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Los retos urbanísticos de Tarragona que encarará el Gobierno de Viñuales

La cohesión y la sostenibilidad han marcado el rumbo de las decisiones que se han tomado en los últimos cuatro años desde el área de Territori. Ahora los interrogantes son muchos

15 junio 2023 07:28 | Actualizado a 15 junio 2023 07:31
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Esta semana se formalizaba el traspaso de carteras entre el concejal de Territori en funciones, Xavier Puig, y su sustituto en el cargo, Nacho García, quien está llamado a ser uno de los hombres fuertes del nuevo ejecutivo de Rubén Viñuales a partir de la constitución del nuevo Ayuntamiento, el próximo sábado. La lista de proyectos que heredará el futuro Gobierno es larga, teniendo en cuenta que los fondos Next Generation deben permitir abordar importantes inversiones en la primera parte del nuevo mandato. No obstante, el tema estrella en materia de urbanismo será el futuro POUM y aquí deberán despejarse muchos interrogantes en los próximos meses.

«El relevo fue cordial y con un tono constructivo. Queremos que cuenten con nosotros y que nos utilicen para tirar adelante los proyectos, ya que nuestra idea no es poder crecer en la oposición a cuesta de sus fracasos, sino intentar que todo lo que hemos empezado siga adelante y que este legado continúe», argumenta el concejal en funciones, Xavier Puig. En este artículo abordamos con el responsable de urbanismo saliente los principales proyectos que García se encontrará encima de la mesa.

«Queremos intentar que todo lo que hemos empezado siga adelante y que este legado continúe». Xavier Puig, Concejal en funciones

El primero de estos hace referencia al futuro Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Las elecciones han dejado en stand by un proceso que estaba encarrilado y que preveía la aprobación inicial del nuevo plan antes de fin de año. «El POUM de 2013 se debatió durante más de quince años y después lo tumbó un tribunal. No podemos repetir este error. Ahora tenemos tres años, que es el tiempo que nos marcan las normas urbanísticas, con una posible prórroga de un año y medio, y esto son los plazos con los que nos movemos», argumenta Puig.

El calendario es ajustado, pero hasta el momento se estaban cumpliendo los plazos. La Generalitat de Catalunya aprobó las normas en noviembre de 2021, por lo que podría decirse que estamos en el ecuador.

El pasado mes de abril finalizó el proceso participativo y ahora se abría un periodo para introducir las observaciones que recogieron durante esta fase, para esta aprobación inicial. De esta forma, 2024 debía empezar con la información pública, las alegaciones y la fase de los informes sectoriales, que siempre es la más larga y compleja. «Teníamos el año que viene para introducir las enmiendas y las alegaciones, de forma que haciéndolo todo muy rápido ya podíamos tener que solicitar la prórroga», expone el responsable de urbanismo en funciones.

¿Qué pasará ahora? «Depende de lo que tengas que hacer puede seguirse con este crono», afirma el republicano. Sin embargo, las divergencias en el modelo que han defendido ambas formaciones no es un secreto a voces. «El nuevo Gobierno tiene la legitimidad para decidir hacia dónde quiere crecer la ciudad, pero tiene dos opciones. Si los promotores que hay detrás quieren modificaciones sustanciales, hay un cambio de modelo y de los objetivos del avance del POUM, lo que significa hacer un nuevo avance y un nuevo proceso participativo. Y en esto podemos pasarnos todo el mandato», expone.

Mientras la Budellera quedaría aparcada, el PSC se muestra favorable a recuperar el proyecto de Terres Cavades, que ahora es suelo rústico. «La pregunta es: ¿Quieren un Terres Cavades como en el POUM de 2013, un barrio de 6.000 viviendas más grande que Sant Pere i Sant Pau, o estamos hablando de una cosa redimensionada que permita enlazar la zona del Culubret con Sant Pere i Sant Pau y la zona de Llevant que cohesione este entorno?».

