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Desde el domingo todas las empresas que tengan más de 150 trabajadores están obligadas a tener implementado un plan de igualdad o, de lo contrario, podrían tener que pagar una multa de hasta 187.000 euros. Así lo recogió el Real Decreto Ley con medidas urgentes para la igualdad de hombres y mujeres que fue aprobado en marzo del pasado año. Si hasta ahora esta obligación solo era para las compañías de más de 250 empleados –algo que estableció en 2007 la primera ley de igualdad–, desde este 8 de marzo se amplía también a este grupo de pymes medianas, ya que el Gobierno estableció un periodo de gracia de un año para que lo pudieran ir desarrollando. Además, en marzo de 2021 también habrán de tener un plan de igualdad las que tengan entre 100 y 150 trabajadores, y un año después, ya en marzo de 2022, también las más pequeñas, las que cuenten con una plantilla a partir de 50 personas.
Sin embargo, la inmensa mayoría de empresas españolas no lo han hecho, puesto que solo 836 tienen implantado su plan de igualdad pese a que un total de 5.452 están obligadas desde mañana a ello, según los datos del Registro de Convenios del Ministerio de Trabajo facilitados a este periódico por CCOO.
Esto significa que solo un 15,3% de las compañías cumplen la ley, por lo que el 85% restante se enfrenta a una posible multa por parte de la Inspección de Trabajo, que tiene entre sus cometidos verificar ya no solo que las empresas lo hayan elaborado, sino que lo estén aplicando, según precisa el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Se considerará también una infracción grave el hecho de tener un plan incompleto, de que no se haya realizado un diagnóstico previo, así como la no aplicación de los términos del propio plan o el no haber sido negociado con los representantes de los trabajadores.
Efectivamente, tal y como recoge la ley, antes de que se elabore un plan de igualdad debe realizarse un diagnóstico de cómo está la empresa en una serie de materias, como son el acceso al empleo, la formación profesional, la conciliación, los salarios, la infrarrepresentación femenina, el acoso sexual, etc. Y esto debe ser negociado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Además, desde el sindicato de inspectores precisan que el plan de igualdad debe ser algo «vivo», por lo que si cambian las condiciones de la compañía, deberá actualizarse.
Fuerte incremento
Lo que sí es cierto es que gracias a este Real Decreto Ley ha habido importantes avances en esta materia, ya que en este último año se han implantado más de la mitad de todos los planes de igualdad que hay en la actualidad: 463 de las 746 empresas que los tienen y 26 de los 90 planes que forman parte del convenio colectivo, lo que significa que han aumentado un 50%. El aspecto negativo, según CCOO, es que el registro de convenios y acuerdos colectivos no permite consultar el texto, por lo que no se puede comprobar la efectividad de esos planes. Por ello, tanto desde CCOO como desde UGT demandan que por fin se publique el desarrollo reglamentario prometido.
