El Gobierno quiere ajustar la retribución de las eléctricas para frenar los máximos de luz

Estas compañías se hunden en Bolsa ante el plan para eliminar la sobrerretribución de nucleares e hidráulicas coincidiendo con la nueva factura eléctrica

Clara Alba

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La central de Vandellòs II, fotografiada desde la Almadrava.  FOTO:ACN

La central de Vandellòs II, fotografiada desde la Almadrava. FOTO:ACN

El Gobierno da un paso decisivo hacia la intervención del mercado eléctrico para intentar abaratar el precio de la luz, coincidiendo con el mes de mayo más caro de la historia y con la llegada de la nueva y polémica factura eléctrica. El Consejo de Ministros de hoy martes tiene previsto aprobar un anteproyecto de ley para eliminar el exceso de retribución que las nucleares y las hidráulicas perciben por su generación en el mercado mayorista. Se trata de poner fin a los denominados beneficios caídos del cielo (windfall profit) que algunas empresas del sector perciben bajo el actual sistema de fijación de precios, que se basa en subastas diarias en las que el precio de la electricidad se establece según el último cruce en el mercado para cubrir la demanda.

El problema es que la producción más barata, como la hidráulica o la nuclear, entra primero en la subasta (pool) y, si no se cubre la demanda, otro tipo de energía más cara (como el gas y los derechos de emisión de CO2) entra para cubrir ese hueco. Así, nucleares e hidráulicas salen beneficiadas al cobrar ese sobreprecio final frente a su coste de producción. Según explicó el domingo la ministra de Economía, Nadia Calviño, el objetivo para el que trabaja el Gobierno es evitar que la subida del coste de las emisiones de CO2 (que ha pasado de 19 a 52 euros por tonelada en solo un año), se traduzca en un encarecimiento de la electricidad para el consumidor final, como ya ha ocurrido en los últimos meses.

El acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ya contemplaba medidas en esta dirección. Pero es ahora cuando el Ministerio de Transición Ecológica comandado por Teresa Ribera lo traslada al Consejo de Ministros para iniciar su tramitación. 

Al tratarse de un anteproyecto de ley, no es previsible que la norma entre en vigor en el corto plazo, por lo que los expertos anticipan que la tensión entre Gobierno y eléctricas, que verán mermados sus ingresos, se mantendrá en los próximos meses. Una perspectiva que ayer derivó en un duro correctivo en Bolsa a estas compañías, con caídas que se acercaron al 6% en Endesa y al 3% en Iberdrola al cierre de la sesión.

Aránzazu Bueno, analista de Bankinter, explica que «son malas noticias para el sector, ya que pone de manifiesto la incertidumbre regulatoria a la que está sujeto». Por su parte, los analistas de Banco Sabadell calculan un impacto de entre 800 y 1.000 millones de euros por la medida, lo que representaría casi el 5% del resultado bruto de explotación (Ebitda) del conjunto del sector. En concreto, y a falta de conocer los detalles de cómo se ejecutará esa minoración de la parte del CO2 en el precio final de la energía, señalan a Endesa como la más expuesta a nucleares e hidroeléctricas, suponiendo casi un 15% de su Ebitda en 2020, frente al 8% de Iberdrola, el 5% de Acciona o el 4% de Naturgy.

Objetivo: abaratar el recibo
Desde el Gobierno defienden que la medida abaratará el recibo de la luz, con una estimación de rebaja de al menos el 5%. Y todo en un momento en el que la brusca escalada de precios en el año ha culminado con un mayo para la historia. Tras el temporal Filomena y la ola de frío posterior, la factura de la luz ya se disparó casi un 18,5% en enero.

Y aunque bajó en febrero, abril y mayo han vuelto a ampliar el roto de los hogares. Según datos proporcionados ayer lunes por Facua-Consumidores en Acción, que solo tiene en cuenta viviendas habitadas, este ha sido el mes de mayo más caro de la historia con una subida interanual del 45,4% en el recibo. Calculan que el usuario medio recibirá una factura de 82,13 euros, casi 26 euros más que la de hace un año. Sería, además, el cuarto recibo más elevado, tras los 88,66 euros del primer trimestre de 2012, los 87,81 euros de enero de 2017 y los 83,55 euros de septiembre de 2018.

La iniciativa del ministerio dirigido por Teresa Ribera coincide también con la llegada de la nueva factura eléctrica, que exigirá un cambio de hábitos de los consumidores encareciendo los precios en los horarios de mayor consumo. 

La vicepresidenta Nadia Calviño insistía ayer en que la medida rebajará el precio de la luz avanzando hacia un sistema de discriminación por horas. «Es como cuando cogemos un billete de avión, que el precio varía según la demanda que hay en cada uno de los vuelos», defendió. 

Desde Facua, sin embargo, califican de «insultante» el mensaje, y critican que «no se puede hacer responsable al consumidor de que su factura de la luz es cara porque no ha planchado o puesto la lavadora en los horarios más económicos».

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