El alcalde de Creixell, Jordi Llopart, ha recibido en los últimos días una doble satisfacción judicial. La primera hace referencia a una supuesta deuda municipal de casi 250.000 euros que la concesionaria de la guardería en sus inicios, Privilege Class 1909, le reclamaba por una serie de impagos acumulados entre 2012 y 2016. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estimó el recurso municipal y anuló la decisión del Contencioso-Administrativo de Tarragona que obligaba al consistorio a pagar esta cantidad a la concesionaria.
Ambas sentencias son firmes, ya que no se han recurrido, y ponen fin a una batalla judicial en la que la parte más perjudicada ha sido el cierre de la Llar d’Infants Estel de Mar de forma temporal. La actividad educativa en la guardería se ha reactivado de la mano de la Escola Camp Joliu, que ha reabierto puertasde edificio. La concesión del proyecto educativo está fijado hasta 2030.
La investigación de Mossos
El 14 de septiembre de 2016, Mossos irrumpía en el Ayuntamiento de Creixell y recopilaba información ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de El Vendrell.
Aquellas diligencias previas se incoaron por una petición del Ministerio Fiscal a raíz de una denuncia presentada por el PP de Creixell en las que se sospechaba que la concesión de la guardería, en 2012, tenía irregularidades y se podía estar cometiendo un delito de prevaricación.
El Área de Investigación Criminal (AIC) de Mossos, con sede en la comisaría de Campclar, asumía la responsabilidad de recabar información que acreditara o que desestimara las acusaciones hacia estas 9 personas implicadas directamente en la concesión de la guardería municipal.
Aquel 14 de septiembre el registro en el Ayuntamiento se complementó con la entrega a los investigados de una citación en la comisaría de Mossos para declarar. Ninguno de los acusados de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos hablaron ante los agentes por recomendación de sus abogados y esperaron a que los citara el juez para dar su versión de los hechos.
La investigación finalizó y el auto del juez, tras analizar las pruebas, consideró que debía acordar el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones. Ni el Ministerio Fiscal ni el PP presentaron recurso a la decisión del juez de El Vendrell, por lo que las acusaciones sobre un posible caso de corrupción en la concesión de la guardería a la empresa Privilege Class 1909 carece de fundamento y se ha archivado.
El apunte
El PP de Creixell en 2014 envió a la Oficina Antifrau de la Generalitat, al Síndic de Greuges y a la Fiscalía un documento en el que ponía en sobre aviso que la concesión de la Llar d’Infants Estel de Mar a la empresa Privilege Class 1909 podría incumplir algunos preceptos legales.
Por una parte se puso en duda que la puntuación obtenida por esta sociedad fuera la mejor oferta de las presentadas en el concurso. Y por otra, se dudaba que la prórroga de 5 años activada a la empresa, cuando en los dos primeros ejercicios tuvo pérdidas, fuera una decisión legal. La Fiscalía entendió que debía incoar denuncia y así empezaron las diligencias previas, que ahora se han archivado.
