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Cada vez hay más gente que no puede hacer frente a la hipoteca o al alquiler. El impacto económico más duro de la pandemia ha pasado pero la emergencia habitacional aún sigue. Cierto es que los desahucios siguen más o menos contenidos, pero no la morosidad. Los problemas no solo afectan a los arrendamientos, sino también a las mismas hipotecas. Así, en los tres primeros trimestres de 2021 se alcanzaron en Tarragona las 826 ejecuciones hipotecarias.
El dato no se puede comparar con el balance de 2020, condicionado por el impacto inicial de la emergencia sanitaria (523 procesos en ese mismo periodo) pero sí con 2019, un año normal. En ese intervalo hubo 485 ejecuciones de la hipoteca, es decir, prácticamente la mitad que en 2021. Así, durante el año pasado, tres propietarios al día dejaron de pagar la hipoteca, sumando las cifras más altas en cuatro años. Hay que regresar a 2016 para ver un nivel similar de impagos. No todas esas ejecuciones de la hipoteca culminan con un desalojo, pero son un síntoma. Durante los tres primeros trimestres del año pasado hubo 785 desahucios en las comarcas tarraconenses, a razón de tres al día. Es el doble que en 2020 (si bien hay que considerar la excepcionalidad del momento, con el confinamiento domiciliario y el estado de alarma) pero son cifras claramente por debajo de las registradas en los años previos, en los que se superaban los 1.000 desalojos. Es una prueba de que el llamado escudo social, con las moratorias incluidas, funcionó, al menos parcialmente.
«Sufrimos porque cuando acabe la moratoria empezará una oleada de desahucios»¿Pero dónde reside la principal afectación en estos tiempos de pandemia? Un 66% de los desalojos son del alquiler, frente al restante, que tienen que ver con hipotecas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apunta a la necesidad de comparar siempre con 2019. En España, en el tercer trimestre, el número de ejecuciones hipotecarias ascendió a 6.504, un 22,7% más que en el mismo trimestre de 2020, y un 87,4% más que de julio a septiembre de 2019. En Tarragona, las 251 ejecuciones del tercer trimestre de 2021 son un 30% más que en el mismo intervalo de 2019. Durante estos días se ha publicado el estudio sobre morosidad en arrendamientos urbanos, a cargo de la entidad Fichero de Inquilinos Morosos.
Oriol Sales. Sindicat de l’Habitatge de Reus
Una morosidad de 5.115 euros
Durante 2020 la morosidad se disparó en Tarragona un 50%, según la recogida de datos a partir de las incidencias informadas por profesionales inmobiliarios, propietarios y sentencias judiciales. La situación se fue reconduciendo, en la medida de lo posible, en 2021, pero la radiografía recoge el gran impacto que tuvo el primer año de la pandemia.
El informe recoge un incremento de la morosidad de casi el 51% en la provincia en 2020, inferior al 94% que registró Barcelona, pero superior al de Girona (41%) y al de Lleida (38%). La morosidad media en Tarragona es de 5.115 euros, por debajo de la media estatal (6.372 euros) y catalana (7.232).
«El estado ha ido poniendo parches y, de momento, parece que el escudo social funciona»Sobre el papel, los desahucios están paralizados si se acreditan especiales condiciones de vulnerabilidad como consecuencia de la Covid-19. Ante esta situación, hay quien se pregunta cómo puede haber desalojos si existe una norma que los suspende. La razón es que la detención del proceso depende de que un juez considere que el afectado cumple ciertos criterios de vulnerabilidad. El gobierno amplió hasta el 28 de febrero el escudo social en vivienda, incluyendo la suspensión de los desahucios del domicilio habitual de hogares vulnerables económica y socialmente. Desde la PAH en Tarragona, confirman que «la avalancha de desahucios por la pandemia, de momento, no se ha producido, porque el estado va poniendo parches y parece que el escudo social funciona», según dice uno de sus miembros, Juanma Espinosa.
Juanma Espinosa. Miembro de la PAH Tarragona
Las urgencias, por ahora, van por otro lado, pero son preocupantes, según la plataforma. «Lo que está más al día ahora es la no renovación de los alquileres sociales. Los grandes tenedores como los bancos se están negando a renovar los alquileres sociales que se hicieron en su día a personas vulnerables». Espinosa dice que «la PAH está interviniendo porque en muchas ocasiones la vulnerabilidad de esa familia sigue existiendo, no ha cambiado».
Oriol Sales, miembro del Sindicat de l’Habitatge de Reus, reconoce que «ahora mismo estamos en una situación con menos desahucios, porque es la prórroga de la moratoria, aunque estamos sufriendo por cuando se acabe, porque empezarán a venir las oleadas». Sales cree que «el escudo social no está funcionando, porque en realidad es un parche, no resuelve nada, solo da unos meses de tregua a algunas familias, pero no arregla nada, ya que cuando se acabe esta medida de gracia las familias seguirán sin alternativas habitacionales».
Manel Sosa, abogado y experto inmobiliario en Tarragona, indica que los letrados «alegan muchas veces la vulnerabilidad, en un proceso en el que toman peso los servicios sociales, por lo que es habitual que se suspendan los desahucios en estos momentos». Sosa admite que debe haber un equilibrio: «A veces los propietarios son un par de jubilados y ese alquiler que perciben les ayuda también a pasar el mes».
