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Un estudio elaborado en febrero de 2016 por la consultoría empresarial Leialta llegaba a la conclusión de que el 81% de las empresas españolas no cumplía con la ley.
Mayoritariamente (un 70%) por el desconocimiento que tenían de la propia legislación, al no saber que tenían que cumplirla, pero también porque, aunque conociéndola, esgrimían diferentes motivos que les dificultaban su cumplimiento.
Por ejemplo, el no saber dónde acudir para encontrar perfiles profesionales de personas con discapacidad, falta de acceso a bases de datos especializadas, o cribas curriculares donde no hay personas con discapacidad.
Otras empresas no cumplen la ley por incompatibilidad de la discapacidad con el puesto de trabajo. Es decir, aquellas empresas que no encuentran perfiles de personas con discapacidad acordes a las necesidades del puesto de trabajo.
En la encuesta también se revelaba que muchas empresas desconocían aquellas acciones que tenían que realizar para integrar a la persona con discapacidad a su puesto de trabajo.
Por último, otras creen que estos trabajadores faltan más al trabajo porque se ponen más veces enfermos, por lo que requieren de trabajadores adicionales para sustituirles, o también creen que las personas discapacitadas trabajan más despacio.
