Un pacto «al 64%» sin cuentas, POUM ni Consells de Districte

Al mal tiempo, buena cara. Pese a no poder contar con un nuevo presupuesto para 2022, no tener un POUM actualizado por orden del Tribunal Supremo y estar en minoría en el Saló de Plens, los tres partidos que forman el gobierno municipal (ERC-Junts per Tarragona-CUP) se muestran «satisfechos» por el «alto» nivel de ejecución de los 161 puntos del pacto de gobierno que firmaron el 15 de junio de 2021, en un paso que supuso el gran punto de inflexión del presente mandato municipal.

Durante los últimos 366 días no han sido pocos los obstáculos con los que se ha encontrado el nuevo gabinete de Pau Ricomà (ERC). El primero fue solo tres días después de confirmar el divorcio con En Comú Podem, cuando se frenó la principal promesa electoral de Esquerra de 2019: los Consells de Districte. Meses después, y pese a la mano tendida de Carla Aguilar (ECP) para impulsar la división de la ciudad en cinco zonas, el alcalde decidió congelar sine die el proyecto al dejar a cero su partida económica. Tras verano, la minoría en el pleno se evidenció en dos votaciones clave. En octubre, el gabinete de la Plaça de la Font intentó subir un 5% la tasa de la basura y un 3,9% el IBI para ingresar 2,6 millones de euros más. La oposición vetó la decisión y, solo dos meses después, la comisión de Serveis Centrals tampoco aprobó el nuevo presupuesto, dejando a Tarragona como la única ciudad catalana de más de 70.000 habitantes que no tiene cuentas para este año. Más difícil todavía...

«Generamos convivencia»

Pese a la situación económica, los tres partidos del pleno se muestran optimistas. «Estamos tirando adelante la gran mayoría de objetivos políticos que sirven para llenar de vida la ciudad, preservar el espacio natural y generar convivencia y espacios de encuentro», reivindica el portavoz de ERC, Xavier Puig, quien destaca que «Tarragona ha dejado atrás la dinámica perdedora». ¿Cómo? «Desencallando deudas históricas como el Fòrum Judicial, la Ciutat de Repòs, el nuevo Joan XXIII, el carril bici de Llevant o la Necròpolis», en un paquete de inversiones públicas que ascienden a más de 300 millones «y que se ejecutarán en los próximos tres ó cuatro años».

La CUP es la formación que concreta más el grado de desarrollo del pacto. «Un 64% se ha ejecutado, se está ejecutando o está en vías de ejecutarse», indica su portavoz, Eva Miguel, quien destaca «los acuerdos en memoria histórica, la gestión de los Casals d’Estiu, la fusión de la EMT con la AMT, el papel activo para despurar responsabilidades del Jaume I y el trabajo en sostenibilidad y urbanismo» como puntos a favor de estos doce meses. Asimismo, hasta final de mandato las cupaires quieren «regular la ubicación de terrazas para evitar la masificación y mercantilización del espacio público», así como impulsar «la participación ciudadana, los Consells de Districte, la auditoría de cumplimiento de los Juegos del Mediterráneo, estudiar la municipalización del agua y personarse como acusación popular en los abusos a la ciudadanía del 1 de octubre de 2017».

Junts per Tarragona también recalca el «alto» grado de cumplimiento del pacto. «Los tarraconenses valoran positivamente el papel de la Guàrdia Urbana con el incivismo y la policía de proximidad, la renaturalización de la ciudad y la recuperación de autoestima por parte del sector comercial», ensalza su portavoz, Dídac Nadal, quien reconoce que «somos tres partidos diferentes que no coincidimos al 100%», un hecho, sin embargo, del que destaca que «el debate interno es la herramienta para que la ciudad avance».

Luces y deberes pendientes

Entre los puntos del pacto ejecutados en los últimos meses destacan cuestiones como la retirada de las placas franquistas de la ciudad, el acuerdo con la Generalitat para el traspaso del Palau d’Esports del Anillo Mediterráneo, la organización del Festival Teta, la puesta en marcha del parque infantil inclusivo de la calle Yxart, el impulso del estudio independiente de la calidad del aire, el carril bici educacional, las obras de peatonalización de la calle Canyelles o el anuncio de la retirada de la plataforma del Miracle.

Por contra, el pacto establecía puntos que de momento no se han visto, como la «realización de referéndums consultivos –como el de la Quinta de Sant Rafael, previsto para el pasado mes de noviembre–, el aumento del presupuesto de los presupuestos participativos –que en 2022 no habrá–, la puesta en marcha de la Taula de Gestió del Patrimoni, dar utilidad sociocultural y educativa al edificio de Lletres, al Banco de España y a la Tabacalera, impulsar internalizaciones de servicios públicos –como el agua o la basura– o fusionar Espimsa con la EMDE». Con una nueva crisis económica en el horizonte a raíz de la guerra en Ucrania, la travesía hasta 2023 se prevé con un mar muy revuelto para un gobierno que cada vez cuenta con una embarcación más tocada. ¿Será suficiente para poder llegar a buen puerto?