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El antiguo interventor de Torredembarra denuncia interferencias de Efial en su gestión

En el caso de los locales, el funcionario requirió al Ayuntamiento «ser más preciso»

| Actualizado a 22 junio 2022 16:35
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El exinterventor del Ayuntamiento de Torredembarra ha asegurado que la empresa Efial hacía una intervención externa que dificultaba su tarea. «Teníamos una intervención B», ha manifestado en la segunda jornada del juicio de la pieza separada 1 del caso Torredembarra, de presuntas irregularidades en el alquiler de dos locales por parte del equipo de gobierno liderado por Daniel Masagué. Además, ha expuesto que requirió al consistorio «ser más preciso» a la hora de justificar la singularidad de los locales y ha recordado que, por la información que vio, «los contratos de los alquileres se tendrían que haber licitado», en vez de adjudicarse por la vía directa. En la sesión también han comparecido el tesorero, el exjefe de la Policía Local y tasadores de los establecimientos.

El exinterventor ocupó sus funciones entre junio del 2010 y junio del 2011. Ha explicado que en el Ayuntamiento «había un ambiente poco pacífico». «Teníamos una intervención B hecha por Efial, de manera externa, que intentaba dificultar el ejercicio de control interno del interventor», ha señalado. Además, ha revelado que fue «intimidado» por Masagué a raíz de una crítica que hizo durante el proceso de contratación del jefe de la Policía Local, porque no veía bien que uno de los miembros del tribunal fuera un asesor del alcalde. «Me dijo que me pondría una querella criminal», ha concretado.

A nivel más técnico, ha expuesto que, por la información de los informes que vio, «los contratos de los alquileres se tendrían que haber licitado», en vez de adjudicarse directamente como hizo el equipo de gobierno. Y ha añadido: «la idoneidad del local -de Clarà para un uso social- no estaba clara al expediente». En este sentido ha indicado que el inmueble «no estaba en condiciones» de ser utilizado, puesto que había que hacer obras. «Si se tenía que hacer una reforma, ¿quién tenía que asumir la inversión? No sabíamos si correspondía en el Ayuntamiento, al propietario o a un tercero. Por eso hicimos una serie de preguntas porque se precisara esta cuestión», ha dicho. En este sentido, ha asegurado que alinearon « el comentario crítico del secretario municipal» con el suyo.

Tasadores

Entre los testigos que han pasado este miércoles por la sección cuarta hay el tasador del local que ocupa actualmente la Policía Local y el agente inmobiliario que hizo la valoración del local del barrio de Clarà.

El primero ha ofrecido versiones contradictorias sobre si cuando hizo la tasación sabía, o no, si aquel local se tenía que destinar a la Policía Local. En el caso del segundo ha explicado que hizo la valoración sin entrar al local, sino que dio un vistazo desde el exterior, y que recibió el encargo por vía telefónica. En esta sesión también estaba prevista la declaración del tasador del local de Clarà, pero a última hora los miembros del tribunal se han dado cuenta que murió en 2018.

Además, el exjefe de la Policía Local ha remarcado que la antigua comisaría que el cuerpo tenía en el 2011 tenía problemas estructurales y estaba situada al núcleo antiguo, por lo cual no era «adecuada». Por eso, desde el consistorio le pidieron que fuera a ver tres locales e hiciera un informe sobre su idoneidad. El responsable policial ha defendido que el que más se ajustaba era el de la carretera de la Riera de Gaià, que es el que se escogió finalmente -y el que se investiga-. Con todo, el informe lo envió el 17 de marzo del 2011 y el arrendamiento se firmó cuatro días después; un trámite del cual no fue informado hasta muy posteriormente.

Entre los declarantes ha habido el tesorero. Ha comentado que él se limitaba a pagar las facturas y no tenía información de los expedientes. Además, ha manifestado que el local de Clarà tenía una deuda de IBI, del cual se solicitó la anulación el octubre del 2010. Aun así, en marzo de 2011 se firmó el contrato de alquiler y tres meses después la deuda se anuló, puesto que desde la oficina del catastro de Tarragona se consideró que el valor catastral del inmueble era excesivo.

Finalmente, ha comparecido la que entonces fue jefe de contratación del consistorio, que durante unos meses fue apartada del cargo. Cuando después de una sentencia recuperó el lugar de trabajo, ha dicho que los expedientes de los dos locales no los gestionó ella, sino que por indicación de Masagué se los quedó la jefa de contratación que la sustituyó.

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