Llevan más de catorce años esperando regularizar su situación y cuando el proyecto de reparcelación estaba a punto de ver luz verde definitiva, el Tribunal Supremo anuló el POUM de 2013, dejando a más de una sesentena de afectados de las Parcel·les Iborra en el limbo. «Lo veíamos a tocar. Estaba previsto que pudiéramos empezar en cuestión de meses, pero ahora no sabemos nada», afirma Enric Casasayas, presidente de la Associació Administrativa de Cooperació de las Parcel·les Iborra (PA-102).
La urbanización de este sector, ubicado entre la Vall de l’Arrabassada, la Ermita de la Salut y el Nou Estadi, estaba previsto que se iniciara este mismo año. El proyecto inicial estaba aprobado y tan solo faltaba resolver las alegaciones para empezar a redactar las cláusulas para la licitación de las obras. De hecho, esta es una de las principales inversiones que constan en los presupuestos para este 2021, en los que el Ayuntamiento incluyó una partida de 3.452.805 euros, para poder iniciar los trabajos. No obstante, estas deberán esperar unos meses, ya que el fallo del alto tribunal ha situado el proyecto de nuevo en la casilla de salida. «Con la sentencia del POUM, queda todo anulado, por lo que seguimos con el plan de 1995, que no es bueno porque entre otras razones fragmenta esta zona», argumenta el concejal de Territori, Xavier Puig.
El Ayuntamiento de Tarragona asegura que la solución llegará a partir de las normas urbanísticas, que se están redactando y que se prevé que el Govern de la Generalitat apruebe el próximo mes de mayo. Estas serán el marco legal a partir del cual podrán seguir adelante los planes de mejora urbana y polígonos de actuación del POUM de 2013. Y uno de estos es el de las Parcel·les Iborra. «Con las normas estamos salvando las fronteras y el contenido de este sector que ahora está en crisis, pero que podrá seguir adelante», indica el responsable municipal en materia de urbanismo.
Sin embargo, estas normas obligan a reiniciar de nuevo la tramitación de este proyecto, de forma que tendrá que reanudarse el proceso desde la aprobación inicial, que ahora quedará invalidada. «Este será el punto de partida, con la diferencia que ellos ya tienen el trabajo hecho y nosotros también», asegura Puig. Confía que esto permitirá acelerar la tramitación, ya que los promotores ya disponen de todos los informes y los técnicos municipales ya conocen el contenido y habían hecho las modificaciones pertinentes.
Los afectados «discrepan» de la solución propuesta. «Entendemos que podría retomarse en el punto en el que se había quedado», lamenta Casasayas. Temen que el plazo de tres meses que les ha dado el Ayuntamiento acabe dilatándose y que las obras tampoco puedan empezar este 2021. «A la práctica todos sabemos que no será tan rápido. Llevamos catorce años con eso y cada concejal nos ha dicho que ya era el final y ya no sé con cuántos nos hemos reunido», argumenta Casasayas.
Este polígono de actuación comprende una superficie de 56.995 metros cuadrados, que limitan con el Camí de l’Ermita de la Salut. Allí viven unos sesenta vecinos, la mayor parte de los cuales jubilados que poco a poco fueron arreglando la parcela, hasta que esta se convirtió en primera residencia. En los últimos años también se han trasladado algunas familias más jóvenes, atraídas por la proximidad con la Vall de l’Arrabassada. Sin embargo, este es un claro ejemplo de urbanización que se desarrolló de forma ilegal, sin unas calles urbanizadas ni un alcantarillado. Cada casa aún tiene su fosa séptica y el suministro del agua está centralizado desde la Ermita de la Salut, donde hay el sistema de contadores, con las cañerías que llegan a las casas. Servicios como la fibra óptica son una utopía para la gente que vive en esta parte de la ciudad, mientras que el suministro eléctrico también es precario y, según afirman los vecinos, «en invierno, cuando hace frío y la gente enciende la calefacción no puedes ni poner la cafetera». «Estamos a tocar de la Vall, que es uno de las zonas bien de Tarragona y, en cambio, parece que estemos en Shanghái, con todo el cableado por allí suelto y las farolas torcidas. Es deplorable», lamenta el presidente de la Associació Administrativa de Cooperació.
Este conjunto de déficits deben quedar resueltos con este proyecto de urbanización que, entre otras mejoras, contempla la habilitación de una cañería de 200 metros desde el CAP Llevant, para garantizar el suministro de agua. Asimismo, se habilitará un segundo acceso a la zona, lo que permitirá disponer de una entrada y de una salida. De hecho, este fue uno de los cambios que introdujo el actual Equipo de Gobierno, que suspendió provisionalmente la aprobación definitiva del proyecto para introducir modificaciones en este sentido. «Uno de los viales acababa en unas escaleras y esto era imposible, a nivel de accesibilidad», indica Puig.
Con la urbanización de esta zona, se prevé la construcción de una decena de viviendas unifamiliares y de otras 65 de plurifamiliares. Puig asegura que este nuevo impedimento que se ha presentado a raíz de la suspensión del POUM, supondrá una espera «de unos meses». Por su parte, Enric Casasayas insiste en que «lo único que queremos es ser un barrio digno».
