La ONU ha pedido al Gobierno que adopte «todas las medidas necesarias» en relación con las llamadas «leyes de la concordia» impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana al considerar que pueden obstaculizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y dar pie a teorías negacionistas.
El pronunciamiento de la ONU se recoge en una comunicación conjunta de los relatores especiales sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el argentino Fabian Salvioli, y las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, el chileno Morris Tidball-Binz, así como del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que encabeza Aua Baldé, de Guinea Bissau.
Según el organismo internacional, las medidas del Gobierno han de estar encaminadas a preservar la memoria colectiva ante las «graves violaciones de los derechos humanos» y, en particular, a evitar que surjan tesis revisionistas, al entender que las tres leyes obstaculizarían el derecho a conocer la verdad.
En el informe, redactado a instancias del Gobierno español, remarca que todos los poderes del Estado y entidades públicas «deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos», y que no hacerlo compromete la responsabilidad de España.
Ante el requerimiento de Naciones Unidas, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha emplazado al Gobierno de Aragón a una negociación bilateral previa a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, con el fin de que corrija su normativa.
Torres ha advertido de que actuará del mismo modo con los de la Comunidad Valenciana y Castilla y León si siguen adelante con las reformas legislativas que tienen en tramitación al entender que también pretenden «blanquear la dictadura» de Franco, al no condenarlo ni hacer referencia a las víctimas del bando republicano.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), ha criticado el informe de la ONU por sus «errores de bulto» y «bulos» al alegar que en este territorio no se ha aprobado una ley de concordia, sino un plan «en el que todo el mundo se vea reflejado».
Para Azcón, lo que dice el escrito es «lisa y llanamente mentira» y ha lamentado que la ONU se haya dejado influir por la información que le ha trasladado el Gobierno central.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha compartido la queja de Azcón de que los relatores no hayan pedido opinión a los ejecutivos autonómicos.
Más crítico ha sido su vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox, quien se ha preguntado: «¿Quiénes son estos señores?».
«¿Con quién guardan afinidad?, ¿qué saben de la legislación española?, ¿qué saben del contenido real de estas leyes? Porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento», ha censurado García-Gallardo.El síndic en Les Corts Valencianes, José María Llanos, de Vox, ha exhortado a la ONU a «dedicarse a lo suyo», que es «salvar vidas y evitar los conflictos en el mundo». «Desde 1948 pocas ha salvado y pocos conflictos ha evitado», ha agregado.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que lo «mejor es leer los textos y no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado».
«Y tercero, decir muy claramente que para el PP los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica», ha incidido Núñez Feijóo.
El PSOE ha exigido al líder popular que aclare si está «con las víctimas o con las leyes de la vergüenza» tras acusar a este partido y a Vox de «arrastrar la imagen internacional de España por el fango».
Para el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el que la ONU zanje que «las leyes de blanqueamiento de la dictadura son indignas de una democracia como España» supone una «vergüenza» para PP y Vox.
En la misma línea se ha pronunciado la titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, para quien las normas cuestionadas «no buscan la concordia, sino justo lo contrario».
Las asociaciones en defensa de la memoria histórica han celebrado la postura de la ONU y se han sumado al llamamiento al Gobierno para que se haga justicia.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha asegurado que las iniciativas de las tres comunidades autónomas son «un intento por blanquear el franquismo y ensalzar la dictadura, lo que supone una agresión para las víctimas», según su presidente, Emilio Silva.
