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El culebrón del Fòrum Judicial de Tarragona, en stand by desde hace más de dos décadas, puede estar a punto de vivir un punto de inflexión. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró (Junts per Catalunya), estará esta mañana la Plaça de la Font, en una visita institucional que puede ser clave para sellar con el alcalde Pau Ricomà (ERC) un principio de acuerdo para desbloquear, al fin, el histórico proyecto.
El ejecutivo autonómico estudia desde hace meses los costes económicos que comportaría la construcción del emplazamiento en los dos espacios que han llegado a la recta final para albergar el equipamiento. Por una parte, Justícia cuenta con un solar en el entorno del Hospital Joan XXIII junto al nuevo Centre Penitenciari Obert (CPO) que se está ultimando. Hace años se habló de un presupuesto de 70 millones de euros. Sin embargo, el pasado verano surgió una nueva opción, que es la favorita –en caso de cuadrar los números– tanto por la Generalitat como por parte del Ayuntamiento: la Tabacalera.
Para que esto pueda ser una realidad, sin embargo, dos son los factores que deben cuadrarse. El primero es que Justícia tenga el espacio suficiente como para poder trasladar a la antigua fábrica de tabacos de la Part Baixa –cerrada desde 2007– los más de 18.000 metros cuadrados que ocupa en estos momentos en las ocho sedes que ocupa en la ciudad, la mayoría de las cuales son de alquiler y que cuestan anualmente un montante global de 1,2 millones de euros a las arcas autonómicas. El Departament, de hecho, necesita aún más superficie para poder contar con un espacio suficiente para el crecimiento de futuro. Por ello, la Generalitat solicitó hace semanas al Consistorio poder hacer uso de todo el espacio central del complejo.
El segundo factor –y no por ello menos importante– es que el coste de construcción sea similar en ambas opciones. Los técnicos del Govern están llevando a cabo estudios económicos desde finales del pasado verano para valorar la operación, que podría financiarse con los Fondos Next Generation y con la venta de la antigua cárcel o del edificio de la Audiencia Provincial.
La representante del Govern del President Pere Aragonès (ERC) tiene previsto visitar el Consistorio hoy a partir de las 9.30 horas. Se reunirá con el alcalde y firmará en el libro de honor del Ayuntamiento. Este autógrafo, si se acompaña de un anuncio, puede tener más valor que nunca, ya que servirá para poner el punto y final a fin a un histórico agravio que sufre Tarragona: es la única capital de provincia catalana que no tiene una sede única para sus sedes judiciales. Toda una injusticia que, en breve, puede tener un horizonte de esperanza para abandonar la UCI y dejar visto para sentencia su aterrizaje a la Tabacalera o a Joan XXIII.
