Récord de empresas insolventes en Tarragona

La provincia alcanza el máximo histórico de concursos de acreedores desde 2007 por la crisis de la Covid. Las suspensiones de pagos en compañías y personas se dispararon un 53% en 2021

| Actualizado a 31 enero 2022 20:38
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No es oro todo lo que reluce en la recuperación económica y en las esperanzadoras cifras de creación de empleo. Las solicitudes de concursos de acreedores baten récords en la provincia durante la pandemia, señal inequívoca de las consecuencias de la Covid-19 y su honda afectación en el tejido productivo. Pese a una moratoria que exime a las empresas de la obligación de acogerse a esa figura, lo cierto es que muchas compañías y autónomos optan por no demorar más la situación ante la imposibilidad de afrontar las deudas.

En los tres primeros trimestres de 2021 se presentaron en los juzgados de mercantil de la provincia 114 peticiones de declaración de concurso, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es casi el doble que en 2020, cuando hubo 68, en un año anómalo marcado por el parón del Gran Confinamiento de primavera. Ese curso es difícilmente comparable pero la inercia al alza es la misma si se atiende a 2019, cuando aún no había impactado la emergencia sanitaria: en el mismo periodo hubo 96, un 18% menos. Si se compara con el año anterior, 2018, el incremento actual es aún mayor y se dispara al 44%.

Se trata de la cifra más elevada de toda la serie histórica que publica el organismo judicial y que arranca en 2007, punto de partida de la anterior crisis económica. Supera los 112 procesos que se registraron en 2012, hasta ahora el periodo con más insolvencias empresariales en la provincia.

De hecho, el dato sobrepasa esos niveles que dejó la Gran Recesión derivada del estallido de la burbuja. Las cifras son, pues, mayores que las de aquellos años más duros, en los que era común que, en ese mismo periodo de tiempo, se superaran los 100 concursos.

«Muchas empresas insolventes»

El economista tarraconense Juan Gallardo, responsable del gabinete de estudios de la Confedereació Empresarial de la Província de Tarragona (Cepta), cree que el incremento de concursos «es consecuencia de la pandemia» y convive con la buena marcha del mercado laboral: «Ha habido una importante creación de empleo, pero hay que tener en cuenta que una gran parte es pública. El incremento del PIB está por debajo de lo planificado y aún no se ha recuperado el nivel de 2019».

Así, Gallardo describe «una parte importante del tejido empresarial, en algunos sectores muy afectado, y unos balances muy deteriorados, que afloran como efecto del parón de la economía». El economista señala que «muchas empresas han llegado a situaciones de insolvencia y seguirá pasando, irá a más hasta que se recupere toda la actividad económica».

«Hay una parte importante del tejido empresarial muy afectada por el parón de la economía»
Juan Gallardo. Jefe gabinete de estudios Cepta

Gallardo define el concurso como «la última consecuencia de una dinámica de recesión, por muchos elementos que se hayan puesto para impedir que se produzca». ¿Cómo se conjuga la generación de puestos con el aumento de los concursos? «El número de horas trabajadas sigue siendo marcadamente inferior a 2019. Eso significa que las empresas pueden estar recuperando plantillas pero quizás no están trabajando con los ritmos de antes, y eso quiere decir menos ventas, menos beneficios y menos solidez. Una menor cifra de negocio y una peor situación en términos de solvencia financiera puede generar situaciones de siniestralidad empresarial como son los concursos», apunta Gallardo.

Sin perspectivas de mejora

Una parte de los procedimientos se acogen a la modalidad exprés, en la que la empresa solicita a la vez la declaración de concurso y su liquidación, si no existen perspectiva de mejora. Los datos del CGPJ muestran que en los tres primeros trimestres de 2021 solo se presentaron tres convenios. Es decir, solo tres compañías lograron llegar a un acuerdo con sus acreedores para pagar las deudas.

Pero no solo han crecido los concursos de acreedores de empresas que se presentan ante los mercantiles. También han aumentado los concursos de personas físicas, no empresarios, que se comunican en primera instancia. Han sido 179 en los primeros tres trimestres, un 41% más con respecto a 2020 y un 88% más en relación al mismo periodo de 2019, antes de la Covid-19. En el global, sumando los dos tipos de procedimientos –empresas y personas–, en Tarragona hubo 293 procesos en 2021, un 50% más en comparación con 2020 (195) y un aumento del 53% si se equipara con 2019 (191).

En el cómputo de España, los concursos de acreedores –las antiguas suspensiones de pagos– presentados en los juzgados durante el tercer trimestre superaron la barrera de los 4.100 procedimientos, lo que supone un 50,8% más que el total registrado en 2019, antes de la pandemia, y un 12,4% más que en 2020.

Otra estadística distinta es la aportada por el estudio de la firma Informa D&B. Su balance indica que 2021 acabó con 110 concursos de acreedores en Tarragona, más del doble respecto al año anterior (53) y también en relación a 2019, un año sin afectaciones sanitarias (57).

El comercio, la actividad inmobiliaria y la hostelería son los sectores más afectados. Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B, comenta que «2021 cierra con la cifra de concursos más elevada desde 2014 y con la hostelería como el sector donde más se han incrementado, doblando los de 2020».

Más procesos exprés

El mismo informe también indica que el año pasado hubo en la provincia 434 disoluciones de empresa, casi un 33% más en relación con 2020 (327), aunque se trata de una cifra parecida a la de 2019: 426. El análisis muestra la proliferación de esos concursos exprés. «A lo largo de 2020 y 2021, se ha ido incrementando la proporción de solicitudes conjuntas de extinción con concurso. En 2020, la proporción de concursos exprés fue del 53,70% mientras que en 2021 esta tasa alcanzó el 65,22%», expone el estudio de Informa D&B.

Una nueva prórroga

El Gobierno ha prorrogado de nuevo la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022, con lo que mantiene que los deudores que se encuentran en situación de insolvencia no tienen deber de solicitar la declaración de concurso al menos durante medio año más. El objetivo de las medidas es que «las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo y dispongan de un margen adicional para restablecer su equilibrio patrimonial», según explicó el Ejecutivo al prorrogar la Ley 16/2020.

Una vez que la moratoria expire, ahora en junio de 2022, se puede esperar un repunte significativo del número de solicitudes de concurso. No todas las posturas están a favor de esta medida. El Banco de España ha advertido de los riesgos en numerosas ocasiones durante la pandemia: «La moratoria concursal, si se prolonga en el tiempo, puede contribuir a una mayor tasa de supervivencia de empresas inviables que, en ausencia de ciertas medidas de sostenimiento financiero (refinanciaciones bancarias o nuevo crédito de sus contrapartes contractuales), desaparecerían en un breve plazo». El ente regulador advierte, sobre todo, de los peligros de la proliferación de las llamadas empresas zombis.

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