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Los puertos de Tarragona y Barcelona alertan de la pérdida de competitividad que puede suponer en nuevo impuesto ecológico sobre los grandes barcos, que está tramitando el Govern de la Generalitat. Y, en este sentido, ambas organizaciones han presentado alegaciones para evitar que los puertos catalanes se vean perjudicados, en detrimento del resto de enclaves que conforman el sistema portuario español. «No podemos estar en contra de estas medidas, pero es cierto que hay ajustes que deben hacerse para no perder competitividad», apuntó el presidente del Port de Tarragona, Saül Garreta.
Esta cuestión fue uno de los principales temas que los presidentes de las Autoritats Portuàries de Tarragona y Barcelona abordaron ayer en la primera reunión de colaboración entre ambas organizaciones.
El encuentro fue presidido por el conseller de Territori, Juli Fernàndez, a quien le tocó responder al malestar de los dos presidentes, que des de la salida de Junts per Catalunya del Govern, son miembros de su mismo partido. «El Govern lo que tiene en trámite es un anteproyecto de ley, susceptible de ser modificado. Es un primer documento», afirmó.
Por su parte, el presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, aseguró que «estamos más cerca de ayer y mañana lo estaremos más que hoy para conciliar los objetivos». Y, en este sentido, se mostró convencido de que la fase de alegaciones permitirá «encontrar un encaje, de forma que la pérdida de competitividad de los puertos sea inexistente».
La nueva tasa gravará las emisiones de partículas de nitrógeno y óxido de nitrógeno. Según Fernàndez, una vez finaliza la fase de alegaciones –que acaba hoy– «tocará trabajar» para que el texto definitivo cumpla tres objetivos. Estos son el cumplimiento de la ley aprobada en 2017, por parte del Parlament de Catalunya, y que esta no haga que los puertos no sean competitivos, mientras se garantiza la lucha contra el cambio climático.
Tren y descarbonización
Más allá de esta cuestión, este primer encuentro entre los presidentes del Port de Tarragona y el Port de Barcelona sirvió para establecer un nuevo marco de alianzas y colaboración, que no se había dado hasta el momento. En la reunión se acordó la creación de dos grupos de trabajo que empezarán en dos ámbitos estratégicos. Uno de estos se centrará en los aspectos ferroviarios, mientras que el otro abordará la descarbonización de los puertos.
«Hoy por primera vez abrimos un espacio con voluntad y vocación de permanencia que nos permite romper una anomalía histórica», afirmó Salvadó. Reducir la presencia de camiones en la carretera y que las mercancías viajen en ferrocarril o avanzar hacia la electrificación de los muelles son dos de los objetivos de esta «agenda compartida», en la que quiere empezarse a trabajar de forma conjunta. «Mar hacia fuera competiremos, mar adentro debemos ir de la mano», argumentó el presidente del enclave barcelonés.
Proyecto de país
Según explicó el conseller, a partir del próximo mes está previsto que estos espacios de trabajo empiecen a reunirse para ir abordando las diferentes cuestiones. Con todo, Fernàndez se mostró convencido de que esta nueva alianza permitirá dar una respuesta «a las necesidades del tejido productivo, generando bienestar y prosperidad».
Desde el Port de Tarragona, su presidente daba a conocer algunos de las inversiones estratégicas que ahora mismo están en marcha, como es la ampliación de la terminal ferroviaria de La Boella, el puerto seco de Guadalajara-Marchamalo y la futura Zona d’Activitats Logísticas (ZAL). Sobre esta última actuación, Garreta defendió que «no tan solo es un proyecto del Port de Tarragona», sino que debe convertirse «en una cuestión de país».
Durante la comparecencia de prensa posterior a la reunión de trabajo, el presidente del Port de Tarragona, Saül Garreta, también hacía referencia al conflico de la estiba, que desde hace unos meses está alterando el funcionamiento de esta infraestructura. Garreta hacía referencia a la necesidad de «modernizar» este sector, que es una de las cuestiones que se está abordando en las negociaciones entre el colectivo y las empresas. «La solución pasa por mantener Estarraco, para mantener la estabilidad y en principio se mantiene», indicó.
