Josep Ginesta «Catalunya y España tienen un problema de dimensión empresarial»

Secretario general de Pimec, organización empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa de Catalunya

Rafael Servent

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Josep Ginesta, en la sede de Pimec en Tarragona. Foto: Pere Ferré

Josep Ginesta, en la sede de Pimec en Tarragona. Foto: Pere Ferré

Nombre:  Josep Ginesta
Cargo: Secretario general de Pimec

Laboral: Profesional y profesor universitario en la UPC y la OBS del ámbito de las relaciones laborales, seguridad social y gestión de personas en las organizaciones, Josep Ginesta fue secretario general de Treball de la Generalitat de Catalunya entre  2016 y 2020. Actualmente secretario general de Pimec, es Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad Ramon Llull y Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la UFV. Ha cursado un posgrado en Derecho Procesal en la URL y un Máster en Negociación e Influencia en la Universidad de California - Berkeley.

¿Cuáles son los principales retos que afrontan hoy las pymes?
El primer reto y más importante, que no lo dice solo Pimec, sino también la OIT (Organización Internacional del Trabajo), es el de la pervivencia. El impacto que ha tenido la crisis sanitaria en la actividad económica, con una celeridad, severidad y verticalidad solo vista en el Crack del 29, apenas tenía precedentes. Las pymes han salido especialmente afectadas de todo ello.

«El primer reto que tienen las pymes es su pervivencia»

¿En qué sentido? 
En una pérdida de tejido productivo y empresarial, especialmente en empresas con menos de 10 trabajadores. Un 99,8% de las empresas, un 70% del Valor Añadido Bruto (VAB) y un 67% de la ocupación son pymes. El objetivo ahora es mantener el máximo de empresas abiertas. Y, como le indicaba antes, esto no es algo que digamos nosotros desde Pimec, sino que también lo defiende la OIT, que dice que de esta crisis hemos de salir con el máximo número de empresas porque, si no, hay una correa de riqueza que se rompe, que es la ocupación.

¿Los ERTE han salvado el empleo? 
Sin ERTE ni ayudas públicas hubiésemos tenido un colapso terrible. Han funcionado para minimizar el impacto de esta crisis sanitaria, pero eso no significa que hayan tenido toda la celeridad ni potencia que han tenido en otros países. Las ayudas directas están llegando justo ahora porque ha habido un desconocimiento de cómo funciona el tejido empresarial.

¿A qué se refiere? 
A que no hay conocimiento [desde las Administraciones Públicas] para interpretar qué significa la cadena de valor. Cuando al Camp de Tarragona no llegan turistas en verano, también hay una farmacia, o un taxista, que pierden actividad. Esto costó muchísimo de que se entendiese, y tuvimos que hacer mucha pedagogía. Por eso decimos que sí que es cierto que estas ayudas han minimizado el impacto de la crisis, pero somos críticos, porque han tardado en llegar. La última muestra la tenemos en los fondos Next Generation EU.

«Sin ERTE ni ayudas públicas hubiésemos tenido un colapso terrible»

¿Qué sucede con ellos? 
Hay momentos en los que sentimos una gran frustración al ver cómo se han ido demorando, y nuestra percepción es que no hay mecanismos ágiles.

¿Hasta qué punto amenazan a las pymes cuestiones como la crisis de la cadena de suministros o el precio de la energía? 
En la pervivencia de las pymes intervienen dos variables severas. La primera, tal y como indica, es el encarecimiento de los costes de aprovisionamiento, con la resaca de la pandemia y cuellos de botella, pero también por decisiones geopolíticas que acaban pervirtiendo las reglas del mercado y países que deciden acumular determinados componentes. Interviene también aquí el encarecimiento de costes del transporte, donde un contenedor de 20 pies pasa de 3.000 dólares a 18.000 dólares, y que es algo que ha venido para quedarse.

¿Se están pudiendo asumir esos costes? 
En el caso de la pyme, este encarecimiento súbito de los costes es más grave, porque tienen una menor capacidad de revertirlos en el precio del producto. Hasta el punto de que algunas empresas han detenido su actividad, porque de lo contrario pierden dinero. Le diría que la inmensa mayoría de pymes no pueden revertir los costes en la misma proporción que han tenido de encarecimiento. Por no hablar de quienes están sujetos a contratos públicos. Hay que encarar cómo flexibilizar los contratos públicos para hacer posible revertir este incremento de costes en el precio de la licitación, y aquí tendremos que exigir corresponsabilidad a la Administración Pública.

Queda la cuestión del precio de la energía... 
Cierto. El incremento en el coste de la energía es otra variable que también impacta, y que de nuevo es menor en la mediana y gran empresa. Pero añadiría una variable más, no menor: nos encontramos con un incremento del IPC extraordinario, que nos está produciendo un incremento de costes laborales. 

«Los salarios han de estar indexados a la productividad y el crecimiento del PIB, no solo al IPC»

¿Se refiere a las revisiones salariales ligadas al IPC? 
En efecto. Pese a que tenemos muchos convenios colectivos con la negociación congelada, hay otros muchos indexados al IPC, que si tomásemos como referencia la inflación subyacente serían de la mitad. Estamos teniendo demandas legítimas de ajustar los salarios al incremento del IPC y, lógicamente, si tenemos trabajadores a los que les cuesta llegar a fin de mes, difícilmente el empresario puede mirarle a los ojos y decirle que no le ajustará el salario.

