«Quieren pagarme 11.000 euros para que me vaya de casa»

Maribel Marín tiene 70 años y vive con el miedo en el cuerpo. No sabe si el año que viene, a estas alturas, podrá seguir viviendo en la que ha sido su casa durante 22 años de su vida. Pero, hace 22 años, todo era diferente. Trabajaba de comercial y decidió comprarse el piso. Años más tarde, se lanzó al mundo inmobiliario: «Tuve que cerrar en el 2008, cuando explotó la burbuja», recuerda. Durante los 24 meses posteriores, el paro fue su sustento para seguir costeándose la hipoteca, pero llegó un momento en el que la losa pesó demasiado: «Se me acabó la prestación y no pude seguir pagando», narra.

Al final, en el año 2017, llegó a un acuerdo con el banco, que le condonó una deuda de unos 170.000 euros y le ofreció tres años de alquiler social, hasta el 2020. Pasado este tiempo, solicitó la renovación de dicho contrato. Divarian, el fondo buitre que pasó a gestionar el inmueble, se cerró en banda. Sin embargo, cuando explotó la pandemia, el efecto coronavirus provocó que Maribel Marín volviera a pedir la renovación: «Por la COVID-19, me dieron medio año más, como excepción, no como algo que hagan de forma natural».

Tras esos seis meses, el ‘escudo social’ impulsado por parte de la Administración impidió que se pudiera efectuar el desalojo: «Y así llevo desde entonces, empalmando decretos con más decretos», asume. Además, se produjo una tácita reconducción, un proceso que se da cuando ni arrendador ni arrendatario notifican el fin del contrato. Fue un ‘nuevo contrato’ de tres años. Tres años que finalizan el próximo día 15 de noviembre.

Divarian le ha comunicado que no tiene intención de renovárselo. «Todos estos fondos vienen del mismo sitio, entre todos hacen trampas», denuncia. Actualmente, está pagando 36,21 euros al mes. Es un pequeño porcentaje de su pensión mensual, que asciende a algo más de 800.

Su informe de vulnerabilidad, al que ha tenido acceso el Diari, indica que «se encuentra en riesgo de exclusión residencial, ya que los ingresos ponderados de la unidad familiar o convivencial están comprendidos entre el 0,95 y 2,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), por lo tanto, corresponde un precio de alquiler social que no supere el 18% de sus ingresos ponderados». Ella solicitó el certificado a la trabajadora social, quien analizó su situación económica.

Una oferta económica para irse

Vecina de les Borges del Camp, Marín cuenta que están obligados a renovarle el contrato por la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, impulsada por la Generalitat de Catalunya. Los propietarios no acceden y, además, le han ofrecido dinero para que abandone el piso. Lo que, en un inicio, era una oferta de 6.000 euros, ha acabado siendo de 11.000 actualmente.

Todo por teléfono, a través de un intermediario. En ningún momento ha habido una comunicación sobre este tema por escrito. «Me llaman y me preguntan que si he encontrado algo, y yo les digo que no tengo que buscar nada, que por ley tienen que renovarme el alquiler social, pero ellos me dicen que no va a efectuarse dicha renovación», argumenta Marín.

«He denunciado en todas partes, en la Agència Catalana del Consum, en la Agència de l’Habitatge de Catalunya, en el Síndic de Greuges... Únicamente me ha contestado el Síndic, que me dijo que no podía llegar a un acuerdo con los fondos de inversión; al final, no pagan las multas y no hacen ni puñetero caso», añade. Se ha planteado ir por la vía judicial, pero, hasta que no tenga una carta del juzgado conforme va a producirse el lanzamiento, no puede actuar. «Lo que estamos reivindicando es que los fondos buitres y los grandes tenedores cumplan la ley», afirma la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Reus, Sandra Casanova.

