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Un asesor de Vicsan dice que las posibles irregularidades del Ayuntamiento de Torredembarra no les «afectaban» para alquilar el local

Asegura que Vicente Sánchez no redactaba los contratos

| Actualizado a 28 junio 2022 18:04
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Un asesor del consejo de administración de Vicsan, empresa propietaria del local de la calle Garraf de Torredembarra, ha asegurado que el día de la firma del primer contrato de alquiler, el secretario municipal les entregó un informe que indicaba que se estarían cometiendo «irregularidades». Según el testimonio, sus abogados señalaron que se trataba de un «tema exclusivamente administrativo e interno del Ayuntamiento» que «no les afectaba». Pese a este «incidente», firmaron el arrendamiento. El asesor ha declarado en la cuarta jornada del juicio de la pieza separada 1 de la causa de los alquileres del caso Torredembarra. También ha afirmado que el encausado Vicente Sánchez no participaba en la redacción de contratos.

El testigo, que también era gerente de la empresa inmobiliaria del grupo Vicsan, ha asegurado que Sánchez se dedicaba a la expansión internacional de la compañía en 2011 y que no gestionaba nada del trabajo del día a día. El asesor también ha recalcado que se comunicaba únicamente vía correo electrónico con la jefa de contratación del consistorio, Montserrat Córcoles, quien también es una de las encausadas.

Él era el encargado de redactar el contrato de alquiler del local de la calle Garraf, donde actualmente está ubicada la comisaría de la Policía Local. «Acompañé a firmar al señor Sánchez para supervisar, fue una situación bastante sorprendente y compleja cuando el secretario nos dio el informe que decía que estaban cometiendo irregularidades», ha dicho.

Firmaron cuando comprobaron que podían hacerlo

El asesor ha especificado que formalizaron el contrato después de comprobar con sus abogados que lo podían hacer. «La abogada nos dijo que todo lo expuesto era un tema exclusivamente administrativo e interno del Ayuntamiento y que no nos afectaba», ha remarcado. También ha comentado que el ex alcalde Daniel Masagué les explicó que tenían una «guerra abierta con el secretario y grupos de la oposición que le bombardeaban los proyectos políticos».

Así mismo, el testigo ha defendido que el local de la calle Garraf tenía unas características que lo hacían único, puesto que era «muy difícil» encontrar una nave en el polígono industrial de Torredembarra con un subterráneo de grandes dimensiones y que tuviera un acceso exclusivo. Además, ha indicado que es «antieconómico» construir un subterráneo como el que tiene este local. En su declaración, también ha asegurado que desde el principio se especificó que el local se destinaría a las dependencias policiales, a pesar de que la cláusula del redactado del contrato solo detallaba que seria para almacenamiento.

También ha explicado que el Ayuntamiento podía adquirir el local pagando las cuotas de alquiler, sin tener que ejecutar una prima final ni pagar intereses. Con todo, en la modificación del contrato, dice, se amplió su duración, que pasó de cuatro a doce años, pero no el importe del alquiler. El testigo ha detallado que en 2012, la empresa se encontraba en una situación financiera complicada, previa al concurso de acreedores. «Queríamos sacarnos pasivos por la propia refinanciación, queríamos poder ganar tiempo», ha afirmado con relación a la dación en pago del local a una entidad bancaria, el cual se produjo en unas fechas próximas a la modificación del contrato de arrendamiento.

La interventora del consistorio declara que se tienen que justificar los usos

En la sesión de este martes, también ha declarado la actual interventora del Ayuntamiento de Torredembarra. La testigo ha sostenido que para adjudicar de forma directa un contrato es necesario que se justifiquen los «usos y hechos concretos», así como la «idoneidad» y la «singularidad». A su vez, la trabajadora ha recalcado que los informes de gobernación de la Generalitat –actualmente Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública– y del secretario municipal son preceptivos en la hora de adoptar los acuerdos –para firmar los contratos– por parte de la Junta de Gobierno Local.

También han pasado por la Audiencia de Tarragona otros testigos, como un agente inmobiliario y de la Guardia Civil, así como el responsable de la brigada municipal, que ha destacado que se contrató a personas del Servicio de Ocupación de Catalunya para hacer tareas de limpieza al local de la calle Garraf.

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