La Ley de Eutanasia cumple un año con sesenta casos practicados en Catalunya

Días antes que se cumpliera el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, el Departament de Salut informó en rueda de prensa, del balance de las personas que habían solicitado y que se habían acogido al derecho a morir dignamente. A fecha de 8 de junio, tras la aprobación de la norma el 25 de junio de 2021, Salut había recibido 137 peticiones, de las cuales 78 fueron aprobadas y 60 realizadas.

En ese momento había cinco pendientes de realizar, cuatro aplazadas y nueve en las que el paciente había muerto antes de finalizar el proceso. De estas 60 eutanasias practicadas, 33 tuvieron lugar en el propio domicilio del paciente, 20 en centros hospitalarios, cinco en centros de atención intermedia y dos en residencias. Las patologías más frecuentes de las personas que decidieron poner fin a su vida han sido neurológicas, oncológicas y de multimorbilidad (presencia de dos o más enfermedades crónicas en un individuo).

Aunque Salut no ha desgranado el número de eutanasias realizadas por provincias, si informó que de las 137 peticiones, nueve se realizaron en la demarcación de Tarragona. Por otro lado, 101 en Barcelona, 21 en Girona y seis en Lleida. No obstante, según ha podido saber el Diari, al menos una de las nueve solicitudes registradas en Tarragona acabó con la eutanasia practicada.

Las 60 prestaciones llevadas a cabo en Catalunya durante este primer año de la ley están muy por encima de las 25 realizadas en el País Vasco, las 19 hechas en la Comunidad de Madrid, las 13 de la Comunidad Valenciana o las 11 en Andalucía. Un radiografía que constata que aquí es donde mejor se ha implantado la regulación.

Carme Boqué, vicepresidenta del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona y presidenta del Comitè Ètic Assistencial del Hospital Joan XXIII, fue una de las personas que estuvo desde el primer momento en el despliegue de la ley y en la elaboración de los protocolos en la provincia. «Lo más importante es que se ha hecho lo que se tenia que hacer y todo ha funcionado sin incidencias», celebra Boqué, que recuerda que «se trata de una ley completamente nueva que tuvimos que desarrollar a principios de verano y en plena pandemia, en lo que era una situación muy compleja a nivel sanitario».

La doctora señala que esta implantación se hizo bien porque «nos pusimos a trabajar rápidamente, tanto el propio departamento como las empresas que trabajan con Salut creamos una red de profesionales referentes del mundo de la bioética y las curas paliativas que nos dedicamos a dar apoyo y asesorar a los profesionales cuando les llegaba una petición». En este sentido, Boqué comenta que «se trata de una ley muy burocratizada y con unas tramitaciones complejas, pero se ha desplegado bien porque nos organizamos bien».

Así, explica que lo primero que hicieron en el Joan XXIII fue crear el Comitè Ètic Assistencial, el cual preside, y que está formado por dos profesionales del hospital, dos de atención primaria y dos del sociosanitario. «Nos leímos la ley de arriba abajo, fuimos a reuniones, aprendimos como iba todo y entonces creamos el grupo de apoyo a la aplicación de la ley para ayudar, sobre todo al principio, que las primeras peticiones llegaron muy pronto, a que los médicos pudieran tramitar todo el proceso.

En primer lugar, Boqué explica que «los requisitos para acogerse a la ley de la eutanasia son ser mayor de edad, residente en España desde hace por lo menos doce meses, tener una enfermedad grave e incurable y que te condicione con un sufrimiento importante». Entonces se puede realizar una primera petición al médico de cabecera o profesional de confianza, y se inicia un proceso de deliberación entre el médico, su equipo y el paciente, para ayudarle a tomar una decisión meditada, según cuenta la vicepresidenta del Col·legi de Metges de Tarragona.

Entonces al paciente se le dan 15 días y, una vez finalizado este periodo, puede decidir si se echa atrás o si ratifica su solicitud, en cuyo caso se presenta una demanda formal. En ese momento, un médico consultor, especialista en la patología del paciente y sin una relación directa con este, hace una segunda valoración, y cuando este lo acepta la petición se traslada al comité de garantías, organizado en cada comunidad autónoma y formado por expertos sanitarios y jurídicos, quienes hacen una validación del proceso conforme a la ley. «Una vez aceptado por este comité, ya se puede llevar a cabo la eutanasia, y el médico responsable administra los fármacos al paciente», explica Boqué, que recuerda que este siempre tiene la última decisión, «pues ha habido casos de personas que han dicho que si durante todo el proceso y después lo paran porque se lo quieren repensar o no están seguros».

Cabe recordar que los médicos a los que su paciente le hace una petición de eutanasia se pueden acoger a la objeción de conciencia –en Catalunya hay 167 objetores, el 0,15% de todos los profesionales de medicina, enfermería, psicología y farmacia–. Sobre esto, Boqué defiende que «es un tema personal, cada uno tiene sus creencias y valores y sabe como afrontar la vida tomando las decisiones que cree correctas». Y añade: «Evidentemente, yo he estado en el despliegue de la ley y pienso que cada uno tiene el derecho a decidir como quiere que sea el final de su vida dadas sus circunstancias, y respeto al que no piense como yo».

Con todo, la doctora insiste en que «en Catalunya la ley ha funcionado bien porque ha habido muchos profesionales implicados desde el primer momento. Realmente somos un país donde no ha habido un gran volumen de objetores y se ha hecho asequible a nivel sanitario». Asimismo, y de cara al futuro, Boqué espera que la regulación se desburocratice y que no sea un proceso tan ligado al ámbito sanitario. «Quizás lo deseable sería que no se requiriera de ingreso hospitalario, que fuera algo más individual y personal», sostiene la médica.