Condenado un guardia civil de La Ràpita por asuntos de droga

También consultaba para otro de los condenados la base de datos policial y además blanqueaba dinero

11 agosto 2019 15:30 | Actualizado a 12 agosto 2019 11:12
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Un cabo primero de la Guardia Civil. M.A.R.V. destinado en el cuartel de la Ràpita ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Tarragona a más de seis años de prisión por diversos delitos, entre ellos traficar con drogas. Así, se le han impuesto dos años y siete meses y medio de prisión y multa de 1.976 euros por un delito de revelación de secretos, un año y medio de cárcel y multa de 1.305 euros por tráfico de drogas, dos años de prisión y multa de 25.000 euros por blanqueo de capitales y finalmente tres meses de prisión y multa de 720 euros por falsedad en documento oficial.

Otro de los acusados, M.M. es un hombre que pedía al condenado que mirase datos de diversas personas en la base de datos policial. Por ello, ha sido sentenciado a medio año de prisión y el pago de una multa de 720 euros como inductor de un delito de revelación de secretos. Finalmente, un tercer acusado ha sido absuelto.

La sentencia declara probado que el 8 de junio de 2011, M. M. envió dos mensajes al otro condenado para que consultara el sistema Integrado Operativo de la Guardia Civil (SIGO). Tenía que comprobar los datos de un hombre. Y el agente así lo hizo tres días después. Manifestó al solicitante que dicho hombre no tenía «nada pendiente, peleas en 2003, es de Palafrugell, Gerona».

Asimismo, el 30 de junio realizó otra consulta sobre otro hombre y el 26 de septiembre, cuatro más. Para acceder y facilitar esta información, el acusado generaba un «hecho de interés» falso en la papeleta de servicio, lo que le daba cobertura para acceder a las bases de datos de la Guardia Civil. El acusado plasmó en la papeleta de servicio que (...) había sido identificado en el Port Marina de Sant Carles de la Ràpita, lugar donde desarrollaba sus funciones como cabo primero.

El agente obtenía con estas actividades incrementos extraordinarios en su patrimonio no justificados. El 22 de junio de 2011 se entregó al acusado un vehículo Audi A5, «sin que mediara ningún tipo de contraprestación económica a cambio».

El 20 de agosto se firmó el contrato de compraventa del vehículo Audi por 25.000 euros entre la empresa intermediaria. El agente emitió un certificado de cotejo de la fotocopia del DNI de la propietaria del vehículo sellado en Vinaròs el 15 de julio. En el listado figuraban los efectos incautados en el Audi A5, las intervenciones telefónicas así como la entrada y registro en los dos domicilios del agente.

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