«Todo tu ser se remueve»

La problemática de Marín no solo afecta a nivel económico, también en el ámbito mental: «He estado cinco días en el hospital porque me ha cogido la gripe A y aún no estoy recuperada del todo; esto me afecta mucho emocionalmente porque, cuando estás bien en un sitio y te quieren echar, todo tu ser se remueve», confiesa.

Desde la PAH, Casanova comenta que «Maribel está muy preocupada, no sabe dónde va a ir ni qué va a pasar con ella». «La salud mental es una cuestión importante en estas situaciones, ya que, si la persona padece problemas, pueden agudizarse», añade.

«Los fondos buitre compran a precio de saldo carteras enormes de viviendas con deudas pendientes de cobrar y se especializan en desahuciar a las personas que las habitan; hacen negocio con lo que supuestamente es un derecho fundamental», denuncia la portavoz del Sindicat d’Habitatge de Reus, Mer Roca. «Ellos tienen la sartén por el mango, el Estado les ha dado esta libertad, por eso siguen impunes y por eso la Ley de Vivienda, aunque tenga puntos positivos, es una decepción», protesta Casanova.

Desde el sindicato, también cargan contra las leyes: «En Catalunya ya hemos tenido diversas normas que, en teoría, obligan a estos fondos a ofrecer un alquiler social a las familias que cumplan los requisitos de vulnerabilidad antes de ser desahuciadas, pero han estado incumpliéndose sistemáticamente». «La nueva Ley de Vivienda estatal no ha aportado nada para acabar con esta impunidad», añaden.

Aseguran que, en sus asambleas semanales, cuentan con una media de diez casos de familias que están en la misma situación que Maribel: «Ninguna familia que haya venido al Sindicat d’Habitatge de Reus ha conseguido un alquiler social en su domicilio». «A los fondos les sale más a cuenta pagar la multa que ofrecer el alquiler», remarca Roca. «Ha habido muchos, muchos casos de este estilo», expresan desde la PAH.

En este sentido, Casanova denuncia que «cuando la propiedad privada no cumple, pasa a ser un tema de las administraciones públicas, los ayuntamientos deberían ponerse en contacto con la propiedad y poner las multas a los grandes tenedores que no quieran respetar la ley». «Yo hablo con la propiedad y me dicen que nadie del Ayuntamiento se ha puesto en contacto con ellos; pueden mentirme, sí, pero me lo creo», añade.

Por su parte, el abogado y experto inmobiliario Manuel Sosa cree que «los fondos de inversión tienen un porcentaje pequeño de viviendas para uso residencial, y destinan sus mayores inversiones a otros activos inmobiliarios como oficinas, hoteles, centros comerciales y naves logísticas». «El del alquiler es un mercado muy fraccionado, con millones de pequeños propietarios y mucha más demanda que oferta, y más en los grandes centros urbanos, que es donde la gente quiere vivir y donde hay mayores oportunidades económicas y de trabajo», añade.

La Ley de Vivienda no convence

Pese a que aún no está publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), parece que la Ley de Vivienda, aprobada el pasado día 27 de abril, no satisface a nadie: «Hay matices positivos, como el hecho de que se amplíen los grandes propietarios a aquellos que tengan cinco o más propiedades», expone Casanova. «Pero quiero leerme mejor la letra pequeña», añade. No está a favor de la regularización de los alquileres: «Va a perjudicar a los pequeños tenedores, que no querrán alquilar su vivienda porque no les compensará».

Por otra parte, Sosa, opina que «la Ley se fundamenta en una concepción totalmente errónea de cuáles son los problemas de fondo del mercado de alquiler». «Controlar los precios hará que construir para alquilar sea menos rentable, y muchos ciudadanos no pueden elegir comprar una casa; con los precios limitados, deberán ponerse a la cola para alquilar», añade.

Con todo, Maribel aún no sabe cuál será el siguiente capítulo de su historia. Desde que supo que la propiedad del piso donde reside no tenía intención de prolongar su alquiler, vive en un mar de dudas, esperando que la marea baje pronto.