Una situación delicada. 
No nos podemos permitir ser un país de trabajadores pobres, pero los salarios han de estar indexados a la productividad, al crecimiento del PIB y a la eficiencia, y no solo al IPC. Todos tenemos que progresar.

¿Se avecina una mortalidad de empresas? 
Si en las decisiones estructurales que se han de tomar no se tiene en cuenta que no hay que legislar y regular en las pymes como en las grandes empresas, evidentemente podemos tener una alta mortalidad. Si no se utilizan los cambios estructurales pensando en este tejido del 99,8%, obviamente tendremos una alta mortalidad empresarial. Porque, si bien es cierto que está creciendo la ocupación, se recupera en la gran empresa. En la pequeña, baja. Legislemos pensando en pequeño. No para tener privilegios, sino para aplicar un principio de equidad y para poder crecer.

«Ha habido desconocimiento desde las administraciones públicas sobre cómo funciona el tejido empresarial»

Acaba de señalar una de las respuestas que a menudo se les da a las pymes: ‘Sean más grandes’. ¿Hay un problema de dimensión? 
Tenemos un problema de dimensión, sí. Pero es que solo puedes crecer cuando las normas son proporcionales. Ha de haber progresividad en las normas, porque a menudo quienes las redactan  piensan que todas las empresas tienen 1.500 trabajadores o que pueden pagar indemnizaciones como las que ha pagado Nissan. ¿Crecer? Claro que sí. Catalunya y España tienen un problema de dimensión empresarial.

¿Hasta qué punto? 
En Catalunya hay 7,6 trabajadores por empresa. Eso está por debajo de la media europea, que es de 10 trabajadores por empresa. Y eso tiene una causa, que nuestro presidente, Antoni Cañete, suele ejemplificar así: «Las normas de El Corte Inglés son las mismas que las del colmado de la esquina». Y hay muchos elementos en los que este principio no se aplica. Hay una relación directa entre dimensión y sostenibilidad, y se puede observar cómo las pymes más grandes son más resilientes. Hay una vocación de crecer, pero debe haber una regulación que lo favorezca.

¿A qué se refiere? 
A que en Catalunya, por ejemplo, hay una competencia perfecta, en paridad, entre Pimec y Foment del Treball [organización empresarial adscrita a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)]. Lo mismo sucede en Europa con SMEunited [asociación europea que agrupa organizaciones de pequeñas y medianas empresas], donde con Pimec somos vicepresidentes, y BusinessEurope, la patronal de las grandes empresas en Europa, que actúan también con un criterio de competencia perfecta. Pero a nivel de España, eso no sucede.  

¿Por qué? 
Está la CEOE, en representación de la grandes empresas, y después Cepyme, que es una confederación de la CEOE.

Y que representa a pymes. ¿No es cierto? 
No conocemos que haya habido ninguna reunión en la que Cepyme haya dicho en ella algo distinto de la CEOE. Y, cuando en la negociación de la reforma laboral solo está la CEOE y traen una patronal como Cepyme, que dirá lo que dice la CEOE, pienso que tiene que haber un espacio donde las pymes digan lo suyo. Cuando la ministra [de Trabajo, Yolanda Díaz] habla de limitar la temporalidad, algo que por ejemplo tendrá un gran impacto en el Camp de Tarragona, no piensa en la pyme, porque limitar esto, está pensado para las grandes empresas.

¿Por qué motivo? 
Porque cuando le haces un pedido a un empresario de una pyme que no tiene suficientes trabajadores y ve que tendrá que contratar fijos para poder cumplir, te responde «depende de si puedo asumirlo».

¿Una realidad que, en su opinión, no se tiene en cuenta? 
Se hace una propuesta de temporalidad sin poner a la vez la variable de la flexibilidad. La temporalidad aquí es un problema social, es cierto, pero sucede que en otros lugares como los Países Bajos no lo es, pese a tener mucha temporalidad, porque los derechos de los trabajadores fijos y temporales son equiparables. Esto hay que resolverlo.

«Hay que trasladar la transición democrática también a la representación empresarial»

¿La respuesta pasa porque Pimec tenga representatividad a escala estatal? 
Pimec forma parte de Conpymes, que ya ha hecho el primer paso para pedir la representatividad a nivel estatal. Una petición que no ha sido favorable, argumentando que no se ha desarrollado reglamentariamente todavía la manera que permite hacer el cálculo para otorgar esa representatividad [en la mesa de diálogo social].

En su presentación pública, Conpymes asegura representar a cerca de 2,2 millones de pymes y autónomos. 
Y, de alguna manera, le han respondido: «No te puedo reconocer porque no tengo el cálculo de qué representatividad has de tener. Sé cuántos tenéis que ser, pero no sé cómo contaros». La pregunta que surge es: si esto es así, ¿cómo lo hicieron para reconocer a la CEOE? Se ha interpuesto un recurso y tendrá su curso jurídico y administrativo, pero ahora se abre un debate político sobre la necesidad de que las pymes y los autónomos cuenten con representación empresarial. Hay que trasladar la Transición Democrática también a la representación empresarial.

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