El Gobierno se encuentra inmerso en la elaboración de los Presupuestos Generales para este año. Si no llegaran a aprobarse en el Parlamento los nuevos Presupuestos, el Gobierno funcionará con las cuentas de 2023 prorrogadas, como ya hizo en 2019 y 2020. En realidad, el Presupuesto es como un transatlántico al que es difícil cambiar el rumbo de repente porque lo mantiene aunque solo sea por inercia. Causas excepcionales, como la pandemia del coronavirus, obligan a tomar medidas extraordinarias y los fondos europeos ‘Next Generation’ han permitido dar un impulso a la inversión que de otro modo hubiera sido imposible.
El Plan Presupuestario del Gobierno contempla alcanzar los 694.268 millones de gasto público este año, el 45% del PIB, un 8% más que lo presupuestado para 2023, aunque inferior en ocho décimas en porcentaje del PIB. Pero el último ejercicio certificado por la Intervención General del Estado y que permite analizar el detalle de la ejecución presupuestaria es 2022. Se superaron los 637.500 millones de euros y solo con el gasto comprometido en pensiones y en remuneración de los cerca de tres millones de empleados públicos se decide casi el 70% del total.
En el reparto por partidas, las prestaciones sociales (donde el 80% son pensiones) se llevaron el 45,6% del gasto total; la remuneración de asalariados, el 24,3%; los consumos intermedios (como las camas para un hospital, los pupitres o pantallas para los colegios, las mesas y papel en los ministerios, etc) absorbieron el 12,4% del gasto; para la inversión quedó el 6% y un 11,7% para el cajón de sastre de ‘resto’.
España muestra un peso relativamente elevado, desde una perspectiva europea, en partidas como las prestaciones sociales y los pagos de la deuda, pero un peso relativamente menor en educación e inversión pública. Un gasto público con menor peso en inversión y educación suele estar asociado con menos crecimiento potencial de la economía y con una menor capacidad para reducir la desigualdad, según el Banco de España.
«Nunca hay mucho margen» para decidir dónde gastar, señala María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, «salvo que se introduzcan cambios estructurales». El porcentaje del gasto sobre el que hay capacidad de decidir puede estar entre el 10 y el 20% del total. Hay gastos que no se pueden tocar: el primero, el pago de los intereses de la deuda pública o los subsidios y prestaciones por desempleo, pero también las pensiones que por ley deben revalorizarse con el IPC cada año. Eso garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas y supone que se lleva cada vez más parte del gasto. Cuatro de cada diez euros del gasto se destina a las pensiones y otros elementos de protección social.
