El secretario de Torredembarra alertó de «irregularidades» en la contratación de los alquileres

El secretario del Ayuntamiento de Torredembarra, Rafael Orihuel, ha afirmado que los contratos de alquiler de dos locales hechos sin concurso público no estaban justificados y que alertó de posibles irregularidades en el procedimiento.

El funcionario ha declarado este martes en la primera jornada del juicio de la primera pieza separada de la macrocausa contra el ex alcalde Daniel Masagué y otros cargos municipales, que se celebra en la Audiencia de Tarragona.

Además, ha señalado que en los expedientes para hacer la contratación, inicialmente, no constaba a qué uso se querían destinar los inmuebles.

El testigo ha dicho que no había ninguna necesidad de alquilar estos locales y que Masagué no respetó sus funciones institucionales.

«No se siguieron los protocolos», ha declarado el secretario en referencia a la contracción hecha para alquilar los locales de la calle de la Riera de Gaià y del Priorat, situados en el polígono industrial y al barrio de Clarà, respectivamente. Los hechos se remontan en el año 2011 y en esta pieza hay como encausados el ex alcalde de Torredembarra, Daniel Masagué y trece cargos municipales más, entre los cuales hay la jefa de contratación, Montserrat Córcoles, los concejales Francisca Felguera, José Oviedo, Pere Font, Santiago Ardèvol y Juan Pérez, así como otros funcionarios del consistorio. Concretamente, se trata de la pieza separada de los alquileres, que es la número 1 de un total de nuevo y la cuarta que se juzga.

Orihuel ha explicado que hizo dos informes el marzo del 2011 en los cuales denunciaba las posibles irregularidades que se estaban cometiendo en el procedimiento y advertía que estos contratos se tendrían que anular en el futuro. Así mismo, ha detallado que la jefa de contratación solo había hecho un informe genérico donde solo se destacaba la «singularidad» de los locales. El secretario ha especificado que, inicialmente, en los expedientes no figuraba el uso de estos inmuebles y que fue a posteriori cuando se les atribuyó un uso social. En concreto, para los castellers dels Nois de la Torre –local que nunca acabaron ocupando- y para la Policía Local. Orihuel también ha indicado que uno de los inmuebles tenía pendiente una deuda tributaria, por lo cual, no se podía contratar.

En su declaración, ha asegurado que el ex alcalde Masagué no respetó sus funciones y que le puso «trabas e impedimentos» porque no las pudiera ejercer libremente. «Presenté la queja a Antifraude, tenía miedo de represalias y pedí que se respetara mi identidad», ha añadido. En cuanto al informe externo de la empresa Efial, Orihuel ha sostenido que contradecía todo aquello que recogían sus informes. De hecho, en el caso de la contratación de esta empresa también ha considerado que no era necesaria, pero ha dicho que no hizo ningún informe en contra porque era una contratación menor. «Estaba dentro de los márgenes y en principio no tenía nada a decir», ha comentado.

El exalcalde Grangel insiste que denunció porque veía «irregularidades»

En la primera jornada del juicio, también ha declarado el ex concejal del PSC y ex alcalde Enric Grangel. El testigo ha recordado que presentó la denuncia -conjuntamente con la exregidora Montserrat Gasull (ERC), que murió por una enfermedad- a la Oficina de Antifraude de Catalunya. Asegura que lo hizo porque «veía irregularidades». También ha denunciado los impedimentos para celebrar un pleno extraordinario una vez hubo la resolución de Antifraude sobre la necesidad de convocar un concurso público para alquilar los locales.

El pleno, finalmente, se llevó a cabo el 17 de enero del 2013: «El resultado fue de nueve votos a favor y ocho en contra para que los contratos continuaran vigor», ha indicado. El ex alcalde ha añadido que empezaron a sospechar de las irregularidades cuando se explicó el uso que se quería dar a los locales. «Teníamos un crédito ICO para poder hacer un edificio para ubicar la Policía Local, me llamó la atención que teniendo un crédito se cogiera un local para alquilar», ha destacado.

Grangel también ha insistido en el informe hecho por Efial y ha asegurado que tendrían que tener más peso los informes hechos por el secretario y el interventor municipal que no los de una empresa externa. «El informe externo no es necesario cuando tienes gente que los puede elaborar en el Ayuntamiento», ha dicho. También ha lamentado que el encargo no se hiciera por concurso público. Aparte, de Grangel, también han declarado agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Delitos Económicos de la policía judicial del Tarragona. Todos ellos han confirmado que unos de los locales no cumplía con las condiciones de habitabilidad ni de higiene.

Habla Masagué

Masagué, ha asegurado durante la tarde que se siente «víctima» del secretario municipal, que ha asegurado que le tiene «animadversión». Masagué lo ha apuntado en declaraciones a los medios después de la primera jornada del juicio. Además, le ha acusado de excederse de sus funciones y de obviar que «los políticos tienen que hacer política». Con todo, ha reiterado su inocencia.

Masagué ha interpretado la declaración del secretario municipal por el hecho de estar enfurecido porque se le cambió el lugar de trabajo. «Desde entonces fue en contra de todo el que yo decía», ha indicado. «Sus funciones eran hacer de notario, pero no aceptaba este papel», ha remarcado. A la vez, ha lamentado haber tenido que esperar once años para que se celebrara la vista.

Su abogado, Pau Simarro, ha asegurado que en la sesión se ha podido ver una «animadversión evidente y enconada contra el entonces alcalde». Para el letrado, el secretario «se hacía a medida quién tenía que hacer los informes, pero esto no es así». En su opinión, desde la defensa de Masagué han conseguido acreditar ante el tribunal que el funcionario «no se ajustó a su régimen jurídico, sino que lo sobrepasó, y esto es contrario a derecho», ha sostenido Simarro. «El secretario hacía de contrapoder del alcalde», ha asegurado. Finalmente, ha defendido que una empresa externa como Efial hiciera informes para el ayuntamiento porque ayudaban a fundamentar las decisiones políticas.