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La Asociación de Defensa Animal de Tarragona (ADAT), personada como acusación particular, pide 18 meses de cárcel para el policía local de Calafell que mató a tiros a un perro argumentado que iba a atacarle y temió por su vida.
ADAT también pide inhabilitación de cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con los animales y para la tenencia de animales.
Los hechos ocurrieron en enero de 2019. Una patrulla acudió a la calle Empuries a la llamada de un vecino que dijo tener miedo porque un perro Rottweiler iba suelto. No era la primera vez que la Policía Local había acudido a la zona por avisos en este sentido.
El animal residía en una casa ocupada. Cuando los policías acudieron a la zona, según declaró el agente, el perro le atacó con una «agresividad desmesurada» por lo que disparó en defensa propia ya que dijo temer por su vida.
El caso generó polémica. Había vecinos que defendieron al policía y otros cargaron contra él. El Ayuntamiento denunció las amenazas que recibía el agente y se organizaron manifestaciones de protesta.
Según ADAT, el animal no era agresivo y era habitual verlo por la calle, por lo que considera que hubo delito de maltrato animal. La Fiscalía, por su parte pide el sobreseimiento provisional de la causa por la vía penal, y la defensa la absolución y el archivo.
El juzgado de El Vendrell en el escrito de acto de procedimiento abreviado concluyó que los hechos eran penalmente relevantes. En el escrito destacó que el policía actuó llevado por el «miedo» a causa de «la agresividad desmesurada» del animal.
La defensa del policía pidió el archivo ya que la actuación del agente estaba «más que justificada» al haber una «evidente situación de peligro» para su integridad física y su vida y que disparó porque «no tuvo más remedio» para evitar «un mal mayor».
El animal abatido residía en una casa ocupada, pero cuando los agentes acudieron a la zona tras la muerte del animal nadie se presentó como el dueño. El perro no estaba censado ni tenía chip.
En su escrito, el juez admite, como alega la defensa, que no existía ningún protocolo en la policía local de Calafell sobre cómo intervenir ante perros peligrosos ni que recibieran formación específica, a pesar de lo cual los policías requirieron la presencia de una protectora, que llegó cuando el perro ya estaba muerto.
El agente tuvo que ser asistido en el servicio de urgencias y se le diagnosticó ansiedad y estuvo de baja laboral por la situación de «shock, agonía y estrés».
Para la defensa, llevar a juicio al policía por este caso supondría someterlo «de manera ilógica a la pena del banquillo de los acusados».
