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El Ayuntamiento de Tarragona todavía arrastra una deuda millonaria por dos de sus principales obras, ya sea por bien o por mal, de este siglo XXI: la reforma del Mercat Central y el no parking Jaume I. Ambos proyectos se llevan buena parte (30,2 millones) del elevado pasivo que tiene a día de hoy el consistorio, un hecho que pone contra las cuerdas las finanzas municipales para 2024 debido al elevado volumen de recursos que deben destinarse cada año a pagar a los bancos y no al gasto corriente.
En global, estas dos actuaciones suponen casi el 20% de la deuda a largo plazo que maneja este 2023 la administración de la Plaça de la Font, que asciende a 156 millones de euros entre la estructura del propio consistorio y sus organismos dependientes, según el último informe del interventor general. Así, la previsión para el próximo año es la de destinar un montante total de 18,7 millones a las entidades financieras. De esta cantidad, 14,5 corresponde a la amortización propia de la deuda, mientras que 4,2 millones se abonarán para unos intereses que se dispararán en 2024 en 2,1 millones, a raíz del encarecimiento del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo.
La deuda: el 10% de los gastos
El pago de la deuda supone una cifra que llega casi al 10% de unas cuentas de la corporación local a las que, a día de hoy, todavía les faltan 14 millones para poder cuadrar los números, según ha expresado recientemente el alcalde, Rubén Viñuales (PSC), quien incluso ha alertado del riesgo de que el Ayuntamiento se sitúe en «situación de quiebra» si no se toman medidas. El pago a los bancos es, pues, superior al dinero que falta para equilibrar los gastos y los ingresos corrientes del día a día.
Se da la circunstancia de que, este 2023, el consistorio registra una ratio de deuda del 84% de sus ingresos (se deben 156 millones cuando los ingresos ordinarios son 185). En este sentido, la cifra es ligeramente superior al límite legal del 75%, si bien durante los cuatro últimos años esta se ha rebajado en 24 millones de euros, pasando de una ratio del 99% a estar a las puertas del máximo permitido para no tener que solicitar permiso a la Generalitat de Catalunya para poder acudir al préstamo bancario. Asimismo, según la senda de pago elaborada por los técnicos municipales, la previsión es la de situarse en el 80% en 2024 y estar por debajo del 75% al final de este mandato municipal.
Este 2023, el Ayuntamiento tiene previsto reducir su deuda en estas dos obras en más de 1,3 millones de euros: 981.000 en el Mercat y casi 400.000 en el Jaume I, que ahora computan como deuda de la Empresa Municipal de Transports (EMT) pese a que fue contraída por la ya extinta y unificada con la EMT– Aparcaments Municipals de Tarragona.
Tres préstamos para el Mercat
En 2010, para poder ejecutar las obras del Mercat, Espimsa solicitó 19 millones de euros entre tres préstamos bancarios que deben acabar de pagarse en 2032, 2035 y 2040. Pese a que los créditos los solicitó un ente municipal y no el propio consistorio, este lo avaló, por lo que computa en la deuda consolidada.
El informe del presupuesto municipal de este año del interventor revela que, durante 2023, está previsto amortizar 981.771 euros para rebajar la deuda pendiente en el Mercat, situándola en los 15,9 millones cuando a inicio de este ejercicio era aún de casi 16,9. Así, se pagarán 333.907 euros por el crédito que se amortizará hasta 2040, otros 247.863 para el que finaliza en 2035 y 400.000 para el que vence en 2032.
Las primeras actuaciones en el inmueble se iniciaron en 2011. Ese año se puso la primera piedra, mientras que el recinto entró en servicio en marzo de 2017, después de que los paradistas estuvieran diez años en la carpa provisional de la Plaça Corsini. Desde entonces, el recinto se ha convertido en un revulsivo económico del centro de la ciudad, recuperando una zona que, entre 2011 y 2017 sufrió una importante decadencia por las largas actuaciones de reforma.
El gran desastre de la Part Alta
Paralelamente, en agosto de 2008 el consistorio solicitó un préstamo por valor de 15 millones de euros para unificar toda la deuda generada por la obra del no parking Jaume I, un hipotético aparcamiento soterrado en la Part Alta que nunca ha entrado en funcionamiento. De hecho, las obras se paralizaron en febrero de 2008 y, desde entonces, no se ha vuelto a actuar en el agujero situado frente al Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili (URV).
Según el informe del interventor, la deuda a 31 de diciembre de 2022 era de 14,7 millones de euros, una cifra que durante este año está previsto rebajar en 393.000 euros, hasta situarla en los 14,4 millones. Se da la circunstancia, además, de que el mayor desastre de la ciudad deberá pagarse hasta el año 2043.
