La causa contra Iqoxe avanza en el juzgado

04 abril 2024 19:02 | Actualizado a 05 abril 2024 07:00
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Hace apenas unos días la Fiscalía pidió reabrir la instrucción de la pieza contra Iqoxe por supuestos delitos medioambientales para aclarar algunos puntos de la investigación. Sin embargo, la jueza había dado por concluida la instrucción al tener indicios de que se produjeron irregularidades en el vertido al mar de sustancias contaminantes, utilizar desespumante para enmascarar esos vertidos y falsificar las analíticas.

Por ello, deja la causa en manos de la Audiencia para que juzgue a cinco directivos y a la propia empresa. Es una de las tres piezas que se siguen contra Iqoxe a raíz de la explosión que en enero de 2020 acabó con la vida de tres personas: dos trabajadores y un hombre que se hallaba en su domicilio, en el barrio de Torreforta, donde fue alcanzado por una gran pieza de metal despedida por la fuerza de la deflagración.

La convivencia con el mayor polo petroquímico del sur de Europa nos obliga a exigir la máxima rigurosidad y excelencia en todos los procesos

La Justicia dirimirá las responsabilidades que sean oportunas por este caso, un accidente que supuso un antes y un después en la relación de los habitantes de Tarragona con la industria química. Sí, aquellas muertes pusieron de manifiesto que Tarragona –y varios municipios cercanos– convive con un vecino que, si bien genera mucho empleo de calidad y riqueza, representa un cierto riesgo con el que hay que acostumbrarse a convivir.

Es cierto que desde aquel fatídico día se han tomado algunas medidas para mejorar la seguridad y que la propia industria tiene esta cuestión entre sus primeras prioridades. No obstante, hemos de ser conscientes de que el riesgo cero no existe y de que la convivencia con el principal polo petroquímico del sur de Europa nos obliga a no bajar la guardia, a exigir la máxima rigurosidad y excelencia en todos los procesos de forma que el nivel de seguridad sea el más alto posible –incluso yendo más allá de lo que establece la ley–.

Asimismo, es una necesidad hacer de la transparencia un principio rector del comportamiento de las empresas y las administraciones para que la información llegue a la población de forma rápida, concisa y veraz.

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