El Ayuntamiento de Vila-seca se compromete a defender a los vecinos de Vila-seca que viven en las viviendas de protección oficial (VPO) de InmoCaixa. Hace tiempo que los inquilinos de estos bloques, situados en el barrio Miramar, reclaman soluciones para poder seguir viviendo en sus pisos, que son de alquiler asequible. La entidad alega que el plazo de protección de estos pisos se ha acabado y ha decidido desprenderse de ellos, con lo que no renueva los contratos de arrendamiento y está poniéndolos a la venta.
Ahora, el Ayuntamiento ha aprobado una moción con la que se compromete a seguir dando apoyo a estos vecinos, ofreciéndoles asesoramiento y orientación jurídica, así como actuando de mediador entre los arrendatarios y la propiedad. «Estos pisos provienen de promociones de protección oficial, que están subvencionadas con fondos públicos, cuyo objetivo principal es facilitar el acceso a la vivienda de la clase trabajadora de nuestro municipio», expone el portavoz de Vila-seca en Comú, Mario Téllez, que fue quien llevó el asunto a la última sesión plenaria.
Eso, denuncia la formación, supone un agravante a la situación que están viviendo estos vecinos y a los problemas de vivienda que hay en el municipio. En este sentido, la moción, que se aprobó por unanimidad, también pedía actualizar el censo de pisos vacíos de Vila-seca y que, en futuras promociones de VPO, la duración de esta calificación sea la máxima permitida por la ley.
El compromiso incluye actualizar el censo de pisos vacíos que hay en el municipio
Tal y como han hecho los vecinos, desde Vila-seca en Comú denuncian que la propiedad mantiene pisos vacíos, que no se hace cargo de la conservación de sus edificios y que está aumentando el precio de los alquileres cobrando a los vecinos «gastos comunes no justificados».
Moción tumbada en Salou
Los problemas de los inquilinos de los pisos VPO de InmoCaixa se repiten desde hace tiempo en varias poblaciones de Catalunya y recientemente el Sindicat de Llogateres ha denunciado públicamente la situación, que afecta a más de 100 familias. El caso es idéntico en Salou. En este caso, el grupo municipal de ERC también presentó en el último pleno una moción en defensa de los vecinos de estas 80 viviendas, que se encuentran en Emprius. La petición incluía una reprobación a La Caixa como «arrendador abusivo» y pedía que el consistorio comprara todos o parte de estos pisos para mantenerlos en alquiler social.
Sin embargo, la moción no recibió el apoyo de ningún otro grupo y fue tumbada. Desde el equipo de gobierno, además, defendieron las gestiones realizadas hasta ahora con la propiedad y reclamaron que sea la Generalitat quien asuma la compra de estas viviendas.
