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La enésima disputa entre el Ayuntamiento de Tarragona y el camping Las Palmeras acabará fijando doctrina sobre la necesidad, o no, de que las mobile homes dispongan de licencia urbanística. Así lo ha acordado la Sala de Admisión del Tribunal Supremo, que ha tenido en consideración la «ausencia de jurisprudencia» al respecto y el «gran número de situaciones» que pueden verse afectadas.
El caso ha llegado al alto tribunal tras pasar por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Tarragona y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que de momento han avalado la decisión de la administración local.
El punto de partida es el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la sociedad Agrocamping SL, por un decreto de alcaldía del 11 de mayo de 2018 por el que se denegaba la legalización de la colocación de mobile homes en dicho establecimiento, ubicado en la Platja Llarga. El organismo judicial desestimó tanto esta primera demanda, como el recurso de apelación, por lo que la parte demandante acudió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
El TSJC razonó que, de acuerdo con el texto refundido de la Llei d’Urbanisme de Catalunya se encuentran sujetos a licencia urbanística previa «todos los actos de transformación o utilización del suelo o del subsuelo, de edificación, de construcción o de demolición de obras». En base a esto resuelve que «la instalación o permanencia en un camping de una mobile home constituye un uso del suelo, que queda sujeta a licencia urbanística previa».
Asimismo, este organismo también tuvo en consideración que el hecho de que las mobile homes dispongan de ruedas «no altera que su ocupación de terreno en un camping comporta un uso del suelo que está sujeto a licencia urbanística.
En el recurso de casación, Agrocamping SL alega que de acuerdo con el Reglamento General de Vehículos las mobile homes podrían encajar dentro de la categoría de los «remolques» ya que pueden considerarse remolques habitables.
El alto tribunal entiende que debe pronunciarse sobre esta cuestión controvertida «dada su incidencia en el régimen urbanístico de la propiedad del suelo y el control de la utilización de éste por la administración competente, a lo que se une la novedad que representa la aparición de las mobile homes o casas móviles».
En concreto, la decisión deberá adoptarla la sección quinta de la Sala de lo Contencioso, que en primer lugar deberá determinar la naturaleza de las denominadas mobil homes en cuanto a la exigibilidad de licencia urbanística por uso del suelo. A partir de ahí, el Supremo resolverá si la licencia de actividad de camping ampara también la instalación de estas casas móviles o no, un pronunciamiento que fijará doctrina sobre esta materia.
El vicepresidente de la Associació de Campings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre, Joan Anton, lamenta que este es un aspecto que no está «regulado», lo que comporta que ahora mismo cada municipio «es libre de poner más o menos impuestos».
‘No’ comportan obras
El vicepresidente de la asociación expone que «es un debate interesante en el que cada ayuntamiento tiene una forma u otro de entenderlo y, en el caso de Tarragona ciudad, no acaba de estar claro como en la mayor parte de los municipios», argumenta.
El sector defiende que las mobile homes «no comportan ninguna obra». Asimismo, la Llei d’Acampada de Catalunya hace una distinción entre elementos de acampada móviles, semimóviles y fijos, y el caso que nos afecta se incluye dentro de este segundo parámetro. «Aunque necesitan un transporte especial para poder remolcarlos la ley no deja de considerarlos un elemento semimóvil», añade por su parte el persidente de la Associació de Campings de Tarragona Ciutat, Roger Trillas.
Trillas y Anton coinciden en que este debate podría aplicarse a muchos otros «artefactos arquitectónicos» que han hecho que este sector haya evolucionado hacia el mundo del glamping, como es el caso de instalaciones deportivas y baños. Por este motivo, el sector pide «seguridad jurídica» para poder seguir tomando sus decisiones. «Si todo esto sirve para esclarecer las cosas, adelante», apunta Joan Anton. No obstante, los representantes de las asociaciones que agrupan a estos establecimientos aseguran que la situación genera «preocupación», ya que ahora mismo se desconoce cómo pueden acabar de resolverse una situación cuya sentencia definitiva no se espera que llegue hasta dentro de dos o tres años.
Ambas partes han evitado pronunciarse, aunque desde el Ayuntamiento de Tarragona se señala que de momento la única sentencia «avala» el criterio adoptado desde esta administración.
