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Impugnación a la vista en el concurso del Iot

La compañía considera que no fue debidamente notificada por parte del Govern

| Actualizado a 12 agosto 2022 07:00
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Más nubarrones en el horizonte para desencallar el futuro del histórico Iot de la Platja Llarga, que está cerrado y vacío desde el pasado mes de noviembre. Tras la lucha judicial que se alargó por espacio de tres años entre el que fuera gestor del emplazamiento entre 1986 y 2021 y la Generalitat de Catalunya, ahora todo parece indicar que el concurso público que la corporación autonómica impulsó a principios de este 2022 para regularizar administrativamente su uso también podría llegar ante la justicia. Un nuevo contratiempo, pues, para un proceso que se inició a finales de 2018 pero que, casi cuatro años después, aún sigue en el aire.

En principio, la voluntad de la Delegació del Govern es la de adjudicar por Santa Tecla la concesión durante diez años al vencedor de una licitación en la que se establece un precio de partida de 50.000 euros anuales (4.227 al mes) para gestionar el espacio de 760 metros cuadrados: 259 de superficie construida y 501 entre las terrazas.

A vueltas con el servidor

Con la sentencia del TSJCat a favor desde el pasado mes de septiembre, y habiendo vaciado el espacio en noviembre, la Generalitat sacó a concurso, al final, la explotación del recinto a mediados del pasado mes de marzo. En el plazo para presentar ofertas, nueve fueron las empresas aceptadas que cumplieron con todos los requisitos para optar a presentar propuestas. Y aquí llega el punto de la discordia que ahora puede paralizar la tramitación.

La compañía considera que no fue debidamente notificada por parte del Govern de la Generalitat

«Nuestro mandante asistió a la apertura del primer sobre el 12 de mayo de 2022, y se sorprendió al verse excluido del concurso en el momento de la apertura del sobre B. Ante ese desconcierto, solicitamos concertar visita, a fin y efectos de poder revisar el expediente», indica el letrado del Grupo Gestiona, Damián Suárez, quien detalla a este periódico que en esa visita su representado «fue informado de que la propuesta tenía defectos y que fue notificado por correo electrónico en fecha 3 y 4 de mayo de 2022». Y en ese momento se complicó la historia. «Ante la negativa de nuestro cliente, el cual estaba comprobando el correo in situ, la administración exponía que tienen como prueba un documento del servidor, en el que se decía que el correo fue enviado, pero no confirmaba que fuese recibido por el servidor de nuestro mandante», indican. Esta circunstancia, abre, pues, un escenario inesperado, ya que «si bien es cierto que las bases establecen que si la mesa de contratación observa algún defecto u error en los sobres, otorgará 3 días naturales para subsanarlo y lo notificará por correo electrónico, no es menos cierto que esas bases deben regirse por el procedimiento administrativo común y por ende, si su propio servidor expresa que no puede asegurar que el servidor del aspirante recibió el correo correctamente, debían agotar todas las vías posibles, como sería la notificación telemática o la simple llamada telefónica, un hecho que no sucedió».

Por todo ello, y pese a que desde el Govern se asegura que el proceso «se está llevando a cabo con todas las garantías y cautelas posibles», desde la representación de la compañía excluida se considera que «procede la anulabilidad del mismo retrotrayendo todas las actuaciones a su origen», por lo que anuncian que la resolución de la inminente adjudicación «será impugnada en el momento que sea debidamente notificada, solicitando la suspensión de la concesión como medida cautelar hasta la resolución firme de la controversia», con el objetivo de «poder participar en el concurso con todas las garantías». Aún puede haber, pues, polémica para rato.

euros es el canon anual que la Generalitat ha estipulado en el pliego de condiciones para aspirar a gestionar el local del Iot

metros cuadrados es la superficie que tiene el espacio de la Platja Llarga: 259 de superficie construida y 501 de terrazas

años es el periodo mediante el cual el vencedor del concurso público podrá gestionar el negocio

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