Tres de cada diez solicitudes de protección por violencia de género presentadas en Tarragona se deniegan

De las 794 órdenes y medidas de protección que se solicitaron por violencia sobre la mujer en Tarragona durante 2023, se aceptaron 520, se denegaron 270 y se inadmitieron cuatro, según las estadísticas publicadas trimestralmente por el Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual, el 34,5% de las solicitudes presentadas no salieron adelante.

Los registros de la demarcación son similares a la media española: en todo el Estado, hubo 42.478 solicitudes, de las cuales el 31,3% no prosperaron. Esa media se da por datos como los de Madrid, donde colapsaron 3.278, mientras que se aceptaron tan solo 2.920. Algo parecido pasa en Barcelona, con 2.340 ‘noes’ por 1.743 ‘síes’. En Valladolid, por ejemplo, tiraron hacia adelante las mismas que las que no lo hicieron.

Por partidos judiciales, los números son dispares. Mientras que el de Amposta aceptó todas las solicitudes que le llegaron, el de Reus y el de Valls denegaron 61 y 28 por las 68 y las 32 a las que dieron luz verde, respectivamente. Los porcentajes de órdenes que no salieron adelante son más equilibrados en otras localidades, como Tarragona (36,6%), El Vendrell (34,9%), Gandesa (26,6%), Tortosa (24%) y Falset (21%).

Históricamente, este indicador ha estado alrededor del 35% y del 40% en la demarcación, aunque hubo algunos años, como 2014 y 2015, en los que se acercó al 50%, es decir, que se denegaron más o menos las mismas de las que se aceptaron.

La abogada tarraconense Pilar Casas, que es especialista en este tipo de casos, comenta que «hay que tener en cuenta los episodios en los que hay mujeres que van a presentar una denuncia y no se la cogen»

Indica que, recientemente, desde la Associació Dones i Homes per la Igualtat i el Desenvolupament (DHIDES) de Tarragona, acompañaron a una víctima a la comisaría de los Mossos d’Esquadra para denunciar un maltrato.

«Cuando explicó todo lo que le pasaba, le dijeron que no era motivo y que no iban a cogerle la denuncia, y mi hermana [Rosa] les manifestó que ellos tenían que admitirla sí o sí y que ya sería un juez el que acabaría decidiendo».

Catalunya es uno de los territorios con una ratio mayor de no aceptación de este tipo de órdenes. ¿Por qué sucede esto? El principal motivo es que la decisión final de si dar luz verde o no está, a pesar de todo, sujeta a la subjetividad: «Todo va en función de cómo se plantea y de quién resuelve la orden; si la persona a la que le toca decidir piensa que ‘para qué, si no hay riesgo’, por los motivos que sea...».

«La cosa termina siendo un criterio puramente subjetivo, pero ¿qué es más, el daño provocado por no dar una orden de alejamiento o el beneficio que doy en el caso de que sí que la dé?», se pregunta Casas.

En este sentido, el abogado Christian Martínez Laurent, socio del bufete MFG Abogados en la ciudad de Tarragona, especifica que «la evaluación subjetiva determina si la adopción de medidas de protección es estrictamente necesaria para salvaguardar a la víctima» y que esta depende de varios factores: «Es posible que, en algunos casos, a pesar de la necesidad de investigar los hechos, no se identifique un riesgo inminente para la presunta víctima».

«Por el motivo que sea, no se saca todo lo que hay», piensa la abogada Casas. «Cuando hablamos de violencia contra la mujer, no solo es el hecho puntual que da lugar a la denuncia, siempre hay más cosas detrás y eso no interesa, no sé si es porque supone mucho trabajo, mucha investigación...», añade.

Ante la pregunta de quién tiene esta responsabilidad de investigar, la abogada responde que «la que seguro que no tiene que hacerlo es la víctima». «Debe llevarse a cabo por todos los operadores, y aquí incluyo también a los abogados y abogadas, por lo que reconozco la parte que me toca», añade.

También menciona a la policía, tribunales, servicios sociales, técnicos penales, fiscalía... «Todos somos responsables», sentencia.

En este sentido, Martínez apunta a que «el equilibrio entre el derecho de la víctima a ser protegida y los derechos del investigado/a es fundamental en este proceso, por lo que la evaluación debe ser cuidadosa».

Tras superar el escollo de esa subjetividad que radiografía Casas, llega el obstáculo de la tramitación, y es que la abogada asegura que ha gestionado casos que han llegado a alargarse cuatro años hasta que la orden de alejamiento se ha hecho efectiva.

«Influye la lentitud de los juzgados en general, hay una falta brutal de medios y no es responsabilidad de las personas que trabajan allí: es lo que pasa si tienes menos juzgados de los que necesitas para resolver todo lo que te entra...», analiza Casas.

Más concienciación

Por otra parte, la abogada insiste en el hecho de que «aún no se tiene una verdadera conciencia global sobre qué es la violencia de género y cómo afecta a las víctimas».

Pone un ejemplo: que a una mujer le quiten la custodia de sus hijos en un caso así: «He llegado a ver cómo se retira una custodia a una madre que con quien no tiene problema es con sus hijos, sino con su agresor», revela.

En esta línea surge un aspecto muy importante: el de la educación y la sensibilización. En palabras de Casas, «la atención a la víctima ha mejorado en los últimos tiempos, pero aún hay un camino por recorrer para eliminar ese cuestionamiento previo que en ocasiones se produce ante una denuncia y que pasa en todos los ámbitos del proceso».

Esta concienciación es importante a la hora de tener en cuenta las posibles consecuencias que pueden llegar a producirse en el caso de aceptar la solicitud o de denegarla: «Evidentemente, hay que asegurarse de que existen indicios, pero conviene no olvidar que la prioridad siempre debe ser la protección de las víctimas», manifiesta Casas.

Para llegar a concienciar, el camino obligado es la educación, más allá del punitivismo: «Lo que pasa es que, siempre que una lucha social avanza, se genera una fuerza en contra, y como el feminismo ha dado pasos para conseguir cambios normativos, la sociedad no ha evolucionado de la misma manera», indica Casas.

Y eso se vislumbra especialmente en algunos hombres adolescentes, que se sienten víctimas. «Lo ven como si nos estuviéramos pasando en las reclamaciones de los derechos de las mujeres, y me da mucho miedo que pase esto», expone la abogada