El 45% de edificios de Tarragona que debe pasar la inspección técnica no la tiene

Es el equivalente a la ITV de los coches pero para edificios: la ITE (Inspección Técnica de Edificios) hace un diagnóstico de la situación de un inmueble y orienta a los propietarios sobre las actuaciones a seguir para cumplir con los deberes de conservación y mantenimiento.

La ITE están obligados a pasarla todos los edificios de más de 45 años (los construidos de 1977 hacia atrás), que en el caso de la ciudad de Tarragona son 4.615. Según los cálculos del Col·legi de Arquitectes Tècnics de Catalunya, COAATT, el 55% ha pasado la inspección, con lo que queda un 45% en la ciudad que no lo ha hecho.

Si bien la ITE tiene sentido en sí misma porque ofrece un diagnóstico de la ‘salud’ de un edificio y, además, es obligatoria (se pueden imponer sanciones de 9.000 a 90.000 € si hay un incidente y no se ha pasado la inspección), ahora se sumaría un incentivo para hacerla: es condición indispensable (también para los edificios de nueva construcción) para optar a las subvenciones contempladas en los Fondos Next Generation.

Mejorar la eficiencia energética

Con el fin de asesorar a la ciudadanía sobre cómo aprovechar estas subvenciones, el COAATT y el Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, COAFT, han firmado un convenio de colaboración. Uno de los resultados es la puesta en marcha de la Oficina Técnica de Rehabilitación en Tarragona por parte del COAATT.

Meritxell Gispert, técnica de la oficina, explica que la ciudadanía comienza a enterarse de la existencia de las ayudas. De hecho, cada día se reciben dos o tres llamadas de personas que ya tenían pensado hacer reformas y que quieren saber si pueden acogerse a alguna de las subvenciones.

Explica Gispert que hay dos grupos principales de ayudas, el programa de edificios y el de viviendas. En ambos casos es condición indispensable que las obras consigan un ahorro energético del 30% o superior.

Un ejemplo típico del tipo de acciones que se pueden acometer es la rehabilitación de una fachada de un edificio de los años 70, como los que abundan en la ciudad. La comunidad de propietarios podría optar por aplicar un revestimiento aislante (SATE), una especie de abrigo exterior. Si se certifica que se ahorra al menos ese 30% de energía, la subvención sería de hasta el 40% del coste de la obra con una cuantía máxima de 6.300 euros por vecino.

Si el ahorro energético es del 45% al 60% la subvención es del 65%, y si el ahorro es de hasta el 60% o más, la subvención es del 80%.

Señala Gispert que ya se han encontrado el caso de comunidades que solo se planteaban pintar la fachada pero que gracias a las subvenciones han decidido aplicar el aislamiento.

Otra obra típica es el aislamiento de las cubiertas que se hace, por ejemplo, para solucionar humedades. Por este concepto también se puede obtener subvención si se demuestra que con tras las obras se ahorrará el 30% de energía. Igualmente, si es necesario retirar las tuberías con amianto, hay una subvención de 1.000 euros por vecino.

También para las viviendas

A estos programas también pueden acogerse los propietarios de viviendas a título particular para hacer reformas con el fin de mejorar el rendimiento energético de sus casas, como el cambio de ventanas. Para ello la subvención es de un 40% del coste de la intervención y el tope de la ayuda es de 3.000€ por vivienda.

A partir del mes pasado también se puede acceder a ayudas para la confección del Libro del Edificio (el conjunto de documentos con el historial e incidencias técnicas, jurídicas y administrativas de un inmueble). En estos casos la subvención puede llegar al 100%.

Fabián Huguet, presidente del Col·legi d’Administardor de Finques, explica por su parte que estas ayudas pueden ayudar a rehabilitar el parque de viviendas y las comunidades de vecinos comienzan a ser conscientes de su existencia. Apunta, no obstante, que esto choca con la realidad de que no es un momento económico favorable en las comunidades para hacer derramas.

Cree, además, que el hecho de que se pida la ITE para los trámites hace que justamente muchas comunidades que necesitan rehabilitar no puedan acceder porque no tienen la inspección. Además, no todas las obras llegarán al 30% de ahorro energético exigido.