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Dos mujeres que presuntamente falsificaban contratos de trabajo en Salou para regularizar la situación de ciudadanos extranjeros se sentarán en el banquillo de acusados de uno de los cuatro Juzgados de lo Penal de Tarragona. Aprovechaban que una de ellas trabajaba en una gestoría para captar los datos de clientes y poderlos utilizar en los documentos, sin que ellos supieran nada.
El fiscal acusa a las procesadas de tres delitos: uno continuado de falsedad en documento oficial, de favorecimiento de la inmigración ilegal y otro continuado de revelación de secretos. Se enfrentan a dos años de prisión y multa de 6.000 euros por el primer cargo, seis meses de prisión por el segundo y dos años y tres meses de cárcel y 4.200 euros por el tercero.
La Fiscalía sostiene que entre 2010 y 2013, una de las acusadas, de 42 años, trabajaba en una gestoría de Salou, “lo que le permitió tener acceso a datos personales y económicos de sus clientes, como declaraciones tributarias y documentos identificativos”. Dicha información fue facilitada a la otra procesada, de 55 años, quien en aquellas fechas tenía un despacho situado también en Salou.
Las acusadas, utilizando dichos datos y con la finalidad de obtener una contraprestación económica, presentaron varios expedientes ante la Subdelegación del Gobierno con el objeto de solicitar la autorización de residencia y trabajo por arraigo social de ciudadanos que se encontraban en España en situación irregular.
Simulaban contratos de trabajo en los que se utilizaban los datos personales y económicos de los clientes que la primera acusada y se manipulaba la forma del supuesto empleador.
En ninguno de los expedientes, el empleador era conocedor de la supuesta relación laboral, no llevándose a cabo ninguna de las actividades reflejadas en dichos contratos. Una vez transcurridos los plazos necesarios se procedía a la tramitación de la baja en la Seguridad Social.
El Ministerio Público asegura que se tramitaron 15 expedientes con la información que se obtuvo de la gestoría. Se sabe que en uno de los casos, el inmigrante pagó 5.350 euros.
Pero hay 15 expedientes más con otros datos. Para la tramitación de los mismos se elaboraron contratos de trabajo que fueron firmados por los empleadores y en los que se establecía una relación contractual por periodo de un año, con jornada laboral de 40 horas semanales. Por alguno de esos contratos se pagaron 4.000 euros.
