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En su reunión de ayer, el Consell Executiu del Govern de la Generalitat daba luz verde a la tramitación de las normas subsidiarias urbanísticas, con carácter de «urgencia», para cubrir la situación generada en la ciudad a raíz de la anulación del POUM de 2013. Se trata de un nuevo paso de cara a la aprobación definitiva, de este instrumento de planificación que establecerá las reglas en materia de urbanismo hasta que no se apruebe el nuevo Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
En concreto, el acuerdo impulsado desde el Departament de Vicepresidencia, Polítiques Digitals i Territori, y que ayer se aprobó, consta de tres puntos. El primero hace referencia a la suspensión de la vigencia de la tercera revisión del plan general de ordenación urbana, aprobada definitivamente el 10 de enero de 1995, que es la que estaba en vigor desde la anulación del plan de 2013. En consecuencia, según indica el texto refrendado por el Govern, «también se ha adoptado suspender la tramitación de los planes urbanísticos derivados, instrumentos de gestión urbanística, proyectos de urbanización y la concesión de licencias urbanísticas» hasta que no se dicten las normas.
En segundo lugar, se aprecia «la existencia de razones de urgencia por dictar, con carácter inmediato, sin supeditación a la tramitación ordinaria, unas normas de planeamiento urbanístico de carácter transitorio, durante la vigencia de las cuales debe tramitarse y aprobarse definitivamente el POUM». En el texto en cuestión no se hace referencia a la duración prevista de estas normas. Desde el Govern de la Generalitat se asegura que es un aspecto que se determinará en la sede de la Comissió d’Urbanisme, aunque inicialmente se había informado de que esta vigencia sería de cuatro años.
El tercer punto hace referencia a la publicación del acuerdo al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, abriéndose un periodo de un mes para interponer un recurso de reposición en contra del acuerdo.
El documento que ayer pasó por el Consell Executiu pone de manifiesto la necesidad de estas normas «por tal de no paralizar en su totalidad la actividad urbanística y edificatoria de la ciudad». Asimismo, se apunta a la necesidad de que Tarragona «disponga tan pronto como sea posible de un marco normativo estable, que otorgue certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y en consecuencia facilite el conocimiento y la comprensión y la actuación y toma de decisiones». Hoy se celebrará la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona en la que se prevé la aprobación inicial de las normas. La definitiva será en la próxima reunión de la comisión de Catalunya, prevista para el mes de diciembre.
