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13 robos en las viviendas, el último la noche del martes; otros 10 intentos de asalto y numerosas tentativas de ocupar casas. Son los constantes episodios de inseguridad que han sufrido en los últimos meses los vecinos de la urbanización Bonmont Terres Noves, en Mont-roig del Camp.
La asociación de propietarios, que forman más de un centenar de personas, reclama al Ayuntamiento que actúe y tome medidas efectivas para solucionar este problema con el que tienen que convivir casi a diario, incluso con las propias familias en el interior de los domicilios, y que, paradójicamente, tenían resuelto antes de que el consistorio asumiera hace siete años la recepción de esta urbanización, de 14 hectáreas de extensión, en la que hay 400 chalets y adosados alrededor de un campo de golf.
«Fue a raíz de la recepción cuando el Ayuntamiento nos obligó a retirar las barreras que teníamos en la entrada, ya que determinó que las calles tenían que ser de acceso público y hacía falta desinstalar cualquier sistema de control», asegura el presidente de la asociación de propietarios, Jordi Jardí.
Los vecinos aseguran que, después de los últimos episodios vividos, ya han hecho todo lo que podían por su parte para frenar a ladrones y okupas, después de contratar incluso un servicio de vigilancia privada que actúa los siete días de la semana. Se suma a las alarmas y sensores que tienen instaladas en las viviendas y a las funciones de los cuerpos policiales (Policía Local de Mont-roig del Camp y Mossos d’Esquadra).
Los residentes están coordinados con ellos cuando detectan a personas intrusas dentro de la urbanización llamando de inmediato al 112. Con este sistema, por ejemplo, han logrado abortar varios intentos de ocupaciones.
Sin embargo consideran que el Ayuntamiento mantiene una evidente inacción en un aspecto clave para acabar definitivamente con la inseguridad: la conexión con los sistemas de seguridad municipales de dos cámaras de videovigilancia, en las dos entradas de la urbanización, que los propios vecinos han decidido pagar de sus propios bolsillos.
«El Ayuntamiento nos dijo el 8 de noviembre de 2021, en una reunión celebrada a instancia nuestra, que antes de acabar el año estarían licitadas 13 cámaras en distintas entradas del municipio; nosotros nos comprometimos a comprar e instalar dos más que se pudieran conectar al resto. Pero tras una nueva reunión, cuatro meses después, hemos podido constatar que ni tan solo se han iniciado los trámites administrativos y legales imprescindibles para instalar estas cámaras», lamentan los vecinos, que están dispuestos a realizar acciones reivindicativas.
Sobre estas quejas el Ayuntamiento puntualiza que los hechos delictivos en este ámbito no están disparados ni se corresponden con la imagen que denuncia la asociación de vecinos. En Bonmont, según datos de la Policía Local y Mossos d’Esquadra, se ha concentrado en la última semana dos robos con fuerza en una misma vivienda, lo que según el consistorio «puede haber incrementado la sensibilidad del vecindario en esta zona, pero en ningún caso supone un descontrol».
El Ayuntamiento recuerda que la competencia en materia de seguridad ciudadana es de Mossos d’Esquadra, y que a pesar de todo la Policía Local de Mont-roig del Camp está haciendo un gran esfuerzo por mantener a raya los hechos delictivos, que tienden a la baja con respecto a los robos con fuerza.
Los retos en el control policial son altos en un municipio tan extenso -64 kilómetros cuadrados y 22 urbanizaciones- pero según el Ayuntamiento «se está trabajando para mejorar la seguridad de las urbanizaciones con la ubicación de cámaras de vigilancia que se podrán controlar desde las dependencias policiales. El expediente administrativo para llevar a cabo la licitación de las nuevas cámaras se abrió el pasado 7 de febrero y se encuentra en proceso de tramitación».
En cuanto a las quejas de la asociación por la falta de control de acceso a la urbanización el Ayuntamiento recuerda que la urbanización «está recepcionada en su totalidad, la gestión es completamente municipal" y no puede darle "un trato diferenciado respecto a otras urbanizaciones del municipio". Esto incluye el hecho de que no puede limitar la libre circulación en vías que ya son públicas ni realizar una vigilancia policial especial, más allá de reforzar la atención cuando se considera necesario o cuando existen requerimientos.
