¿Cuánto cuesta despedir? Tarragona tiene el dato más bajo de Catalunya

Tarragona es la demarcación catalana donde, de media entre los meses de enero y junio de 2023, menos indemnización cobran los trabajadores que son despedidos –ya sea mediante una conciliación con la empresa, con 5.722 euros, o a través de un juicio que derive en sentencia favorable, con 8.818,5 euros–. Son datos publicados y actualizados periódicamente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Un desajuste que puede deberse al gran protagonismo que tiene el sector servicios en la economía tarraconense. Un ámbito laboral en el que prima la temporalidad, hecho que provoca que, pese a que, evidentemente, el coste por despido sea el mismo en toda España, las compensaciones de Tarragona sean inferiores a las existentes en Barcelona, Lleida y Girona.

Precisamente, la capital de Catalunya es donde las remuneraciones por despido son mayores: 14.170,3 euros en caso de acuerdo y 16.533 si existe una sentencia favorable –ya sea totalmente o en parte–.

En Girona y Lleida, los datos son parejos y, más o menos, alineados con la media de todo el Estado. Los gerundenses perciben 7.991,2 euros si hay acuerdo y 13.434,1 por sentencia judicial, mientras que los leridanos cobran, de media, 7.498,2 y 15.975,8 euros respectivamente.

En el ámbito estatal, hay algunos territorios en los que se recibe menos dinero que en Tarragona, tanto por conciliaciones como por sentencias judiciales. Ciudad Real es, con bastante diferencia, el que más destaca en negativo, con 2.199,2 euros en caso de alcanzar un acuerdo y 2.863,5 en el supuesto de que se llegue a los tribunales.

Aunque los datos han ido fluctuando últimamente, si las estadísticas actuales se comparan con las de hace una década, la media de las indemnizaciones de las cuatro demarcaciones catalanas es inferior a día de hoy, tanto si se llega a un acuerdo con la empresa como si no.

Poniendo el foco en los datos de Tarragona, la reducción en caso de conciliación es del 31,2% –de los 8.314,4 euros de 2013 a los 5.722 de 2023–, mientras que, si se llega a juicio, la bajada es del 39,3% –de 14.518,1 euros hasta 8.818,5–.

En ese 2013, hacía tres años de la reforma laboral aplicada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y empezaba a andar la nueva legislación impulsada por el ejecutivo de Mariano Rajoy, que fue actualizada el pasado 2022.

En esa norma renovada, el Gobierno de coalición formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos no tocó el coste del despido improcedente, hecho por el que aún siguen vigentes los 33 días por año trabajado de la norma del Gobierno Rajoy, con un tope de 24 meses (salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase en un número de días superior).

Previamente, se pagaban 45 días por año, con un máximo de 42 mensualidades. En el caso de que el despido sea colectivo y por causas objetivas –engloba los casos en los que no hay ‘culpa’ del trabajador–, se pagan veinte días por año trabajado, aunque la cantidad final no puede ser superior a doce meses de salario.

¿Por qué la media es baja?

El hecho de que la media de indemnizaciones sea más baja en la demarcación de Tarragona que en el resto de Catalunya y que en muchos puntos de España puede deberse a varios aspectos.

«En el cálculo de las cantidades confluyen salario y antigüedad, así que uno de los motivos por los que en Tarragona la media es más baja puede ser por el hecho de que se perciban salarios inferiores», expone Víctor Canalda, abogado laboralista en Tarragona y profesor de Derecho en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Sin embargo, según los últimos datos hechos públicos recientemente por la Agencia Tributaria, el sueldo anual medio de Tarragona –22.527 euros– es superior al de Lleida –21.565 euros– y al de Girona –21.836–.

El profesor Canalda vislumbra otra de las causas que pueden provocar el desajuste: «Un aspecto a considerar puede ser la menor antigüedad promedio de los contratos de la zona, ya que, aparte de las petroquímicas y algunas empresas grandes, el tejido productivo está conformado, en general, por pymes y microempresas, muchas de las cuales se dedican al sector servicios, con una alta rotación y contratos temporales».

Es una diagnosis que coincide con la que realizan los sindicatos: «Lo relacionamos con la contratación en el sector terciario, que ya sabemos la estacionalidad y la precariedad que conlleva en muchos casos», indica la secretaria general de CCOO en Tarragona, Mercè Puig.

«En el ámbito industrial, podemos negociar más para llegar a acuerdos antes de un hipotético juicio, pero en el sector servicios es más complicado», añade.

Por su parte, el secretario general de UGT en Tarragona, Joan Llort, remarca que «pese a que haya habido más contratación fija, al final de la temporada estival hay muchos trabajadores que salen del mercado laboral con una antigüedad de pocos meses, cosa que hace que la indemnización sea menor».

Según la responsable de relaciones laborales y negociación colectiva de PIMEC, Ariadna Guixé, «es posible que Tarragona tenga una demografía laboral que genere más dinamismo y movimiento de trabajadores, lo que desemboca en una menor antigüedad que, en consecuencia, se traduce en compensaciones más bajas, ya que, evidentemente, los derechos de los tarraconenses son los mismos que los de los barceloneses».

Hoja de ruta del nuevo ejecutivo

Modificar las condiciones del despido es una de las promesas del nuevo Gobierno de coalición formado por el PSOE y Sumar, según el documento que refleja los objetivos del pacto.

«Establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral», expone uno de los puntos. Según Puig, «el del despido es uno de los temas de los que sigue hablándose».

En palabras de Guixé, «si hay que debatir sobre ello, debe hacerse desde el diálogo social con todos los agentes y sabiendo que la indemnización tiene un efecto real sobre el mercado laboral».

Una de las posibles medidas sería el llamado ‘despido restaurativo’, según el cual, a la hora de calcular las indemnizaciones, las empresas tendrían que tener en cuenta otros factores más allá de la antigüedad de los trabajadores. Es una doctrina que ya han aplicado algunos tribunales.

En este sentido, Guixé reclama «seguridad jurídica»: «No puede ser que tengamos una norma que fije las indemnizaciones legales y que no haya garantías reales de que se cumplan».

Por el momento, no se han dado más detalles sobre cómo el nuevo Gobierno articulará las posibles reformas de la legislación relacionada con el despido.