Siete de cada diez comercios de Tarragona no han instalado aún puertas automáticas

Casi siete de cada diez comercios tarraconenses no han instalado el cierre de puertas. La obligatoriedad entraba en vigor en octubre, como una de las partes del Real Decreto energético que rige desde el mes de agosto. En la provincia, el 33,3% de establecimientos de la provincia sí han podido cumplir con este sistema de cierre automático. El 66,7% restante admite que no lo ha hecho y que necesitará más tiempo para amoldarse a esta normativa, último reducto de las medidas de ahorro, junto con el aire acondicionado no más bajo de los 27º C y la calefacción no más elevada de los 19. Así lo refleja una encuesta de Pimec que recoge las dificultades para la pequeña y mediana empresa de adaptarse a estos nuevos requerimientos por diferentes motivos.

Las casuísticas son diversas pero el dispendio económico que hay que afrontar es uno de los frenos. «Hay un porcentaje de personas que no están para hacer esta inversión. Quizás debería haber algún tipo de ayuda que específicamente como tal no existe», indica Jacint Pallejà, presidente de El Tomb de Reus.

Las asociaciones comerciales reconocen que la voluntad existe, aunque se topa con la losa de la altísima inflación y toda la incertidumbre que se deriva de ahí. En Tarragona el seguimiento de la norma es menor que en el global catalán, donde los que sí han podido cumplir rozan el 39%. Eso sí, la patronal lamenta «que no se haya tenido en cuenta la propuesta de moratoria» y reitera su «denuncia por la falta de ayudas».

Sin aire ni calefacción

Judith Sentís, dinamizadora de La Via T de Tarragona, considera que «hay que cumplir con lo que está marcado, aunque siempre es complicado cuando afecta al bolsillo». Una baza a favor es el clima de estos días. «Ahora hay comercios con las puertas abiertas pero no sabemos si están cumpliendo o no porque como no hace ni frío ni calor no tienen el aire ni la calefacción, lo iremos comprobando cuando llegue el frío», indica Sentís, algo crítica con esta medida del Gobierno que impacta en un tejido comercial que lo está pasando mal. El 24%, casi uno de cada cuatro comercios en Tarragona, han visto cómo les subía el precio del alquiler de su local, aunque la radiografía refleja sobre todo la preocupación por lo que pueda venir. El 44% cree que la situación empeorará en los próximos seis meses y su actividad descenderá.

Algunas empresas instaladoras no han tenido el volumen de encargos esperado. «No hemos notado nada. La gente prefiere esperar, a ver si ponen multas y entonces ya no tienen más remedio, pero muchos te dicen: ‘Si no me lo paga Sánchez, no lo pongo’», explica David López, de Puertas y Automatismos L. M., una empresa de Valls que incluso ha llegado a realizar ofertas especiales. «Hemos diseñado precios concretos, lo más ajustados posibles, pero no hemos notado mucha respuesta. Seguimos trabajando en otros productos, pero no en puertas automáticas para comercios», indica López. En Puertas Prieto, un establecimiento de Tarragona, sí que han percibido un interés, aunque tardío. «Hemos notado un incremento de las consultas y los encargos, sobre todo desde finales de septiembre y principios de octubre. Ya teníamos previsto que pasara, sabíamos que esta medida nos podría beneficiar», indica Claudia Mendoza.

Josué Lara, responsable de Metalbasic Cerrajería y Automatismos, en el Polígon Constantí, confiesa que «hemos visto poco movimiento, porque los comercios no están para gastarse 3.800 euros que puede valer una puerta».

Lara apunta a alternativas: «Instalamos motores en puertas batientes, para que se abran y se cierren, y así sale más barato». Lara también cree que jugó en contra el momento en el que se instauró la norma: «Este nuevo Real Decreto se gestionó y se aprobó en agosto, de una forma algo precipitada y cuando mucha gente estaba de vacaciones, algo que impidió captar suficientemente la atención de la gente, y a día de hoy muchos desconocen esta nueva obligatoriedad».

En Manusa, una fábrica de puertas y control de accesos inteligentes en Valls, sí han notado una mayor incidencia. «A raíz del decreto ley, las solicitudes se han visto incrementadas un 30%», explican desde la compañía, que añade que la norma «ha puesto de actualidad un tema que a nosotros nos preocupa y nos ocupa desde hace muchos años, nosotros llevamos más de 50 años instalando puertas. En nuestra trayectoria como empresa, hemos tenido muchos momentos importantes que han supuesto un repunte en nuestros pedidos».

Manusa incide en que comercios, bares y restaurantes ya estaban implementando estas mejoras que el decreto solo ha acelerado. «Hemos notado un incremento más en las cadenas de comercio que en el pequeño comercio», indica. Los precios en este centro de producción varían, en función del tamaño, el material, el grosor del vidrio de la hoja o los accesorios que automatizan. «Podemos decir que la horquilla más factible sería de entre 2.800 y 4.700 euros», añaden.

Que una tienda no tenga el cierre de puertas instalado no significa que vaya contra la ley. «El sector no tiene una varita mágica de soluciones inmediatas», cuenta Pallejà, que pone matices: «Una parte importante de establecimientos ya habían optado por encargar estas puertas antes de que recibieran la instrucción del Gobierno, porque la gente estudia los costes de su negocio y pueden ver que si hacen esa inversión, una vez queda amortizada, se puede ahorrar».

La opción barata: el muelle

Otra casuística es la de los empresarios que ya han hecho el encargo y tienen previsto que la instalación se haga a partir de esta segunda quincena de mes. También se están colocando muelles. «Hemos puesto bastantes porque salen más baratos», apunta Josué Lara.

La alternativa a ello es prescindir del suministro energético, con todas sus consecuencias. «Hemos pasado un verano muy caluroso y vamos hacia un invierno que será frío, pero mucho establecimiento tiene la puerta abierta y el aire parado. Todos ellos están cumpliendo», relata Pallejà.

Florenci Nieto, presidente de Pimec Comerç Tarragona, alerta también de «lista de espera», porque «los fabricantes no dan abasto y colocar puertas es muy difícil», «ya que están esperando accesorios y no hay suficiente material».

En la vallense Manusa, que también tiene otra fábrica en Polinyà (Barcelona) y tiene más de cien empleados, admiten que «a lo largo del año nos podemos encontrar con momentos de un incremento en el número de pedidos, de alguno de los mercados en los que tenemos presencia», aunque «tenemos plena capacidad de adaptación y respuestas a momentos de aumento de demanda, como en este caso». El plazo en esta firma es de cuatro semanas entre que se hace el pedido y la instalación.

Nieto lamenta que «los bancos tampoco están dando dinero y muchos comercios no pueden invertir 5.000 o 6.000 euros en esto». Todo el sector cierra filas y reivindica el compromiso por cumplir pese a los obstáculos. «Con el esfuerzo colectivo que se ha hecho, no es momento de que la administración se ponga a poner sanciones. Somos conscientes de que tenemos que bajar los consumos», aporta Pallejà.

La instalación de puertas para conservar la energía se añade a las otras medidas de descenso de consumo que, a grosso modo, parecen surtir efecto. Aunque en el global de septiembre el consumo eléctrico subió en Tarragona un 1% en relación a 2021 –un año condicionado por la Covid–, según los balances de Endesa, en las primeras semanas de la aplicación se logró reducir un 4,9%.