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La Generalitat de Catalunya estudia vender patrimonio que tiene en propiedad en Tarragona para ayudar a financiar, en parte, los 265 millones de euros que se ha comprometido públicamente a invertir en la ciudad hasta 2026. Así lo aseguró recientemente al Diari la delegada del Govern en la demarcación tarraconense, Teresa Pallarès (Junts), quien recalcó que los departamentos de Economia y Patrimoni ya están llevando a cabo las primeras valoraciones de inmuebles para «saber cómo se pueden amortizar o cuáles se pueden poner a la venta» para «garantizar que la pluralidad de las inversiones en los presupuestos pueda sostenerse en el tiempo» y «no dejar edificios vacíos y sin ningún uso» cuando las obras hayan finalizado.
La administración autonómica ha anunciado un paquete global inversor de 265 millones para dejar atrás proyectos históricos que llevan años encallados sin poder ser una realidad. El que se lleva la mayor parte es la reforma y construcción del nuevo Joan XXIII, cuyo presupuesto estimado asciende hasta los 170 millones de euros y se espera que pueda ser una realidad dentro de cuatro años, según indicó hace meses el consell de Salut, Josep Maria Argimon (Junts). Asimismo, el Departament de Justícia también ha puesto el esperado Fòrum Judicial de nuevo sobre la mesa, anunciando el pasado mes de enero una apuesta económica de 70 millones de euros para que sea una realidad junto al hospital de referencia, descartando de esta manera la posibilidad de hacerlo en la Tabacalera. «Era la opción más ágil y realista», indicó hace siete meses la consellera Lourdes Ciuró (Junts).
Asimismo, la corporación liderada por el President Pere Aragonès (ERC) destinará 15 millones más para el futuro nuevo albergue juvenil en la Ciutat de Repòs. A todo ello, además, deben sumarse también los otros diez que se están invirtiendo en el nuevo Centre Penitenciari Obert (CPO) –que estará listo antes de acabar este año– así como la voluntad expresada en reiteradas ocasiones por Pallarès para unificar en un único edificio las veinte sedes territoriales que actualmente el Govern tiene en la ciudad.
Inflación del 10%
Ante todas estas inversiones comprometidas, y en un contexto en el que la inflación es del entorno del 10% desde hace meses (lo que podría suponer encarecimientos globales de más de 25 millones si se alarga en el tiempo), el Govern busca fórmulas para encontrar recursos para que las obras no se
vean perjudicadas por la actual situación económica que ha supuesto un importante encarecimiento de los gastos. «De momento, todo lo que está contratado no se verá afectado, pero es cierto que deberá contemplarse de cara al futuro. Si siguen estos índices, la afectación será de muchos millones de euros», indicó Pallarès el pasado mes de junio, añadiendo que «batallaremos para mantener todos los compromisos que llevamos trabajando desde hace tiempo».
Una de las opciones más claras es «jugar» la carta del actual Palau de Justícia (situado entre la calle La Popular y la Rambla Lluís Companys), que podría servir para financiar, en parte, la esperada unificación de las ocho sedes judiciales que hay ahora en la ciudad y que suponen un coste anual de 1,2 millones de euros en alquileres. «Economia está elaborando el estudio de impacto sobre cómo revierte el patrimonio que ya es nuestro. Debe dársele otro uso, lo estamos mirando», indica la máxima representante de la Generalitat en el Camp de Tarragona. A día de hoy se está llevando a cabo la redacción del plan de usos que tendrá el futuro equipamiento judicial, en el que se podrán construir 32.000 metros cuadrados en dependencias judiciales, una cifra que significa casi el doble de los 19.000 actuales.
Palau de Justícia aparte, dos son las otras opciones que el Govern contempla para sacar a la venta en el futuro, como son los inmuebles donde ahora están los Serveis Territorials d’Ensenyament y el de la propia Delegació del Govern. Ambos se encuentran en la calle Sant Francesc. Estas posibles operaciones podrían servir para cuadrar los números para el proyecto de la unificación de las veinte dependencias de servicios territoriales del Govern en un solo edificio, al estilo de lo que ya se ha hecho en Terres de l’Ebre o Girona. Para ello, la finalización de las obras del Centre Penitenciari Obert (CPO) juega un papel clave porque su puesta en marcha permite liberar la antigua prisión, emplazamiento favorito donde el Govern quiere construir un nuevo inmueble de 30.000 metros cuadrados para dar cabida a unos 900 empleados autonómicos.
«Toda la parte que tenemos en la calle Sant Francesc son espacios grandísimos. Creo que, si lo permite el POUM y las normas urbanísticas, debería pasar a ser uso residencial, ya que es una zona buenísima de la ciudad que se dignificaría con nueva vivienda», indica la delegada Teresa Pallarès, quien recalca que «cuando toque, tras ver el impacto que tiene sobre los números, lo hablaremos con el Ayuntamiento».
Asimismo, la unificación en una sola sede permitiría ahorrar, de entrada, unos cuatro millones de euros al año en alquileres, que se sumarían a los 1,2 de las sedes judiciales. «Soy ambiciosa y estoy harta de que Tarragona esté en la cola. Es el momento de apostar por la mejora del servicio que ofrecemos a la ciudadanía», indica finalmente la delegada del Govern. Los números decidirán.