En este caso, considera que «simplemente están incluyendo un sector que no estaba contemplado» y que «a lo mejor podría aprovecharse el trabajo hecho». Una opción que salvaguardaría el proceso participativo en el que tomaron parte un millar de personas. Puig considera que debe ponerse en valor este trabajo que se impulsó por primera vez en la ciudad. «No es el proceso de ERC, es de la ciudad. Todo esto no podemos cogerlo y tirarlo porque o hacemos un POUM en cuatro años, que no será de máximos para nadie, pero incluirá las aportaciones de todos, o tiramos todo lo que se ha hecho a la basura y nos vamos a un escenario en el que las próximas municipales volverán a ser urbanísticas».

La prórroga de las normas urbanísticas prácticamente se da por hecha ahora mismo

No obstante, una de las claves será la negociación con la empresa CLH para que abandone el espacio que ocupa, y que fue el motivo por el cual se produjo la sentencia del Tribunal Supremo que acabo tumbando el plan anterior. Puig asegura que se ha pasado de una actitud «fría» y «distante», en la primera reunión, a «una voluntad de llegar a un acuerdo». El planeamiento actual ha dejado «atrapada» a la empresa en el escenario del plan general de 1995, de forma que no tiene margen de maniobra para «hacer inversiones, cambiar de modelo o renovarse». Y esto ha jugado a favor de la voluntad de la ciudad.

Ambas partes habrían llegado a un preacuerdo en los últimos tiempos que garantiza que la compañía siga conectada al rack y que la operación fuera viable económicamente, sin que el sector resultante tenga una edificabilidad desproporcionada. «Hay que acabar de concretar la jugada antes de la aprobación inicial», asegura.

García también se encontrará encima de la mesa el Pla Integral de la Part Baixa, que tenía que aprobarse antes de fin de año. «Es un proceso de ciudad en el que han participado y se han implicado todas las entidades del barrio, lo inteligente es trabajar a partir de esta hoja de ruta», añade el tercer teniente de alcalde en funciones.

Otro de los proyectos de calado es el tranvía. En este caso la pelota la asumirá el propio alcalde, quien liderará personalmente todo lo que tenga que ver con el área metropolitana. Al respecto Puig recuerda que «cuando la Generalitat hizo una propuesta de tranvía que no nos gustaba, se puso en marcha un proceso participativo, con un montón de actores en el que se planteó si autobuses o tranvía. La respuesta fue contundente, todo lo que va sobre raíles es más ecológico, puntual y consume menos recursos».

Puig pone en valor que la propuesta de penetración urbana lanzada desde la Generalitat conectará Sant Pere i Sant Pau, Joan XXIII y la Part Alta con la Imperial. Asimismo, se prevé que este llegue a la Part Baixa y a la estación de tren, además de conectar los barrios de Ponent. «Es una verdadera transformación para el Camp de Tarragona», añade.

También en materia ferroviaria, el actual concejal de Territori defiende la necesidad de que el frente común de los partidos en cuanto a las mercancías por el interior se traslade a Madrid para que «puedan seguir adelante proposiciones no de ley exigiendo una solución».

«Perseverar» en las inversiones comprometidas por parte del Estado, como el puente de Entrevies y el paquete de inversiones que se consiguió por el traspaso de carreteras es otra de las recomendaciones que le hace a su sucesor. «No porque esté en una partida pasará, hay que perseguirlo y que la administración oportuna lo empuje», afirma. Y en el apartado de asuntos pendientes estará la carpeta para el traspaso de la N-240. «Hay que abrir una nueva negociación», concluye.

Acuerdo con la Generalitat para la rotonda de la C-31B

En la última reunión con la Generalitat, el Ayuntamiento de Tarragona alcanzó el «compromiso» del Govern para desencallar el proyecto de construcción de una nueva rotonda en la C-31B, a la altura del polígono Entrevies.

Esta es una vieja reivindicación, ya que este es uno de los puntos negros de la red de carreteras. «La Generalitat está actualizando los precios del proyecto que tenemos y la idea es que este siga adelante, ya que beneficia a las empresas colindantes y cuando esté hecho el puente de la vía también a los barrios de Ponent», dice Puig.

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