funciones que se desarrollaban dentro de la organización, venían definidas por la persona considerada líder de la misma que, para lograr sus ilícitos, disponía de personas que le facilitaban documentos de identidad procedentes de algún hurto o robo, así como de falsificadores de todo tipo de documentación, receptadores de objetos sustraídos y otros cooperadores necesarios.
La organización criminal utilizaba para alcanzar sus fines ilícitos un sistema sofisticado, que consistía en que uno de sus miembros tenía habilitado certificado digital para realizar consultas sobre la situación laboral de las identidades, cuya documentación habían sido previamente sustraídas ilegalmente.
En caso de obtener datos que indicaran de que estos desarrollaban una actividad remunerada, utilizaban su identidad para suscribir microcréditos o financiar productos electrónicos de alto valor económico, principalmente terminales de telefonía móvil de última generación.
En los casos en que las personas que suplantaban identidad no cotizaran en la Seguridad social y para que las entidades financieras no rechazaran la solicitud de crédito o financiación, procedían a dar de alta a las mismas en la Tesorería de la Seguridad Social. Paralelo a ello falsificaban contratos de trabajo inexistentes así como las nóminas por ese trabajo. Todo lo anterior para eludir los controles de calidad o garantía que llevan a cabo las financieras o entidades crediticias. Hasta la fecha se ha detectado un perjuicio patrimonial a las citadas entidades de unos 160.000 euros, cuantificando el beneficio por la venta de los productos que adquiría el grupo criminal en 130.000 euros.
Se han intervenido numerosos dispositivos informáticos, que serán estudiados por los investigadores, por lo que no se descarta que el número de víctimas aumente o la identificación de miembros de la organización.
Los detenidos pasaron a disposición judicial, siendo competente el Juzgado de Instrucción núm. 3 de los de Reus (T), quien decretó el ingreso en prisión de 6 de ellos.
Una vez más la coordinación entre cuerpos policiales, ha permitido desarticular una organización criminal asentada en Tarragona, lo que redunda en beneficio de los ciudadanos de la provincia y de la sociedad en general
