El Govern de la Generalitat se ha reunido en las últimas semanas con los responsables de la empresa Hard Rock para informarles del cambio de fiscalidad que aprobará el Parlament a finales de este mes. En estas conversaciones, según el propio Govern, los promotores del macrocomplejo proyectado entre Salou y Vila-seca no han trasladado que vayan a retirar su inversión de la Costa Daurada.
En una entrevista en TV3, la consellera de Economia, Alícia Romero, ha afirmado que «ellos no han cambiado su posición. Ganaron un concurso, tienen una licencia y, de momento, no han dicho que no vayan a hacer este proyecto». En este sentido, ha asegurado que en estos momentos el Govern no se plantea pagar ninguna indemnización, pero que están analizando el informe jurídico encargado por el anterior ejecutivo. «Queremos un proyecto para Tarragona que genere puestos de trabajo y nos gustaría un proyecto ligado al turismo sostenible y responsable. Veremos finalmente qué es lo que pasa», ha dicho.
El informe en cuestión cifraba en hasta 50 millones las posibles indemnizaciones que podría pedir Hard Rock a la Generalitat si no tira adelante su proyecto. La duda para el actual ejecutivo recae en si la reversión de la fiscalidad puede ser motivo para que la empresa cancele su inversión y reclame responsabilidades.
«Nosotros cumpliremos los acuerdos de investidura tanto con los Comuns como con Esquerra», ha insistido la consellera, que restó importancia a la reversión de la rebaja fiscal del 55 al 10% concedida a los casinos hace una década para cuando llegara Hard Rock. «Todo el mundo puede entender que, si hay un casino allí, la fiscalidad sea igual que en el resto de casinos de Catalunya», ha expresado.
Aunque el Govern insiste en que el promotor mantiene sus planes, tras recibir la licencia de casino en 2018, y que sigue tramitando el Plan Director Urbanístico (PDU) para su llegada, los socios de investidura consideran que la eliminación de beneficios fiscales provocará el desistimiento del inversor.
Según el portavoz del grupo parlamentario de los Comuns, David Cid, el promotor se echará para atrás con estas nuevas condiciones. Ha afirmado, además, que el anterior Govern le había trasladado un estudio que determinaba que, con unos gravámenes por encima del 30%, los promotores desistirían de construir su complejo. «Convertir Catalunya en una Andorra del sur es un error. Es un escándalo que hace diez años se quisiera atraer un macrocasino con privilegios fiscales», ha criticado Cid.
Críticas de Junts y PP
Mientras, desde Junts y PP también han vuelto a cargar contra el Govern por incluir el proyecto turístico de la Costa Daurada dentro de las negociaciones con sus socios de investidura. «Tarragona no puede pagar las batallas ideológicas de un Govern secuestrado por sus socios más radicales», ha denunciado el portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Tarragona, Jordi Sendra.
Por su parte, el diputado popular en el Parlament, Pere Lluís Huguet, también ha criticado al president Illa al asegurar que «lo que ha hecho es cambiar votos por una inversión importantístima para Tarragona. Ha conseguido su investidura a costa de los tarraconenses» y ha adelantado que su formación reclamará responsabilidades al Govern si el proyecto acaba decayendo.
