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El alcalde de Torredembarra, el republicano Eduard Rovira, ha querido dar su opinión una vez se ha publicado la noticia de la sentencia del Tribunal Superior de Justícia en la que ordena al Ayuntamiento que reconozca a Josep Gili (inspector de la Policía Local suspendido de empleo y sueldo) "todos los efectos administrativos y económicos correspondientes al puesto a partir de los seis meses de aplicación de la medida cautelar".
Rovira remarca que "la sentencia del TSJC no es firme y nos planteamos recurrirla". El Ayuntamiento torrense tiene un plazo de 30 días desde su publicación para presentar recurso de casación al Tribunal Supremo. E diciembre, un mes repleto de festividades, la fecha límite se va a mediados de enero.
Durante estos días laborables de diciembre, el equipo jurídico del consistorio y el propio gobierno analizarán los pros y contras de acudir al Supremo o dejar la vía judicial y acatar la sentencia del TSJC, publicada el 30 de noviembre.
El alcalde torrense añade que "la sentencia no pone en duda la suspensión cautelar de empleo y sueldo de los primeros seis meses del exjefe de la Policía Local (del 15 de junio al 15 de diciembre de 2015), como tampoco habla del actual papel que ejerce el señor Gili una vez se levantó la suspensión cautelar (1 de septiembre de 2016)".
Por todo ello, Eduard Rovira considera que la sentencia del TSJC no implica que "se restituya al señor Gili a su antiguo puesto de jefe de la Policía Local de Torredembarra" y que puede tener sus condiciones laborales de inspector, pero ejerciendo otras funciones municipales.
Rovira apunta que la propia sentencia del TSJC admite que hay resoluciones similares en que el fallo ha sido sentido contrario y con estos precedentes hay que "reunirse y decidir si recurrimos al Supremo o no", ha concluido.
