En la puerta del piso de Campclar cuyo marco está destrozado todavía luce una plaquita dorada que recuerda que en algún momento aquel fue el hogar de dos vecinos que se llamaban Pilar y Manuel.
Ahora, aunque no se sabe por cuánto tiempo, viven allí Montse y Aaron junto a seis de sus ocho hijos. Las y los que viven en la casa tienen 15 años, 12 y 12 (hay una pareja de gemelos), 3, 2 y 7 meses.
Llegamos un poco antes de la una de la tarde, la hora a la que les han avisado que serán desahuciados. La mesa del comedor está llena de varias montañas de ropa infantil apilada. Los niños no han ido a la escuela en previsión de lo que pueda pasar. Nadie ha dormido.
La estafa mil veces repetida
Relata Aaron que aquí llegaron a vivir en agosto de 2022. El piso se lo alquilaron dos hombres que conocían del barrio. Todo el trato fue de palabra y les dijeron que luego firmarían un contrato que nunca llegó porque los supuestos arrendatarios iban y venían de Asturias. Desembolsaron 3.500 euros en efectivo «por la fianza y por si había desperfectos». Cada mes les pagaban en mano 200€.
Aaron cuenta que aunque no había contrato de papel sí que les dieron la llave del piso, la de la entrada del portal y la del buzón. Además, tenían electricidad y agua. «Como estábamos muy necesitados, aquí nos metimos», reconoce.
El contrato fue de palabra, pero tuvieron que dar una fianza de 3.500 euros, relatan
Previamente habían estado viviendo en la casa del padre de él, pero el hombre tiene una enfermedad y la convivencia con tanta familia era complicada.
La estafa, según relata, se destapó en marzo del año pasado, cuando vinieron del juzgado a explicarles que el propietario del piso (una sociedad de inversión cuyo propietario principal es un fondo buitre) había comenzado el proceso para desahuciarlos. A partir de entonces los supuestos arrendatarios desaparecieron del mapa y ya nunca más respondieron al teléfono.
Desde entonces todo han sido gestiones que reconocen que no siempre comprenden cómo hacer y que se les han hecho una montaña. Intentaron conseguir un abogado de oficio, pero se lo han denegado porque faltaban documentos.
Consultadas respecto al caso, fuentes de los servicios municipales aseguran que a la familia se le ha hecho seguimiento pero no han colaborado. Apuntan que incluso se les ofreció una alternativa habitacional temporal que rechazaron. También se envió un informe de vulnerabilidad a los juzgados.
Tanto Montse como Aaron niegan la mayor. Aseguran que su asistenta social les ha apuntado a una mesa de emergencia y que ahora mismo no tienen adónde ir ni temporal ni permanentemente. «Si tuviéramos dónde ir, ¿cree que estaríamos aquí? ¿Quién puede querer que sus hijos pasen por algo así?», se preguntan.
Servicios Sociales asegura que les ha ofrecido alojamiento temporal; ellos lo niegan
Pasados unos minutos de la una tocan a la puerta agentes de los Mossos d’Esquadra que les explican que van a proceder al alzamiento. La tensión, hasta entonces contenida, comienza a hacer mella. Los niños mayores se ocupan de las niñas más pequeñas, que comienzan a llorar. Aaron dice que de allí no se mueven y se niega a abrir la puerta.
Se hace el silencio durante unos minutos mientras los agentes van a buscar a los miembros del juzgado. Aaron se empeña en desenredar el cabello de una de las niñas que se acaba de despertar.
Al regreso la secretaria judicial les explica la situación y trata sin éxito de negociar para que abran la puerta. Finalmente, tras unos quince minutos durante los que solo se escuchan frases entrecortadas, desde fuera les anuncian que el desahucio se pospone hasta el 7 de junio a las 12 horas.
La secretaria insiste en que ningún abogado ha presentado un escrito por ellos en el juzgado, mientras Aaron le habla del informe de los Servicios Sociales y de una asociación gitana. Desde fuera parece claro que no se están entendiendo.
Cuando la comitiva se va, los niños más mayores, que no han dicho ni media palabra en más de una hora, se abrazan al padre. Parece la alegría contenida de un «por ahora».
Del piso se sale con la sensación de que esto es solo una tregua. La familia vive con la pensión de él, que tiene una discapacidad del 65%, y la renta mínima de ella. Él tiene 41 años; ella, 32, y ambos son demandantes de empleo... Los niños siguen sin hablar.
