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Un total de 53 personas han pedido una eutanasia en Catalunya, la mitad de solicitudes (28) ya han sido aprobadas -solo 3 denegadas- y 24 ya han recibido la asistencia para una muerte digna por parte de profesionales sanitarios, entre los cuales solo 90 se han acogido a la objeción de conciencia.
La secretaria general del Departament de Salut, Meritxell Masó; la directora general de Ordenación y Regulación Sanitaria, Azucena Carranzo; y el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya, Albert Tuca, han explicado en rueda de prensa el despliegue de la ley estatal de eutanasia, que entró en vigor el pasado 25 de junio.
Los cinco primeros meses (los datos son hasta el 30 de noviembre) se han recibido 53 solicitudes para la eutanasia: 28 han sido aceptadas (24 de ellas ya realizadas y 4 todavía pendientes), 3 han sido denegadas y 14 están en curso.
En seis de las solicitudes no se pudo acabar el proceso porque el enfermo murió antes, mientras que dos peticiones más fueron revocadas a petición del paciente.
"La ley es garantista y permite que el paciente pueda revocar su petición si cambia de opinión en cualquier momento", ha destacado Massó.
En cuanto a las tres denegadas, Carranzo ha explicado por su parte que "no se ajustaban a la ley", pero por una cuestión de privacidad no ha podido ofrecer más detalles.
En los casos denegados, la Comisión de Garantía y Evaluación emite un informe exponiendo los motivos, pero si la situación del enfermo cambia y lo considera oportuno "puede volver a presentar una nueva solicitud", ha explicado por su parte Tuca.
Para acceder a una muerte asistida, la ley establece que el paciente tiene que ser mayor de edad y tener una enfermedad grave e irreversible o un sufrimiento imposibilitando que afecte la autonomía o que sea constante e intolerable. De las 53 solicitudes, la mayoría son por enfermedades neurodegenerativas (23) y oncológicas (14).
En Catalunya, el proceso está durante una media de 41 días y consta de varias fases: la solicitud del enfermo (que tiene que presentarla dos veces), un informe favorable del médico responsable, una verificación de un segundo facultativo, la confirmación de la Oficina de Prestación de la Ayuda a Morir (PRAM) y la evaluación final de la Comisión de Garantías y Evaluación, que emite un dictamen ante el cual se puede presentar recurso si el solicitante no está de acuerdo.
La mayoría de solicitudes -34 de las 53- llegan a la atención primaria y el resto (19) se solicitan en centros hospitalarios.
En la gran mayoría de los casos que se tramitan en los CAP, los pacientes son asistidos hasta el final de la vida en casa, acompañados de profesionales sanitarios.
De todo el personal del sistema sanitario catalán, solo 90 profesionales (77 de medicina, 12 de enfermería y 1 de farmacia) son objetores de conciencia, sin que esto haya impedido que se ejecutara ningún proceso de eutanasia.
El Departament de Salut tampoco tiene constancia de que ningún centro haya negado una solicitud de muerte digna y asegura que está garantizado el servicio con equidad territorial, porque hay personal para hacerlo a todas las partes de Catalunya.
Las solicitudes se concentran en la provincia de Barcelona, la más poblada, con 39 peticiones, seguida de Girona (11), Tarragona (3) y Lleida (ninguna, de momento).
El Departament de Salut también ofrece formación voluntaria y hasta el presente ya se han acogido a esta iniciativa 11.375 profesionales sanitarios.
