El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
Juegos
Hace un mes que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunciaba públicamente la intención del Gobierno de corregir algunos «elementos distorsionantes» en la regulación de las prejubilaciones, con el objetivo de frenarlas. La cifra es muy clara: el 41% de las jubilaciones de la última década han sido antes de los 65 años, la edad legal de la jubilación en España que alcanzará los 67 en 2027.
Aunque de momento se trata de una propuesta que el ministro ha hecho llegar al Congreso de los Diputados, los cambios que se producirían han empezado a preocupar a aquellos trabajadores que están cerca de su jubilación o tienen previsto hacerlo de forma anticipada.
El secretario general del sindicato UGT en la provincia de Tarragona, Joan Llort, ha confirmado al Diari que «hemos notado un aumento del interés de mucha gente por saber si se podrá jubilar anticipadamente, contactando con nosotros para informarse y asesorarse».
El proyecto que tiene entre manos el Ejecutivo de Pedro Sánchez pone el foco en los salarios más altos. Aunque la penalización legal por jubilarse antes de tiempo es de entre el 6,5% y el 8% por año de adelanto, como el porcentaje se aplica sobre la base reguladora (4.070 euros) y no sobre la pensión real, para los sueldos altos el castigo se queda en el 2% cuando para los más bajos sí supone el 8%.
¿Qué quiere hacer el Gobierno?
El ministro Escrivá ha propuesto la jubilación «atractiva» ante el aumento progresivo de la anticipada. El Gobierno ha constatado un aumento de las prejubilaciones, hasta el 16% del total en 2019, y una tendencia creciente entre los autónomos a cotizar lo mínimo ante sus dudas sobre la viabilidad. Con estas cifras, la intención del Ejecutivo es, una vez cerrados los acuerdos del Pacto de Toledo, legislar para incentivar mejor, es decir que se note más en la cuantía de la pensión final al que decida atrasar de forma voluntaria su salida al mercado.
El Gobierno reconoce que, actualmente, los incentivos económicos son «muy pobres» -entre el 2% y el 4% de incremento sobre la base reguladora por cada año trabajado de más- en comparación con los de otros países.
La idea es cambiar este modelo con nuevos incentivos que hagan más atractiva esta opción. Para ello primero se hará un estudio para evaluar la realidad del mercado de trabajo para los trabajadores en edades próximas a la jubilación, así como del funcionamiento de los actuales para diseñar después «un nuevo sistema de incentivos que respete los principios fundamentales del sistema de equidad y contribuidad», señaló Escrivá hace unas semanas.
Otra de las líneas que pretende abordar el Gobierno en la reforma de las pensiones pasa por sacar del sistema «gastos impropios», fomentar los planes de empleo colectivos y contar con un marco estable que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
Paro juvenil
Pero desde los sindicatos no ven con buen ojos esta reforma que quiere aplicar el Gobierno para frenar las jubilaciones anticipadas. Joan Llort destaca que «es importante plantearnos cómo podemos incorporar a la gente joven al mercado laboral. No hay que olvidar que hay un 45% de paro juvenil y a estos jóvenes hay que darles trabajo. Pero tenemos un problema porque una persona de más de 50 años es mayor para trabajar y no encuentra trabajo, pero en cambio es joven para jubilarse».
El secretario general de la UGT en la provincia de Tarragona tiene claro que «las pensiones, en contra de la moto que nos han querido vender, sí son sostenibles y no están en quiebra. El problema es que se están haciendo muchas cosas mal. Por ejemplo, pagar de las pensiones cosas como la tarifa plana de los autónomos o la orfandad y viudedad».
Llort también considera injusto que «haya gente que habiendo cotizado más de 40 años, porque empezó a trabajar muy joven, no pueda jubilarse porque no tiene los 65 años. Es injusto».
Los planes de pensiones
El Gobierno también estaría estudiando recortar las bonificaciones de los planes de pensiones individuales, de cara al borrador del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021. Este beneficio fiscal a estos planes supone un coste fiscal de 1.643 millones de euros.
Escrivá ha insistido en que los beneficios de los planes de pensiones individuales «no ayudan a aumentar el ahorro a medio plazo», cuando lo «útil» es conseguir que a las rentas bajas y medias que precisan de una pensión complementaria se les incentive a ahorrar. Escrivá se fija en el Reino Unido, donde «se pone el esfuerzo fiscal en privilegiar planes colectivos de empresa», frente a los individuales, algo que también podría beneficiar a los autónomos.
