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La Guardia Civil ha remitido a la juez Carmen Rodríguez-Medel su segundo atestado sobre la denominada ‘operación Sanitario’, la investigación sobre la manifestación del 8-M y la propagación del virus. En ese informe, elaborado el 1 de junio, los investigadores zanjan que los responsables de Sanidad eran plenamente conscientes del riesgo que comportaba el coronavirus y su llegada a España desde enero y que, a pesar de ello, no pusieron objeciones a la celebración de los actos multitudinarios de ese fin de semana previo a la declaración del estado de alarma.
Según publica El País, «en el informe, la Guardia Civil mantiene la línea de investigación de su primer informe, pese a los errores que este recogía. De hecho, los agentes admiten algunos de ellos, aunque destacan que los mismos no modifican, ‘en absoluto, los hechos de relieve plasmados en la investigación en curso’. Así, reconocen que incluyeron erróneamente la palabra ‘pandemia’ en la declaración que hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 30 de enero. Entonces, la organización médica internacional hablaba de ‘emergencia de salud pública de importancia internacional’. Los agentes admiten ahora que no fue hasta el 11 de marzo, tres días después de que se celebrarán las manifestaciones del 8-M, cuando el director general de la OMS utilizó el término para hablar del Covid-19. Y, a continuación, añaden que dos días después este organismo señalaba Europa como epicentro de la enfermedad fuera de China, origen del foco».
De acuerdo a El País, «el nuevo documento policial, que también reconoce errores en algunas referencias a documentos, admite que trastocó totalmente el sentido del testimonio que prestó ante ellos Antonio O’Connor, secretario general de la CGT en Madrid, sobre los motivos que le llevaron a suspender la concentración que había convocado para esas fechas. Los agentes aseguraban en su anterior informe que el sindicalista había manifestado que lo hizo por el riesgo de contagio, cuando en realidad lo fue para buscar una fecha posterior más próxima a la celebración de un juicio contra el que pretendían protestar».
Pese a esos errores de bulto, la Policía Judicial afirma que el principal «dato de interés» del interrogatorio de responsables del ministerio es la «prontitud» con la que éstos «apreciaron la importancia de posibles riesgos del Covid-19». Según los investigadores, el Gobierno era consciente del peligro de la transmisión del virus en España casi dos meses antes de la marcha feminista, hasta el punto de que «ya en enero de 2020» Sanidad emitió «protocolos específicos e informaciones de distinto orden» para, entre otros asuntos, comenzar «el control de distintos pasajeros en fronteras».
Este nuevo atestado incluye multitud de informaciones periodísticas. Entre ellas, los responsables de la Policía Judicial presentan a la juez como prueba el vídeo hecho público por ABC esta semana en el que la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante una charla off the record con una periodista de la televisión vasca EITB el 9 de marzo, reconocía que el pinchazo en la manifestación feminista del día anterior había sido por el temor a la Covid y que ella misma había sentido miedo cuando la gente le besaba y abrazaba durante la marcha.
