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El pleno del Senado ha rechazado la moción de Vox para instar al Gobierno a solicitar la ilegalización de Junts y ERC, frente a la que han votado en contra el PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, y el resto de los grupos.
Vox ha defendido la ilegalización de sendos partidos independentistas catalanes basándose en las acusaciones de terrorismo contra los CDR y Tsunami Democràtic y contra Marta Rovira (ERC) y el expresident Carles Puigdemont (Junts), investigados por el Tribunal Supremo y a los que Vox considera «cerebros de esas bandas».
A pesar de que no hay condenas en firme contra Rovira ni Puigdemont, Vox sostiene que se pueden disolver sus formaciones aplicando la Ley de Partidos, que señala como motivo de ilegalización la inclusión en los órganos o listas de personas condenadas por terrorismo o que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas.
La senadora de este partido, Paloma Gómez Enríquez, ha denunciado que en Cataluña hubo un «golpe de Estado», que estos grupos pretenden «conseguir la independencia de Cataluña empleando la violencia en su máxima expresión» y que «serán reincidentes y no pararán hasta que lo consigan».
El PP no se suma
Los argumentos de Vox no han convencido ni a derecha, ni a izquierda y solo han tenido el apoyo de sus tres senadores.
La senadora del PP, María Yolanda Ibarrola, ha defendido que Vox sabía que los populares iban a rechazar esta moción desde que Santiago Abascal la mencionó con «una velada amenaza» de retirarles los apoyos si no se sumaban.
Sostiene el PP que esta petición no tendría visos de prosperar tampoco en el Tribunal Supremo, avisa de que no hay «ni una sola sentencia firme que avale la acción que se pretende» y acusa a Vox de buscar un «forzado protagonismo» y un «altavoz que les haga parecer los mayores defensores de España principalmente frente al PP».
«Se confunden, con su actuación al final a quien terminan beneficiando es a Pedro Sánchez y a sus socios», ha agregado Ibarrola, que ha recordado que el PP se opuso a esta iniciativa también en el Congreso.
El PP ha prometido además hacer desde el Senado «todo lo que en derecho quepa para frenar la deriva tiránica del Gobierno».
Indignación en ERC y Junts
La iniciativa de Vox ha provocado las quejas de los dos partidos a los que pretendía ilegalizar. El senador de Junts Josep Cleries ha señalado que la moción de «odio» responde al enfado por la investidura y es una «pirueta judicial» basada en que la Audiencia Nacional convierta «una manifestación en un presunto acto terrorista».
«No son capaces de derrotarnos en las urnas y por eso nos quieren eliminar del mapa político, ‘spoiler’: no servirá de nada», ha subrayado la senadora de ERC Sara Bailac Ardanuy, que ha defendido además que no servirán ni la represión ni la amenaza de ilegalización ni las «estratagemas judiciales» porque persistirán en su búsqueda de una república catalana».
La senadora de ERC ha sostenido además que «ser independentista es un derecho y con el fascismo delante prácticamente una obligación».
Críticas de la izquierda y el PNV
Los grupos de la izquierda y socios del Gobierno como el PNV han coincidido en avisar a Vox de que podría ser el «cazador cazado» pues creen que Vox podría encajar en «epígrafes» de ilegalización de la Ley de Partidos.
Acusan a este partido de promover y exculpar la persecución de las personas por razón de su ideología, religión, creencias o nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. «Se les ha ocurrido pedir su propia ilegalización?, ha preguntado por ejemplo la senadora del PNV Estefanía Beltrán.
Desde el PSOE, el senador Antonio Magdaleno Alegría ha pedido al PP «frenar el odio» y ha propuesto que «hagan como sus homólogos alemanes y pongan un cordón sanitario a esta extrema derecha» y la expulsen de sus Gobiernos autonómicos.
