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Hoy viernes acaba el plazo otorgado por la mediadora judicial para que la decena de familias residentes en el Camping La Unión y la propiedad del mismo lleguen a un acuerdo para el desalojo. Fuentes de la negociación reconocían ayer que siete de las familias han alcanzado una resolución, mientras que otras tres deben dar hoy su respuesta definitiva. De ellas, una firmará probablemente el acuerdo esta misma mañana. Las otras dos, lo rechazan y proseguirá el pleito de desahucio.
Mientras, una y otra parte han presentado querellas cruzadas. Si tres campistas se querellaron inicialmente contra el apoderado del camping, este respondió con otra contra ellos. Después de que los hechos pasaran por los juzgados 1 y 6 de Tarragona, ahora es el servicio de mediación el que trata de cerrar una resolución final que consiga contentar a ambos bandos. La fecha límite para dejar el recinto es el 10 de diciembre.
La situación se tensó hace unos días, concretamente el pasado día 22, cuando los residentes denunciaban que «una banda organizada y aleccionada entró en el camping destrozando a conciencia los baños y las duchas que utilizamos las familias, saqueando lo que pudieron y amenazando a los que todavía seguíamos allí con destrozar y quemar los módulos donde vivimos. Los hemos denunciado en un juzgado de Tarragona». Para ellos, se trata del último capítulo de «coacciones y arbitrariedades de las que hemos sido objeto». Además, aseguran que llevan semanas sin suministro eléctrico ni de agua. Entienden que «es otra forma de coaccionarnos». Sin embargo, desde la propiedad dicen que el corte de suministros es por impago.
Los afectados recuerdan que en las últimas semanas «hemos estado viviendo una decena de familias vulnerables con hijos pequeños, personas mayores con enfermedades crónicas, sin que hubiera alguna alternativa habitacional. Es más, la situación actual del camping es de insalubridad, deterioro, miseria, ratas, suciedad...».
Uno de los afectados es Julio Esteban Álvarez, que explica que se han reunido con la propiedad y que varios residentes han llegado a un acuerdo tras la mediación. Pero, en su caso, «no hay acuerdo. Hemos sufrido coacciones y algunas familias han acabado cediendo. Veremos cómo acaba la situación». Recuerda que «a mí me ofrecieron hace un mes una cantidad para que me fuera. Ayer -refiriéndose al miércoles- ya tan sólo me ofrecieron la mitad. Me han ocasionado daños y perjuicios, porque yo tengo pagado hasta el próximo día 31 de diciembre».
Sospechas
Los residentes sospechan que el cierre del camping y las amenazas y coacciones que denuncian se deben a una razón: «creemos que han vendido los terrenos para construir bloques de pisos. La prueba de ello es que han echo catas en el suelo del camping. Intuimos que lo han vendido, pero no sabemos a quién y que debe haber una fecha tope para que nos vayamos. Fuentes de la propiedad no quisieron detallar el futuro de la finca.
Los residentes tampoco entienden la desgana por recibirlos por parte del alcalde de Salou. «Granados no querido saber nada de nosotros. Por no contestarnos, no lo ha hecho ni la asistencia social», dicen algunos de ellos.
El acuerdo económico alcanzado entre la propiedad y los residentes no es idéntico para todos los casos. «Cada uno es un mundo», asegura Francisco Cano, apoderado del Camping La Unión que se encarga de las negociaciones.
Quien sí llegó a un acuerdo fue Basilio Díaz, de 74 años, quien está buscando un apartamento «aunque sea muy pequeño. Es para mí solo. En La Pineda me han dicho que hay pisos para gente sola a precios asequibles. En Salou es imposible, está todo muy caro». Y se pregunta: «¿a dónde voy a ir yo a mi edad y en estas circunstancias?».
Para entender la situación actual cabe remontarse a inicios de año. Fue el pasado 28 de febrero cuando el Camping La Unión cerró sus puertas aunque en su interior quedaban varias familias. Algunas de ellas fueron llegando a acuerdos para abandonar el recinto en los siguientes días, aunque otras se negaron a hacerlo. Tras una prórroga de quince días, esta se extendió en el tiempo dado que los afectados aseguraban no tener dónde ir y que «habíamos pagado religiosamente las mensualidades correspondientes como para que nos echen ahora». Con el cierre, el camping ponía punto y final a 35 años de su existencia.
Fue hacia mediados de marzo cuando las grúas derribaron el supermercado del centro. La situación entre ambas partes ha ido deteriorándose paulatinamente desde entonces. Ahora, más de ocho meses después, la situación parece acercarse al final.
